Libros de Derecho público, página 6 de 22

Encuadernación: Rústica semirrígida y cubierta gris. Edición de 1998. Cuando se pide al juez que ordene o avale la revelación de un secreto, la cuestión principal, desde un punto de vista constitucional, es si la proteccion de ese secreto esta protegida por la Constitucion (intimidad, secreto sumarial, secreto de Estado, etc.) o, aun siendo legitima, no lo esta (reserva empresarial, secreto bancario, etc.). En este ultimo supuesto, el juez ha de limitarse a interpretar y aplicar la ley correspondiente. Si el secreto es constitucionalmente relevante, en cambio, no basta con la aplicacion judicial de la ley, sino que la operacion clave consistira en determinar si hay en presencia otros valores constitucionales (libertad de informacion, tutela de la salud, investigacion de la paternidad, etc.) ante los cuales dicho secreto deba ceder; es decir, siempre dentro del respeto de la ley aplicable, habra que proceder a una ponderacion de los valores constitucionales en juego; y, en este punto, es de crucial importancia subrayar que el principio de proporcionalidad, inherente a toda ponderacion exige minimizar el sacrificio del valor que deba ceder. Ni que decir tiene que, si la ley aplicable excluye de raiz esa ponderacion entre valores constitucionales e impone la automatica e incondicionada prevalencia de uno sobre otro, lo mas prudente es plantear la cuestion de inconstitucionalidad (art. 163 de la Constitucion). Cuando lo que se pide al juez es, en cambio, que admita u obtenga informacion secreta a efectos probatorios, el problema se centra en esa faceta del derecho a la tutela judicial efectiva que consiste en utilizar los medios de prueba pertinentes (art. 24 de la Constitucion). Asi lo demuestran las sentencias de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1997, relativas a los llamados papeles del Cesid.

El presente estudio constituye esencialmente el contenido del Trabajo de Grado galardonado com el Premio Extraordinario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca del año 2009. En dicho Trabajo, realizado bajo la direccion del profesor Ricardo Rivero Ortega y la codireccion del Profesor Jose Ramon Garcia Vicente, se trato de hacer un analisis en profundidad de la nueva Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, que constituye la transposicion a nuestro Derecho de la Directiva 18/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre coordinacion de los procedimientos de adjudicacion de los contratos publicos de obras, de suministro y de servicios. Para ello nos hemos centrado en el examen de diversos aspectos de ambas normas que resultan de especial interes, tales como su ambito de aplicacion, el contenido y la definicion del contrato, la presencia de principios sociales y medioambientales, los procedimientos dedicados a la seleccion del contratista, con especial atencion al Dialogo competitivo y al acuerdo marco, y la insercion de medios electronicos, informaticos y telematicos.

Esta edición incluye las modificaciones introducidas en la Ley de Contratos del Sector Público por el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, y por el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reduccion del deficit publico. Tambien se recogen las reformas efectuadas en la Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Asimismo figuran las modificaciones de la citada Ley de Contratos del Sector Publico por la Ley sobre las infraestructuras y los servicios de informacion geografica en España, y por la Ley sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Coord. Eliseo Aja. El régimen jurídico de la inmigración se ha configurado en todos los Estados occidentales sobre la base de la distinción nacional-extranjero, considerando que el extranjero tiene unos derechos minimos como persona pero la mayoria de los derechos, y entre ellos todos los colectivos o que correspondian al gobierno de la comunidad, solo eran del ciudadano-nacional, terminos que han llegado a ser sinonimos. En los paises construidos sobre la propia inmigracion, como Estados Unidos, Australia o Canada la dicotomia no suponia la exclusion de una parte importante de los habitantes por la amplitud de las leyes de nacionalidad tanto otorgada tras unos años de residencia como por nacimiento en el pais pero en los Estados antiguos de Europa siguio predominando el ius sanguinis y la separacion entre nacionales y extranjeros se mantuvo, con la exclusion de los ultimos.

Aquest llibre s’estructura en quinze capítols.Els tres primers capítols són de caràcter introductori (història de l’autogovern de Catalunya i posició de Catalunya en l’Estat autonòmic). L’estudi norm