Libros de Derecho procesal, página 14 de 135

Esta edición, íntegramente actualizada a septiembre de 2012, incluye la nueva ley reguladora de la jurisdicción social que derogó a la de Procedimiento Laboral con las modificaciones introducidas por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Contiene, ademas, los articulos de la Ley Organica del Poder Judicial relacionados con los tribunales sociales, asi como un completo indice analitico.

Esta guía, que nace del entusiasmo e ilusión de los autores por lo mediación, como sistemo alternativo y pacífico de resolución de conflictos, está destinada a resolver cuantas dudas y cuestiones surgen de este nuevo reto que para los abogados y todos aquellos profesionales que desarrollan su labor en lo Administracion de Justicia, supone la implantacion de la mediacion. Mediante un sencillo y practico esquema de preguntas y respuestas se pretende recoger las cuestiones principales sobre mediacion y mediadores, como se realiza, caracteristicas del proceso, rol del mediador y herramientas y tecnicos que se utilizan pora llevarla a buen termino. Se trata de acercar el conocimiento de la mediacion en un momento en el que se hace mas necesario debido a Ia entrada en vigor de la Ley de Mediacion en asuntos civiles y mercantiles 5/2012 de seis de julio.

Al publicarse en Octubre de 2011 la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se decía, en su exposición de motivos, que el procedimiento laboral se caracterizaba por su agilidad, flexibilidad y capacidad de adaptacion . Y para su aplicacion se necesitan, por tanto, la realizacion de manuales que se rijan por la posibilidad de que sean un facil camino para la practica procesal en el ambito laboral. Por ello, estos Cuadernos responden a los interrogantes que los profesionales del Derecho del Trabajo, en su rama del proceso, los puedan requerir para la practica y el uso forense del procedimiento. A pesar de la farragosa y profunda que sea la tecnica procesal, para su adaptacion se ha procedido a sistematizarla de una manera pedagogica para su ejercicio, de forma que a la exposicion teorica le siga un minimo de formularios que la acompañe.

Código comentado, con concordancias y jurisprudencia

La novedad que ha supuesto atribuir la jurisprudencia arbitral a los Tribunales Superiores de Justicia, es examinada en el segundo volumen que ahora se ofrece correspondiente a toda la jurisprudencia arbitral emanada detodos los Tribunales Superiores de Justicia de España en el año 2012. Se publica de este modo el segundo volumen de la coleccion una vez publicado el primer volumen correspondiente ala jurisprudencia arbitral de los Tribunales Superiores de Justicia relativa al año 2011.

ABOGADOS, PROCURADORES Y USUARIOS DE LA JUSTICIA NECESITAN ESTE LIBRO. Un manual que guí por los entresijos de las tasas judiciales para poder ofrecer al justiciable el mejor servicio evitando cos

El procedimiento administrativo ha sido, con frecuencia, un aspecto relativamente olvidado en los estudios de Derecho Administrativo. Los estudiosos han preferido orientar la mirada a la jurisdicción como elemento central y a veces unico de control de la actividad publica. Es cierto que una justicia administrativa independiente es un imprescindible instrumento de control y una garantia definitiva de los ciudadanos. Pero no es menos verdad que esa justicia opera a posteriori, a instancia de parte y, por tanto, supone un control selectivo, no generalizado. En su orilla quedan varados miles de asuntos que jamas llegan a los tribunales.Hay, pues, que volver la mirada a lo que sucede antes, al procedimiento que es tambien garantia, a veces incluso la unica garantia de quienes por diversas razones no pueden acceder a los tribunales.Asi como la accion de la Administracion es para muchos la unica garantia de la real vivencia de los derechos sociales enfaticamente proclamados a nivel constitucional, asi tambien el buen hacer de esa Administracion, su buen funcionamiento, se configura no pocas veces como la unica proteccion real de los ciudadanos frente a la accion administrativa hasta el punto de que se habla hoy con normalidad del derecho a la buena administracion, como afirma, por ejemplo, la Carta de Derechos Fundamentales de la Union Europea de 7 de diciembre de 2000 que en su articulo 41 proclama, en efecto, el derecho a una buena administracion."

En este trabajo se trata de valorar si el proceso, como uno de los instrumentos esenciales y constitucionales exigibles para la defensa y consecución de los derechos subjetivos y la cumplimentación en canones adecuados del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (al suponer la concurrencia de garantias de certeza, previsibilidad o seguridad juridica, y trazar una senda de actuacion irrebasable para la Administracion de Justicia)....

En junio de 2003 una denuncia anónima puso en marcha unas Diligencias de investigación en la Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña. Duraron 4 años (el máximo legal son 12 meses; ver art. 5 Ley 50/1981). En 2007 la querella de esa Fiscalia, contra algunos dirigentes de la Fundacion Privada Intervida, dio lugar a una instruccion que duro 5 años y que acabo en un auto de sobreseimiento. Nunca hubo ni delitos ni delincuentes. No se "desvio" cantidad alguna. En la instruccion se acordo como medida cautelar la suspension en sus cargos de los siete patronos de Intervida, aunque solo uno de ellos fue querellado e imputado. Acabada la instruccion por sobreseimiento, ninguno de los siete patronos ha sido repuesto todavia en su cargo. Por el contrario, la Generalidad de Cataluña ha asumido el gobierno no provisional de Intervida. Explicar el Caso Intervida, en lenguaje llano, es el objetivo de este libro. Un Caso en el que, despues de diez años de emplear mutilmente tiempo y recursos, se ha puesto en cuestion la seguridad juridica y la tutela judicial en el Reino de España. Es dudoso que hoy un extranjero pueda decir: "Aun hay jueces en... España" (es gibt noch Richter in Berlin), como le dijo en 1750 el molinero Arnaldo al rey de Prusia Federico II.

En este libro se estudian las dos prerrogativas o garantías parlamentarias, denominadas"inviolabilidad"e"inmunidad", desde la perspectiva doctrinal y jurisprudencial, examinando las principales resoluciones dimanantes tanto del TEDH como del TC, pero atendiendo sustancialmente a la jurisprudencia del TS. Se afrontan los contornos procesales del suplicatorio, procesamiento y enjuiciamiento de los diputados y senadores, aforados ante la Sala Segunda de dicho Alto Tribunal. Tales prerrogativas se consideran excepciones constitucionalmente admitidas al regimen de proteccion de los derechos de los ciudadanos, que nacen historicamente como consecuencia de la defensa de la institucion parlamentaria respecto de los ataques que pretendan alterar la composicion y funcionamiento de las Camaras. Hoy, sin embargo, se han convertido en un privilegio muy discutible, y si bien la inviolabilidad esta reconocida en la mayoria de las constituciones del mundo, no lo ha sido asi la inmunidad, y aun menos, desde luego, el aforamiento.Desde la perspectiva del procedimiento, se abordan en este libro las cuestiones mas problematicas, como el momento procesal oportuno para interesar el suplicatorio, la actual posibilidad de personarse en la causa, aun antes de la peticion del indicado suplicatorio, examinandose los contornos de la tramitacion del suplicatorio ante las respectivas Camaras Legislativas, asi como su motivacion, la problematica derivada de la inexistencia de una"doble instancia", la perdida del fuero y la polemica acerca de la"perpetuatio iurisditionis".Se incluye un amplio apartado, muy practico, sobre la tramitacion de causas contra aforados, en donde se da cuenta de numerosas resoluciones de la Sala Segunda del TS, tanto en la admision como en el rechazo de las denuncias o querellas, los indicios racionales de criminalidad como causa de asuncion de competencia, la conexidad procesal entre aforados y no aforados, la instruccion preliminar y las pruebas que pueden proponerse durante la tramitacion del sumario, el secreto de actuaciones, la clase de procedimiento aplicable o el controvertido aspectodel Jurado en su enjuiciamiento. Y desde luego, cuestiones clave, como la recusacion de la Sala de Admision por las decisiones en materia de instruccion, y la novisima Sala de Recursos instaurada desde enero del año 2012, bajo la tesis del desdoblamiento de cometidos.Se concluye el estudio con las perspectivas propuestas en el Anteproyecto de reforma de la LECrim., tanto del fenecido -correspondiente a la anterior legislatura-, como las lineas por donde discurre el recientemente presentado por el grupo de expertos ante el Ministerio de Justicia, que constituye una materia basica ante la inminente reforma del enjuiciamiento penal español.

Obra editada bajo el patrocinio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, en el marco de la convocatoria de ayudas a la publicación de trabajos fin de máster (año 2011), en la que obtuvo el Premio de investigacion de la Facultad de Derecho. Esta investigacion se ha propuesto el examen del significado del procedimiento arbitral en el presente, partiendo de sus antecedentes historicos mas significativos. El Capitulo I perfila la evolucion historica de la institucion arbitral, con especial atencion a su desarrollo evolutivo en la experiencia juridica española. El Capitulo II ha tenido por objeto ofrecer una panoramica compendiada de la Ley de Arbitraje 60/2003. Para ello se han analizado los principios y caracteres basicos de dicha norma, con la referencia a algunas decisiones jurisprudenciales resultantes de su aplicacion. Estas consideraciones han permitido un planteamiento mas clarificador del analisis de los textos reformados, que constituye el objeto del Capitulo III. En dicho Capitulo III se ha abordado el comentario de los aspectos nucleares de la Reforma producida en estas ultimas fechas por la Ley Organica 5/201 1 y la Ley 1 1/2011. Por ultimo, se exponen las Conclusiones inferidas de la elaboracion de este estudio, que se completan con la relacion del aparato critico-bibliografico que ha servido de soporte al desarrollo de la investigacion.

En la Colección «Comentarios a la Legislación Social» de la Editorial Comares, que lleva ya casi dos décadas impulsando los estudios en materia de Derecho Social y del Trabajo, encuentra el profesion

El clamoroso éxito obtenido por el"Curso de probática judicial"(2009), edición totalmente agotada, ha llevado a LA LEY (Grupo Wolters Kluwer) a publicar, no una segunda edición, sino a encargar al autor una ampliacion de sus profundos conocimientos sobre dicha disciplina entendida en el sentido de"como probar algo en el proceso". Fruto de dicho encargo ha sido este"Curso superior de probatica judicial", que supera ampliamente el contenido de aquella.En esta nueva obra vuelven a recogerse, de un modo sistematico y metodico, aunque mucho mas extenso, ideas y herramientas que igual sirven para ser impartidas en un curso academico, como asi ya se esta haciendo en algunos centros, como para servir de guia a jueces, fiscales, abogados, detectives, peritos y policia cientifica.

Sin duda alguna, el cómputo de los plazos administrativos es un tema de necesario conocimiento para cualquier profesional del Derecho. El abogado administrativista, el funcionario o empleado público que tramita o resuelve un expediente administrativo, el juez o magistrado contencioso-administrativo que conoce de un recurso contra la Administracion publica precisan aplicar las normas reguladoras de los terminos y plazos administrativos, esto es, ¿como se computa un plazo establecido por dias o un plazo establecido en meses?, ¿cuando empieza a correr el plazo maximo que tiene la Administracion para tramitar y resolver un determinado procedimiento administrativo?, ¿cual es el dia final para interponer un recurso administrativo?, ¿que consecuencias juridicas tiene el vencimiento de los plazos para la Administracion y para el administrado? La presenta obra sistematiza y ordena la regulacion administrativa sobre esta materia, clasifica la jurisprudencia mas reciente y consolidada, esquematiza el contenido esencial de los preceptos legales y, por ultimo, facilita al lector unos modelos de formularios habituales.

Desde que una Sentencia del Constitucional en 1994 provocó la “rebelión de los jueces” del Supremo, pidiendo la intervención del Rey, se han sucedido los desencuentros y los encontronazos de ambos, a

La literatura jurídica ha prestado escaso interés por el estudio de la jurisdicción voluntaria, hasta el punto de ser considerada la cenicienta del proceso civil. La desorientación doctrinal sobre su naturaleza jurídica, en gran parte motivada por una regulación legal vetusta e incompleta y carente de técnica y de sistemática, se pone de relieve al tratar de delimitar el concepto de jurisdicción voluntaria. En la presente monografía se ensaya la construcción de un concepto de jurisdicción voluntaria que se adapte adecuadamente a la legislación y a las necesidades del ordenamiento procesal del siglo XXI, aprovechando para ello las fuentes legales disponibles, así como los materiales doctrinales y jurisprudenciales de referencia. La modernización que precisa la vigente regulación de la jurisdicción voluntaria pasa necesariamente por una simplificación y racionalización sistemática y de contenido, así como por una actualización terminológica. Sin embargo, sólo será posible concretar un régimen jurídico coherente con la realidad jurídica y social actual cuando se hayan establecido unos fundamentos procesales modernos y sólidos de esta institución. Sólo entonces se podrá legislar un procedimiento ordinario de jurisdicción voluntaria en el que tenga cabida cualquier tipo de eventualidad en esta materia. El objetivo último de la presente monografía es acabar con el laberinto procesal en que se encuentra la regulación de la jurisdicción voluntaria, aportando las bases dogmáticas para la construcción de una teoría procesal general que sustente la anunciada ley de la jurisdicción voluntaria.

La presente publicación recoge, actualizadas a 15 de marzo de 2012, las principales normas procesales de nuestro ordenamiento jurídico. En total contiene las siguientes disposiciones:•Ley Orgánica 6/