Libros de Derecho procesal, página 29 de 135

Elaborado por el Gabinete Jurídico del CEF. La presente publicación recoge, actualizadas conforme a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, y Ley Organica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislacion procesal para la implantacion de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, las principales normas procesales de nuestro ordenamiento juridico. En total contiene las siguientes disposiciones: Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se promulga la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso- Administrativa. Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

La prueba no revela una verdad pura, exterior y salvaje, se sitúa por el contrario en el cruce entre hechos y calificación jurídica. Esto sucede tanto en el ámbito del derecho privado como en el del derecho penal. El regimen de la prueba, construido doctrinalmente y puesto en practica por el magistrado publico produce efectos mayores en la defensa de los intereses y nuestra historia juridica comienza, en este sentido como en otros, en la Edad Media. Es entonces que tiene lugar uno de los cambios mas decisivos de la historia del derecho procesal: el del pasaje del proceso acusatorio que requiere un demandante para iniciarse, al proceso inquisitivo en el que la fama de un hecho bastara para la introduccion de la instancia. Se pondra asi en manos del magistrado que realiza la inquisitio un poder susceptible de justificar el uso de la tortura en la busqueda de una verdad que se arranca del cuerpo. El analisis historico de las formas del proceso y la prueba revela, a la vez, diferentes practicas y teorias de produccion de verdad, y el ejercicio de lo que a fines del siglo Jean Bodin llamaba el poder absoluto y perpetuo de una Republica, que los latinos llamaban majestatem. Son interrogantes siempre vivos, y la historia no puede ser ignorada si se quiere entender el presente.

El BOE del día 4 de noviembre de 2009 ha publicado dos leyes, una orgánica y otra ordinaria; se trata de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Ofi cina Judicial, por la que se modifi ca la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Ofi cina Judicial. Convendría hacer un poco de historia. Como resultado del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, suscrito por los principales partidos políticos el 28 de mayo de 2001, se promulgó la LO 19/2003, de 23 de diciembre, de modifi cación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la que se reguló un nuevo Libro V dedicado a De los secretarios judiciales y de la ofi cina judicial. De momento ahí quedaron las cosas pues eran necesarias las reformas de las leyes procesales. Hay que esperar al Proyecto de Ley Orgánica por la que se adapta la legislación procesal a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se reforma el recurso de casación y se generaliza la doble instancia penal, presentado el 26 de diciembre de 2005, proyecto que no pasó del trámite de presentación de enmiendas, caducando al fi nal de la VIII legislatura

1.ª ed., 2010. Después de una dilatada tramitación parlamentaria, el Boletín Oficial del Estado de 4 de diciembre de 2009 ha publicado la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantacion de la nueva Oficina judicial, y la Ley Organica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la anterior. Las dos normas promulgadas, que constituyen un elemento clave para hacer realidad la profunda transformacion estructural de juzgados y tribunales planteada desde 2003, han venido a modificar hasta un total de veintidos Leyes de diversa indole. Con efectos desde el 4 de mayo de 2010, se veran significativamente alterados los procedimientos civiles, penales, laborales, concursales, etc., mientras que los procesos de declaracion que estuvieren en tramite en cualquiera de sus instancias a la entrada en vigor de la nueva normativa, se continuaran sustanciando hasta que recaiga sentencia en dicha instancia conforme a la legislacion procesal anterior. Por tanto, hay un periodo de tiempo en el que coexisten dos textos legales de vigencia concatenada.

La obra que se presenta contiene un análisis sistematizado del regimen jurídico de protección de la discapacidad por enfermedad mental (la cenicienta de las discapacidades, tal como ha sido acertadamente calificada), ambito en el que considera la autora que aun queda mucho esfuerzo por realizar, por plantear una problematica en la que confluyen una serie de factores que justifica la busqueda de soluciones especificas, y por afectar a uno de los colectivos mas vulnerables socialmente. Pero la perspectiva del trabajo realizado es plural, no agotandose en modo alguno en un puro esfuerzo exegetico, sino que, por el contrario, la autora pretende con el propiciar reflexiones mas profundas y valoraciones criticas del marco normativo (que muestra una gran complejidad desde el punto de vista legislativo), ofreciendose a los lectores diversas conclusiones e iniciativas aplicables con el fin de poder extraer propuestas de mejora que contribuyan en definitiva a la dignificacion de la calidad de este colectivo y de sus allegados. . Por lo dicho, y porque ademas la perspectiva practica del libro es fundamental, en esa medida es susceptible de ser aprovechada y valorada no solo por los estudiosos e investigadores del Derecho, sino tambien -y quizas de modo especial- por todo el conjunto de

Los presentes formularios del proceso de responsabilidad del menor abarcan el transcurrir de las actuaciones, desde la detención, instrucción del Ministerio Fiscal, conclusión, fase de audiencia, recursos contra resoluciones interlocutorias, contra sentencias y hasta llegar al Recurso de Casacion e, incluso lo referente a la ejecucion de la sentencia.

En general, la tutela jurisdiccional declarativa, no sólo de los derechos sino también de los intereses legítimos, presupone la inaplicación de una determinada norma jurídica sustantiva. La inaplicación es el resultado de comparar el supuesto de hecho de la misma con una determinada situación subjetiva material, que es contraria —se dice— a la conducta establecida en la norma. Cuando la inaplicación lesiona el contenido de un derecho subjetivo, se pide al órgano jurisdiccional que declare el derecho del actor (sujeto que pide) a obtener una prestación a cargo del demandado. A tenor de esta petición, la tutela jurisdiccional que puede conceder el Juez o Tribunal es la tutela declarativa de condena, en la que se reconoce, por ejemplo, un derecho de crédito y se ordena al deudor que abone al acreedor la cantidad que corresponda. Si el deudor condenado no satisface voluntariamente la prestación de condena contenida en la sentencia, se podrá pedir la tutela ejecutiva, en la que los órganos jurisdiccionales llevan a la práctica (ejecutan) aquella prestación, modificando la realidad exterior para conseguir cumplida satisfacción del derecho de crédito. Cuando la obligación que una persona ha de realizar en favor de otra consta en un documento constituido fuera del ámbito jurisdiccional, es decir, se ha conseguido sin tener que pedir la tutela declarativa de condena, también podrá pedirse la tutela de ejecución si la ley lo autoriza expresamente.

La Justicia como ente, está atravesando una de las metamorfosis más importantes de los últimos tiempos en cuanto a su concepción. La relación entre el ciudadano y la Administración en la sociedad de la información, no se basará ya en el papel sino que será el contacto telemático el primer y principal canal de comunicación. La masificación de la sociedad hace inviable, costoso y peligroso seguir entendiendo el procedimiento judicial como un mero compendio de pliegos y documentos de los que el Juez extrae una simple conclusión.

"Constituye esta obra el primero de los Manuales que han de conformar una obra más amplia y que recoja la totalidad de las materias que integran el Derecho Procesal objeto de estudio en los cursos 2º, 3º y 4º de la Licenciatura". El autor La parte primera comienza con el concepto y las fuentes, sigue con la jurisdiccion y continua con las relaciones entre Derecho y Proceso. La cuarta y ultima parte se centra en el proceso.

Imputación y teoría del delito. la doctrina kantiana de la imputación y su recepción en el pensamiento jurídico-penal contemporáneo Aproximación a la doctrina de la imputación. La definición de imputacion (Zurechnung). La imputacion juridica. Imputacion y persona. Feuerbach o la "disolucion" de la filosofia Kantiana en el Derecho penal. La "superacion" de la doctrina de la imputacion en el idealismo. La "sustitucion" de la doctrina de la imputacion por la teoria del delito. La "persona" como sujeto destinatario del juicio de imputacion juridico-penal. La doctrina de la imputacion y las teorias del delito. Una teoria del delito a partir de la doctrina de la imputacion. Cuadros sinopticos.

Acompaña CD-ROM. La presente obra trata de ser una guía práctica útil para la intervención en el procedimiento del juicio de faltas. Estamos ante un procedimiento sencillo, pero a la vez con una regulación insuficiente que puede plantear múltiples problemas en la práctica. Este trabajo puede servir de orientación a todos los que intervengan en el juicio de faltas, pero sin duda resultará de mayor utilidad a los letrados que tomen parte en este procedimiento. La visión práctica se centra en todas las fases del juicio de faltas, desde su iniciación por denuncia, querella o de oficio, pasando por diversas vicisitudes intermedias que se pueden plantear (intervención de la compañía aseguradora, medidas cautelares...), hasta llegar al acto del juicio oral, con un análisis completo de su desarrollo, así como un estudio de la sentencia y de su ejecución.

Bajo el título "EL DERECHO Y SU GARANTÍA JURISDICCIONAL", reúne Juan Damián Moreno, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid, un conjunto de escritos y comentarios que representan parte del trabajo desarrollado hasta este momento, una obra en general caracterizada por una enorme variedad tematica en la que el autor no elude su responsabilidad de abordar cuestiones de actualidad, convencido de que como universitario ha de asumir tambien la labor de estimular y generar pensamiento critico; en sus palabras de presentacion alerta, ademas, sobre la necesidad de evitar que los procesalistas acaben confinados al "paraiso" prechiovendiano a donde parecen querer llevarles quienes entienden que su labor debe quedar reducida a la enseñanza practica y pide por ello un esfuerzo colectivo para tomar conciencia de esta situacion que logre mantener al Derecho Procesal en el lugar que le corresponde como garantia para el ejercicio de los derechos.