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La Jurisdicción Voluntaria no está encomendada solamente a los órganos titulares de la jurisdicción (los Tribunales), sino a otros funcionarios públicos: Notarios, Registradores, Cónsules y otros encargados de Registros publicos. Asi pues, hay dos tipos de actos o negocios de Jurisdiccion Voluntaria: los encomendados a los Jueces, y los encomendados a organos no judiciales. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 se refiere a los primeros, al decir que se consideran actos de Jurisdiccion Voluntaria, todos aquellos en que sea necesaria la intervencion del Juez, sin estar empeñada, ni promoverse cuestion alguna entre partes conocidas y determinadas (art. 1.811 LEC). Complemento de esta definicion seria la disposicion del art. 1817, segun el cual si a la solicitud promovida se hiciera oposicion por alguno que tuviera interes en el asunto, se hara contencioso el expediente, sin alterar la situacion que tuviere al tiempo de ser incoado, los interesados y lo que fuera objeto de el, y se sujetara a los tramites establecidos para el juicio que corresponda segun la cuantia. En la moderna doctrina procesal, ni la existencia de conflicto de intereses ni la de controversia o contradiccion se considera nota esencial del proceso, ni su ausencia, la nota diferencial de la jurisdiccion voluntaria. En esta, existen actos en que la oposicion esta implicita y en el proceso, existira normalmente una contienda entre partes, pero a veces el interes es unico o la contradiccion no se da, como en los casos de allanamiento , rebeldia y suele ocurrir en la ejecucion procesal. De ahi la busqueda por la doctrina de otro caracter diferenciador. Por influencia de la doctrina italiana que señalo como nota diferencial la naturaleza constitutiva del acto de jurisdiccion voluntaria, casi se llego en nuestra doctrina a una opinion comun, la de que la jurisdiccion voluntaria ser&

La presente obra sobre el interrogatorio de testigos es el segundo de los títulos de la Colección de Formación Continua Facultad de Derecho ESADE , Serie "Estudios prácticos sobre los medios de prueba", que tiene por objeto analizar cuestiones controvertidas sobre los distintos medios probatorios civiles en la practica de los Juzgados y Tribunales. Desde la Facultad de Derecho de ESADE se pretende impulsar un estudio fundamental practico sobre los medios de prueba en el proceso civil, dirigido a todos los operadores juridicos, con la finalidad de fomentar y actualizar la reflexion sobre los retos probatorios que plantea la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. Tras un estudio inicial de caracter teorico, se abordan hasta un total de veintisiete cuestiones controvertidas que suscita la practica de este medio de prueba ante los Juzgados y Tribunales. Cada una de las respuestas consta de un comentario juridico y, cuando ha sido posible, un indice sistematico de jurisprudencia sobre la cuestion planteada, asi como un extracto de las sentencias mas relevantes, transcurridos ya siete años desde la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

1ª Edición del año 2008 de la Administración De Justicia.

La cooperación judicial es de indiscutible actualidad, a partir de la instauración de hitos claves en el panorama de la Unión Europea, tales como la firma del Tratado de Maastricht e incorporación del Tercer Pilar relativo a la cooperacion en asuntos de justicia e interior (CAJI), la instauracion del principio de reconocimiento mutuo a partir del Consejo Europeo de Tampere y la creacion de un "espacio de libertad, seguridad y justicia" por parte del Tratado por el que se establece una Constitucion para Europa, aun pendiente de entrar en vigor. Por ello, la presente obra resulta idonea para el publico interesado en el area procesal comunitaria, pudiendose encontrar sus posibles destinatarios tanto en el ambito academico como judicial (docentes, investigadores, jueces, magistrados, abogados, funcionarios, estudiantes, etc.). Esta monografia reune en un unico volumen ambos aspectos de la cooperacion judicial europea, civil y penal, con inclusion de los instrumentos juridico-procesales mas relevantes y actualmente en vigor en nuestro pais. Añade ademas tres capitulos previos, el primero de ellos de caracter historico tratando el origen y evolucion de dicha cooperacion judicial en el ambito de la Union Europea; el segundo de caracter conceptual en referencia a la fundamentacion de dicha cooperacion judicial y del principio de reconocimiento mutuo; el tercero de caracter organico en exposicion de las redes judiciales constituidas para promover tal cooperacion judicial entre los Estados Miembros, a fin de poner en practica los instrumentos procesales a continuacion abordados. Sera presentada en cada caso la legislacion, jurisprudencia y bibliografia de referencia en cada uno de los temas, de procedencia nacional o extranjera. En el CD encartado, se incluyen los correspondientes textos legislativos de naturaleza estatal o europea, segun el caso, que dan lugar a tales instrumentos, complementando

Se cumplen ya, 10 años desde la aparición de la “La Prueba Ilícita Penal”. En ese tiempo la obra casi ha duplicado su contenido, con la presente cuenta con 4 ediciones y sigue empeñada en un esfuerzo

En este tercer volumen el autor trata de forma exhaustiva todos los procesos especiales, bien sean "típicos", es decir, previstos en la LEC o "atípicos", los conocidos como procesos ordinarios con especialidades procesales. Se distingue, por tanto, de las tesis doctrinales existentes, en las que la inmensa mayoría de autores se inclinan por tratar los siete procesos especiales, calificados por la LEC como tales, pretendiendo ignorar que, todavía en nuestro ordenamiento procesal, coexisten nada menos que treinta y cuatro procesos especiales y sumarios. El lector encontrará no solo el derecho legislado, sino también su interpretación judicial, efectuada por la jurisprudencia donde adquiere singular relevancia la impropiamente denominada "jurisprudencia menor" de las Audiencias Provinciales, y ello debido a que la inmensa mayoría de sentencias recaidas en procesos especiales y sumarios no tienen acceso a casación.

Estudio de Ley 60/2003 de 23 de diciembre, con los principales aspectos prácticos de sus disposiciones, a la luz de la experiencia que cada uno de sus autores tiene en ese campo. Para ello, se realiza un analisis individual de cada uno de los articulos que componen la citada Ley, desde sus disposiciones generales hasta el exequatur de laudos extranjeros.

Con motivo de la celebración del veinticinco aniversario de la promulgación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se ha publicado esta magnífica obra que pretende ser una aproximación a los origenes del Ministerio Fiscal. Despues de la presentacion, prologos del Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Ministro de Justicia; la intervencion de su Majestad el Rey y la del Fiscal general del Estado, se inicia el texto con un articulo sobre los Fiscales del Antiguo Regimen (siglos XIII-XVIII). Continua con una vision de su evolucion hasta la concepcion actual como organo constitucional, incorporando al texto algunos fragmentos de las Memorias que el Fiscal General del Estado presenta al Gobierno (desde 1883 a 2006) y que constituyen una buena muestra de la situacion y los problemas de la sociedad española en el campo de la justicia. Tras otro articulo sobre el Ministerio Fiscal a partir de la Constitucion de 1978, y una galeria de retratos de los Fiscales Generales de la etapa constitucional, se analiza la historia del Palacio del Marques de Fontalba y su entorno en el Paseo de la Castellana, sede de la Fiscalia General del Estado. Para finalizar, un exquisito recorrido grafico por el Palacio y una seleccion de algunos objetos artisticos del mismo.

Derecho procesal práctico con esquemas, escritos y resoluciones judiciales. Este manual de procuradores, recoge una innovadora concepción del Derecho Procesal, eminentemente práctico, que es explicado graficamente con la ayuda de esquemas y el desarrollo completo de los procesos con escritos y resoluciones judiciales extraidas de procedimientos reales. El proposito de la obra es ayudar a la adecuada formacion de futuros Procuradores de los Tribunales, cubriendo un vacio que es notorio desde hace mucho tiempo, aportando conocimientos profesionales que, hasta ahora, estaban solo al alcance de los alumnos matriculados en los Cursos de Practica Juridica alli donde los hubiera. Tambien confiamos en que puede ser utilizado como libro de consulta para procuradores en ejercicio. Tenemos la confianza de que, dada su estructura, sea tambien de utilidad a estudiantes universitarios de Derecho Procesal y una ayuda para los profesores de esta disciplina, pues ofrece una vision complementaria a la de los ya existentes, mas abstractos en su contenido. No en vano se recogen procesos civiles, penales, contencioso-administrativos y laborales.

Uno de los clásicos temas del procesalismo es el de la relación entre el juez y la prueba. En la actualidad suele ser frecuente negar la iniciativa probatoria del juez con argumentos históricos, indicando que ello ya se deduce del conocido brocardo iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium. En esta obra se demuestra documentalmente el error en el que incurre la mayoria de la doctrina y jurisprudencia al formular dicho brocardo, pues sobre el mismo se producen dos modificaciones: por un lado, se añade el termino partium o partibus, y por otro se silencia la expresion et non secundum conscientiam. Con ello se cambia su verdadera finalidad, a saber, impedir toda eficacia al conocimiento privado del juez sobre los hechos litigiosos, esto es, asegurar que su sentencia no tomara en consideracion hechos no alegados o hechos que, aun siendo alegados y discutidos, no han sido probados. La erronea formulacion del brocardo ha venido a plasmarse en el art. 216 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, al establecer que: Los tribunales civiles decidiran los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos y pruebas de las partes. De esta manera, el presente estudio entronca el pasado con el presente, en el que de la mano de los doctores del ius comune llegamos a la Ley 1/2000, cuyo art. 216 se perfila como un claro ejemplo de como la historia inexactamente recibida- influye en la vigente regulacion. Se trata de la ultima aportacion doctrinal del Dr. Joan Pico i Junoy, Catedratico de Derecho Procesal de la URV, cuyas investigaciones en materia probatoria han sido publicadas en distintas monografias y en las revistas de Derecho Procesal mas relevantes, tanto a nivel internacional (como la Zeitschrift fur Zivilprozess, la Rivista di Diritto Processuale, la Revista de Processo, o la Revista del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal), como españolas (asi, las revistas Justicia, Revista el Poder Judicial, Revista General de Derecho Procesal, &l

Todo experto policial en el campo de la investigación delictual sabe que su actuación alcanzará el éxito no solamente con la averiguación y comprobación del hecho delictivo, aprehensión y puesta a disposicion del presunto infractor, junto con los indicios y otros medios de prueba, sino cuando a traves de las diligencias que conforman el atestado y en el posterior acto del juicio oral, mediante su ratificacion, es capaz de convencer a los organos jurisdiccionales de la existencia del ilicito punible y de la culpabilidad del delincuente. Es pretension de los autores que la presente obra constituya una guia practica de obligada y constante consulta para los profesionales de la Policia y complemento en la formacion de los que en el futuro pasen a formar parte de los distintos Cuerpos Policiales. En estas paginas el lector descubrira una precisa metodologia que, con gran rigor juridico en la elaboracion del atestado, analiza las diversas actuaciones policiales en torno a los hechos delictivos, ajustandose en todo momento a criterios legales y jurisprudenciales. Sirva, pues, este texto de autentico manual para el estudio de los diversos atestados y diligencias policiales. Esta cuarta edicion hace especial referencia a la violencia domestica y de genero.

La presente obra es el fruto de dos años de seguimiento y análisis de los resultados arrojados por la aplicación de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero, dentro del marco de estrecha colaboracion con los Juzgados, Fiscalia y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado especializados en materia de violencia de genero. Principalmente, tres conclusiones son las deducidas en este estudio y que dotan de valor practico a este trabajo. Por un lado, partimos del indubitado logro del legislador al conseguir la visualizacion de un conflicto ante la sociedad y las instituciones publicas. A partir de ahi, en el plano juridico se plantea una toma de postura valiente y tendente a rechazar frontalmente este tipo de violencia sexista a traves de la regulacion de unos instrumentos legales basados en la Libertad, Justicia y Seguridad Juridica. En un conflicto complejo y multidisciplinar como es este, la coordinacion entre los diferentes servicios, principalmente, en los casos relativos a la ejecucion de decisiones judiciales y policiales, se presenta como pieza clave en el funcionamiento de la proteccion institucional de victima y agresor. La manifestacion de ciertas zonas sordas o de incomunicacion entre estos servicios, de no ajustarse debidamente, podrian generar la posible responsabilidad del Estado por anormal funcionamiento de la Justicia y de sus servicios en general. A tal fin es decisivo el estudio de un nutrido grupo de Protocolos todos ellos articulados para asegurar los estandares de diligencia debida de la Administracion en este engranaje de proteccion integral de la victima. Por ultimo, este trabajo pone de manifiesto el resultado de una jurisprudencia necesariamente controvertida hasta poner en marcha una Ley de una complejidad como esta. Se trata, pues, de un trabajo practico que pretende poner de manifiesto los aciertos y posibles reajustes que toda Ley nueva exige en su proceso de consolidacion, sin perder de vista que el verdadero cambio en las estadisticas sobre este tipo de violencia vendr&aac