Libros de Derecho procesal. Procedimiento penal, página 9 de 71

¿Puedo hablar con mi cliente antes de que la Policía le tome declaración? ¿Debo decir algo si mi cliente no se parece a los otros que forman la rueda de reconocimiento? ¿Puedo proponer nuevas pruebas al comienzo de las sesiones de juicio oral? ¿Que puedo hacer si se deniega el procesamiento de un imputado? ¿Debo recomendar a mi cliente que preste declaracion como imputado cuando las diligencias aun estan secretas? ¿Que pasa si mi cliente reconoce su culpabilidad ante el Juez de Instruccion? ¿Que puedo decir al Tribunal si no ha venido un testigo fundamental para mi acusacion? ¿Es necesario que haga constar protesta cuando me deniegan un medio de prueba? ¿Puedo pedir la condena del acusado basandome solo en la declaracion de la victima? ¿Que plazo tengo para presentar un escrito de acusacion?Este manual ayudara al abogado a tener un completo dominio de las actuaciones que se realizan ante el Juez de Instruccion y, posteriormente, ante el Tribunal sentenciador. Por tal motivo, se incluye al inicio de cada Capitulo un esquema que contiene la informacion esencial para saber como se va a desarrollar cada actuacion procesal.El objetivo es proporcionar pautas para conocer cuando y como se puede recurrir una decision judicial; como desarrollar un informe oral de una forma clara, bien armada juridicamente y, ademas, breve (el tribunal se lo agradecera); como y que pruebas debe solicitar y el modo en que estas deben practicarse; como rebatir la prueba de contrario, etc.

Defenderse de la cárcel, 7ª edición.

La constante reforma penal de la última década (que se enmarca en políticas criminales populistas inspiradas, en parte, en el denominado modelo de la seguridad), ha dejado como resultado global respecto de las consecuencias juridicas del delito, un incremento notable de la pena de prision respecto de otras alternativas, un aumento de la cantidad de pena con la que se amenaza en multiples supuestos, e importantes modificaciones en el cumplimiento de la pena de prision que producen como consecuencia una mayor aflictividad real de esta sancion. Algunos aspectos de estas reformas ponen seriamente en cuestion las exigencias de proporcionalidad, humanidad y orientacion de la pena de prision a la reinsercion social. Pero el legislador penal no se ha conformado con que el mayor rigor punitivo se aplique (en algunos supuestos) con posterioridad a la comision de los hechos y, en parecido sentido, ha obrado alguna jurisprudencia. Por ello, en el Alcance de la prohibicion de retroactividad en el ambito de cumplimiento de la pena de prision se analiza, entre otras cuestiones, el fundamento de la prohibicion de retroactividad y se intenta delimitar el alcance de tal prohibicion en los preceptos que regulan la ejecucion de la pena de prision, concretando este analisis en la Disposicion Transitoria Unica de la LO7/2003, de 30 de junio, en la aplicacion retroactiva del periodo de seguridad efectuado por algunas Audiencias y, finalmente, en la Sentencia de Tribunal Supremo (197/2006, de 28 de febrero) que modifica, de forma desfavorable para el condenado, el criterio relacionado con el computo de la redencion de penas por el trabajo que, de forma unanime, se habia aplicado hasta ese momento.Soledad Barber Burusco es profesora titular de Derecho penal de la Universidad Publica de Navarra. Sus principales temas de investigacion se han centrado en el estudio de los actos preparatorios (conspiracion, proposicion y provocacion para cometer determinados delitos); en el analisis de algunos delitos destinados a proteger a los ciudadanos extranjeros de conductas discriminatorias; y en el analisis del funcionamiento de la Justicia de menores.

Un libro como el presente debe, si quiere servir al pròpósito inicial del autor, ser permanentemente actualizado y recoger las distinta modificaciones legislativas que se vayan produciendo en relació

La presente obra subraya la importancia de la Psicología en las Ciencias jurídicas, singularmente en el Derecho procesal. Sin embargo, se encuentra infrautilizada y permite ineficiencias muy significativas, por ejemplo en la institucion del Jurado, sea para el proceso de seleccion representativa de sus miembros legos, base de su autentica legitimacion politica, sea en como componerlo, en la eleccion del mecanismo de deliberacion o en el nivel de instruccion juridica a recibir. Sobre estos y otros temas se plantean las opciones mas eficaces, en el orden de mejorar un sistema muy relevante en el ambito de la participacion ciudadana en la Administracion de Justicia.

Texto completo y actualizado a diciembre de 2012 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se incluyen las últimas modificaciones experimentadas por la propia Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre y el Real Decreto 1398/1995, de 4 de agosto, por el que se regula el sorteo para la formacion de las listas de candidatos a jurados que ha sido modificada por el Real Decreto 1271/2012, de 31 de agosto.

Vocación profesional decidida y sólida y dedicación intensa al ejercicio de la profesión son dos valores socialmente muy bien ponderados, cuya combinación tiene mucho que ver con un fenómeno clave de la organización social de nuestros días, al que hemos dado en llamar «superespecialización». Sin entrar a juzgar el acierto o la mala fe de aquella sentencia según la cual el especialista es quien sabe más tonterías de lo suyo y menos cosas esenciales de todo lo demás, quienes por fuerza o de grado practicamos cierta heterodoxia en esta materia del saber y en algunas otras no podemos evitar algún escepticismo frente a determinadas consecuencias aplicativas de ésa que, no obstante, parece ser una de las reglas de oro del éxito social. En efecto, ya sea por el interés de administrar con ciertas cautelas el impulso vocacional, ya sea por su falta de intensidad suficiente como para regir toda una vida; o, al contrario, porque la pasión por el ejercicio profesional nos deja pequeño el terreno de juego cotidiano y mecánico de nuestro trabajo, no es difícil, pese a los dictados de la competitividad, terminar creyendo más bien poco en la autosuficiencia del esfuerzo propio o «de los tuyos», y sospecharse uno muy dependiente de la interrelación con otros «especialistas» igualmente dispuestos a abrir sus mentes, compartir terreno y repartir resultados, aun a costa de perder ?valga el símil atlético? en velocidad lo que se gana en fondo. Esta actitud, que conscientemente acabo de calificar de heterodoxa, encuentra distintos grados de acogida o de resistencia en función del ámbito de actividad de que se trate. En concreto, el mundo del Derecho, como sabe cualquiera que transite profesionalmente por él, ha sido y es terreno frecuentemente hostil a la permeabilidad interdisciplinar, y aún más cuando de lo que se trata es de conciliar y encajar lo teórico y lo práctico, el saber y su aplicación al mundo real...

La presente obra analiza una de las posiciones en las que puede encontrarse el sujeto sometido al proceso penal y que constituye el punto de partida para el despliegue del haz de derechos y garantías que corresponden a ese sujeto convertido en parte. Una condicion, la de imputado, explotada en los ultimos tiempos por los medios de comunicacion y cuya vistosidad contrasta con el caracter secreto que nuestra actual legislacion exige para la fase de instruccion.En la obra se describen, en primer lugar, las razones que provocaron el nacimiento de esta institucion en nuestro proceso penal, a saber: la traslacion a la fase de instruccion de los principios de contradiccion e igualdad y la aparicion de nuevos procesos en los que no existia imputacion formal. Se realiza, en segundo lugar, un analisis del modo en que la imputacion aparece regulada en los distintos procedimientos, destacando la distincion entre la previa imputacion judicial (art. 118 LECrim) y la imputacion formal especifica de cada procedimiento (arts. 384, 779.1.4º, 798.2.1 LECrim). Se realiza, en fin, una construccion general de la categoria procesal del imputado, estableciendo los presupuestos necesarios para atribuir tal condicion y los efectos vinculados a la misma (en esencia, el derecho de defensa); se enfatiza en la exigencia de que dicha condicion dependa siempre de un acto judicial -y no de la mera atribucion de responsabilidad efectuada por otro sujeto en denuncia o en querella, en su declaracion como testigo o como imputado-; se diferencia la posicion de imputado de la de otros posibles estadios previos a la misma (sospechoso o investigado por la Policia o el Fiscal) y se apuntan los limites que esta posicion preprocesal encuentra.La obra constituye un referente imprescindible en el proceso penal. Desde el punto de vista cientifico, se sientan las bases para la delimitacion de esta categoria juridica con otras que pueden darse en el proceso penal (sospechoso, acusado, testigo); desde el punto de vista practico y del profesional, se contiene en ella el analisis de las diferentes interpretaciones jurisprudenciales y la adecuacion o no de las mismas en atencion a la actual regulacion.

Una novedosa, creativa e interesante obra que pretende poner de manifiesto el obsoleto concepto de orden público que después de más de treinta años de democracia sigue considerándolo el Texto punitivo como orden publico como ya sucediera en los Textos penales anteriores, y ofrecer como solucion un concepto mas constitucional y democratico sustentado en la propia definicion que del Estado de Bienestar ofrece el propio articulo 1.1 de la Constitucion Española como Estado social, democratico y de derecho, de aqui que se proponga una modificacion de la rubrica del Titulo XXII del Codigo penal, en el sentido de nominarla "delitos contra el orden publico y social". Ademas, esta obra lleva a cabo un profundo analisis del delito de atentado y de las nociones de autoridad y funcionario publico que ofrece el Codigo penal, para proponer entre otras cuestiones, que se integren dentro del concepto de autoridad que ofrece el articulo 24.1 de referido Texto penal a todos los profesionales que colaboran para la Administracion de Justicia, especialmente los abogados, pues su profesion, en el marco penal entre mas, se desarrolla en un ambiente de hostilidad generado por el delito, el delincuente y su entorno social.

Cuestiones metodológicas previas: ubicación del problema y modelo de imputación objetiva elegido. La configuración temporal de la sociedad. La imputación del "segundo resultado". Elementos de la propia construccion: La teoria de los sistemas sociales autopoieticos, el subsistema del derecho y la dogmatica juridica. La dimension temporal de la imputacion Objetiva. Concrecion de la teoria propuesta.

Índice: Introducción. Instauración y ocaso en el derecho español de la doctrina jurisprudencial de la prueba ilícita. Las excepciones a la prueba refleja en la jurisprudencia. Excepciones a la prueba directa en la jurisprudencia española. El influjo norteamericano. Diferencias en los sistemas judiciales de ee.uu y españa. Influencia Americana y aplicacion progresiva en españa. Diferentes criterios de la prueba penal prohibida en el tribunal supremo de españa. Conclusiones de la investigacion. Bibliografia. Abreviaturas....

El recurso de casación, por su carácter extraordinario e importante componente técnico, es con frecuencia considerado como uno de los trámites procesales penales de mayor dificultad, esencialmente para los letrados litigantes. Y es cierto que, en la practica diaria de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se analizan recursos que adolecen de graves defectos de formalizacion que, no obstante, suelen ser subsanados por la propia Sala cuando ello resulte posible, a partir de la interpretacion antiformalista en relacion con el ejercicio del derecho al Recurso y de la vigencia del derecho a la tutela judicial en nuestro vigente texto constitucional. En esta obra se pretende dotar al profesional del Derecho, en forma sencilla y absolutamente practica, de los conocimientos y herramientas intelectuales necesarios para conocer y aplicar la correcta "tecnica casacional", a la vez que puede servir en todo momento de obra de consulta rapida, precisa y enriquecedora para despejar cualquier duda que suscite el planteamiento o la tramitacion de un recurso de casacion penal. Se añade asi a la bibliografia relativa a esta materia un nuevo trabajo que, por su contenido actualizado, minucioso y sistematico, pretende convertirse en obra de referencia doctrinal e imprescindible para el quehacer practico del penalista.

Los Códigos Básicos editados por El Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a las exigencias de rigor que los profesionales jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un compendio de la

¡El tribunal del jurado no es un jurado popular! (Y, "SALIO" El volumen cuarto). Relación de ponentes respecto de las sentencias y autos objeto de las ponencias. Relación de ponentes respecto de las materias y preceptos de la ley del jurado objeto de las ponencias.....

Cuando se habla de los accidentes de trabajo en la jurisdicción penal la primera reflexión de los penalistas se centra, como no podía ser de otra forma, en la indagación sobre la concurrencia de los requisitos para la aplicacion de los tipos penales indicados para las conductas responsables. Sin embargo, en nuestro proceso penal se ha optado, historicamente, por el peculiar sistema de ejercicio conjunto de la accion civil y la accion penal. Dada la importancia que ello supone para el resarcimiento de las victimas y perjudicados, en el presente estudio se abordan los requisitos para el ejercicio y la renuncia a dicha accion, asi como los sujetos responsables (incluidas las aseguradoras), siempre con referencia a los procesos penales derivados de accidentes de trabajo.En un momento en que la reciente Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdiccion Social, establece claramente la competencia de esta jurisdiccion para el conocimiento de las reclamaciones civiles derivadas de accidentes de trabajo, y acaba con la pugna que mantenia con la jurisdiccion civil, los autores del trabajo se inclinan decididamente por seguir la doctrina de la Sala IV en cuanto a la compatibilidad limitada de las distintas prestaciones, la de la Seguridad Social y la de responsabilidad civil adicional.Asimismo, se inclinan por la aplicacion analogica del conocido como baremo de trafico (RDLeg. 8/2004, de 29 de noviembre), para la cuantificacion de las indemnizaciones, haciendo especial hincapie en las distintas partidas que contemplan las tablas del citado baremo, y razonando sobre cuales de ellas y en que cuantia resultan compensables con las prestaciones de la Seguridad Social.Por ultimo, se aborda tambien el complejo problema que se suscita en aquellos supuestos en que por fallecimiento de la victima durante la tramitacion del procedimiento, se produce la sucesion de la misma, y como afecta esta a la legitimacion de los herederos y a la cuantia de las indemnizaciones.

La nueva edición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras Normas Procesales, ha sido preparada por Julio Muerza Esparza, Catedrático de Derecho Procesal. Además de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882, actualizada a la fecha de cierre, se incluyen aquellas normas que han supuesto importantes modificaciones en el sistema procesal español, en particular, la Ley Organica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado; la Ley Organica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del Menor; la Ley Organica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccion Integral contra la Violencia de Genero; la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Juridica Gratuita, y su Reglamento; la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayuda a las Victimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual; la Ley Organica 4/2000, de 11 de enero, que regula los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integracion social; la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detencion y entrega; la Ley 18/2011, de 3 de julio, de uso de las tecnologias de la informacion y la comunicacion en la Administracion de Justicia y el Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, que regula los depositos y consignaciones judiciales en metalico, de efectos o valores. La edicion se completa con una relacion de Circulares e Instrucciones de la Fiscalia General del Estado y Acuerdos del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con una incidencia directa en las anteriores normas.La obra se estructura de la siguiente manera:I.Constitucion Española.II.Ley de Enjuiciamiento Criminal.III.Ley Organica del Tribunal del Jurado.IV.Legislacion organica.V.Normas complementarias.-Proceso de menores.-Habeas Corpus.-Violencia de genero.-Seguridad ciudadana.-Proteccion a Testigos y Peritos.-Ayuda y asistencia a las victimas de delitos.-Senadores y Diputados.-Extradicion Pasiva.-Orden Europea de detencion y entrega.-Legislacion Penitenciaria.-Asistencia juridica gratuita.-Derecho de Gracia.-Derechos y Libertades de Extranjeros.-Tecnologias de la informacion y comunicacion.-Depositos judiciales y piezas de conviccion.VI.Circulares e instrucciones de la Fiscalia General del Estado.VII. Acuerdos del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.Se completa esta edicion con un sistema de indices de las disposiciones citadas a lo largo de la obra que permitira la facil localizacion de cualquier norma o concepto juridico de interes relacionado con la materia.

Contiene este volumen la Ley de Enjuiciamiento Criminal (1882),actualizada conforme a las sucesivas leyes de reforma y complementada,entre otras, por las siguientes disposiciones legales:–Ley Orgánic

Las empresas tienen claros incentivos para evitar la comisión de delitos en su contra, sean estos perpetrados por personas ajenas a su estructura o por sus propios trabajadores y representantes. Salvo intervencion del sistema juridico, sin embargo, tienen menos razones para prevenir los ilicitos que contra terceros puedan cometerse desde su estructura, especialmente aquellos que les pueden reportar beneficios, sea en forma de ahorro (delitos contra el medio ambiente, los derechos de los trabajadores o la hacienda publica) o de ganancias ilicitas (apropiaciones indebidas, ilicitos contra la competencia o delitos contra la administracion publica). Debido a esta asimetria de incentivos, existe un importante interes social en que las empresas establezcan medidas que disminuyan el riesgo de que se cometan delitos desde sus estructuras y con sus medios.El establecimiento juridico de deberes de cumplimiento normativo es usualmente conocido por su denominacion en lengua inglesa, compliance. Este fenomeno y su impacto en el area del Derecho penal, especialmente en el Derecho penal economico y de la empresa, son objeto de analisis desde una perspectiva comparada en las doce contribuciones contenidas en este libro.Organizadas de forma dual, con un articulo de un penalista aleman y otro de un autor hispanoparlante por cada tema, las contribuciones abarcan desde los fundamentos del compliance penal hasta su decisivo impacto sobre la vexata quaestio de la responsabilidad penal de las personas juridicas, pasando por su influencia en cuestiones como los deberes de vigilancia y de garantia en el ambito de la empresa, especialmente por parte de los encargados de cumplimiento y la influencia de las medidas de prevencion sobre los derechos de los trabajadores, con especial atencion a las investigaciones internas y los sistemas de denuncia en el seno de la empresa (whistleblowing). Se ofrece, asi, un completo analisis de las principales cuestiones surgidas en torno a una materia novedosa que, sin embargo y como se muestra en este libro, puede ser abordada con rigor y de forma fructifera con los instrumentos conceptuales desarrollados por la teoria penal contemporanea.

Derecho

La LEC 1/2000 realizó una regulación nueva y compleja de la prueba pericial que, en la práctica de sus primeros quince años de vigencia, ha originado infinidad de problemas de todo tipo. Y ello es especialmente critico por cuanto esta prueba es fundamental para la justa resolucion del proceso en aquellos casos en los que el juez precisa de conocimientos cientificos, tecnicos o especializados. La LEC, en vez de configurar la pericia como un mecanismo de auxilio por parte del juez, la haprivatizadoy dejado en manos de las partes, por lo que se reduce al maximo el protagonismo del juez. Todo ello justifica que los profesionales del derecho -preocupados por esta realidad normativa- asi como los peritos -principales afectados por dicha regulacion- esten pendientes de todas las obras referentes a la prueba pericial. Y aqui van a encontrar un excelente libro que no solo aborda criticamente los muchos problemas de la prueba pericial sino que formula soluciones eficaces para afrontarlos, con la participacion de brillantes profesionales del derecho (magistrados, catedraticos y profesores titulares de universidad, y abogados de reconocido prestigio) y tecnico-periciales (medicos, arquitectos, ingenieros, psicologos, entre otros).