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La forma y las formalidades de los contratos públicos, asícomo los demás conceptos que contienen, han estado siempre revestidos de unaenorma complejidad e importancia, por lo que en esta ocasión el tema ha sidotratado en una obra independiente. Asi, a partir del estudio del Decreto 1082de 2015, reglamentario del Estatuto General de la Contratacion de laAdministracion Publica (que derogo por completo lo establecido en el Decreto734 de 2012 y compilo lo dispuesto en el Decreto 1510 de 2013), del analisis dela jurisprudencia administrativa, y del examene de los laudos arbitrales, quehan sido dinamicos y hasta, en algunas ocasiones. cambiantes frente a las tesisexpuestas en la pasada edicion, a la luz del derecho se constata que la figurade los contratos estatales posee sustantividad propia, por lo que merece eldesarrollo particular que aqui se les da, incluyendo un capitulo referido a suequilibrio economico, una de las principales vicisitudes que se presenta a lolargo de su ejecucion y que comporta, sin duda, un aspecto vital y algido de lacontratacion estatal.

El libro aspectos relacionados al diseño constitucional, la evolución y el funcionamiento de diversas instituciones del régimen político peruano, buscando analizar las relaciones y conflictos que se establecen entre el Gobierno y el Parlamento.Francisco J. Eguiguren Praeli es Abogado, Magister en Derecho con mencion en Derecho Constitucional y Doctor en Humanidades por la Pontificia Universidad Catolica del Peru, donde se desempeña como profesor principal en la Facultad de Derecho.Ha sido Jefe del Departamento Academico de Derecho de la PUCP (2000-2005), y Director de la Maestria en Derecho Constitucional de la Escuela de Posgrado de la PUCP (2004-2017). Director Ejecutivo de la Comision Andina de Juristas (1991-1996); Director General de la Academia de la Magistratura (1996-1998); Presidente de la Asociacion Peruana de Derecho Constitucional; Miembro del Consejo Directivo de Transparencia; Ministro de Justicia y Derechos Humanos (julio - diciembre 2011); Embajador del Peru en España (enero 2012 - agosto 2014). Comisionado de la Comision Interamericana de Derechos Humanos (enero 2016 - diciembre 2019); Presidente de la CIDH (marzo 2017 - marzo 2018). Asesor juridico y consultor en Derecho Constitucional y DDHH.

El presente Manual busca orientar a consumidores sobre los derechos que les asisten en el marco de relaciones de consumo que se dan con entidades del sector financiero, con la finalidad de que tome decisiones bien informadas.PIERINO STUCCHI LOPEZ RAYGADA es Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ESAN. Socio senior del Estudio Muñiz. Abogado considerado como leading individual en su especialidad por The Legal 500 (ranking ingles de abogados). Presidente de la Sociedad de Derecho y Empresas Digitales Sodital.JOSE ANTONIO BEZADA ALENCASTRE es socio del Estudio Muñiz. Abogado considerado como next generation partner en su especialidad por The Legal 500 (ranking ingles de abogados). Director de Consumo de la Sociedad de Derecho y Empresas Digitales Sodital. Anteriormente, fue apoderado legal del Indecopi y Asesor Legal de la Alta Direccion de la SMV. Estudios de Maestria concluidos en Derecho, Empresa y Justicia por la Universidad de Valencia, España.OSCAR MIGUEL GARCIA TIPISMANA es Master en Finanzas y Derecho (LL.M.) por el Institute of Law and Finance adscrito a la Goethe Universitat, Alemania, con estudios en especializacion en banca y finanzas por el Instituto de Estudios Bursatiles de España. Coordinador legal encargado de la Intendencia General de Supervision de Entidades de la SMV.

En ocasiones se confunden la invalidez y la resolución de los contratos públicos, cuando realmente se trata de instituciones diferentes, con una regulación específica cada una de ellas y cuyos efectos son igualmente desiguales. Este libro tiene por objeto el regimen de invalidez de los contratos publicos, y mas concretamente de los que incoen los poderes adjudicadores, si bien en relacion a los entes del sector publico que no tienen esta consideracion en la Ley de Contratos tambien se aborda sus particularidades, pero de forma accesoria. La invalidez de un contrato, y mas que de un contrato hablariamos de la invalidez de la contratacion, significa la concurrencia de una situacion patologica en un acto de preparacion y/o adjudicacion del contrato, caracterizada por faltar o estar viciado alguno o varios de sus elementos; de concurrir un vicio, para que el acto no produzca efectos debe ser declarado invalido, produciendo esta declaracion su anulacion y abriendo la puerta a la liquidacion del contrato de haberse formalizado y al derecho de los interesados a ser indemnizados por los daños y perjuicios que hayan sufrido, circunstancias todas estas que se abordan en el presente libro.

En el Derecho Administrativo Sancionador, desde hace mucho tiempo la doctrina no se ha puesto de acuerdo, hay quienes consideran que es una parte del derecho penal común y que solo los tribunales pueden aplicar sanciones, otros que, es derecho administrativo penal.

El Derecho regulatorio se está reivindicando y configurando en el mismo espacio en el que se forjaron otras disciplinas jurídicas antes de su reconocimiento académico: el de la práctica profesional mas conectada con la realidad (economica y tecnologica en este caso), con la aparicion de nuevos sujetos (como son aqui las agencias y organismos reguladores) en una nueva correlacion entre Estado y sociedad, entre lo publico y lo privado, que se manifiesta en el potenciado protagonismo de los operadores, en la posicion garante que adopta el Estado, en el modo de adopcion de decisiones, en la consecuente reasignacion de responsabilidades y en el grado de la intervencion jurisdiccional.Pero el Derecho regulatorio, y esta es otra de sus señas mas marcadas, no solo se atiene a las referencias juridicas mas convencionales (legales, institucionales, jurisprudenciales), sino que incorpora las que proceden de la economia y de la ciencia. Son dos asi los frentes en los que se esta desarrollando este Derecho: el de la regulacion de servicios de interes general, segun el modelo imperante de regulacion en competencia que mira de continuo a la situacion del mercado, y el de la regulacion de riesgos, indexado al progreso del conocimiento cientifico y su aplicacion tecnologica. Tal vez no pueda ofrecerse de el todavia un detallado perfil dogmatico, pero es un Derecho muy pujante y plenamente operativo en el que bien pueden advertirse sus principios conformadores.

El presente libro analiza el principio de subsidiariedad en el régimen económico de la Constitución Política de 1993, desde una perspectiva filosófica, política, y prestando atención al desarrollo nacional y global que ha habido sobre el mismo.ALBERTO CRUCES BURGA es abogado y magister en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Ha sido profesor del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y de Derecho Constitucional Economico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro Fundador de la Asociacion Perspectiva Constitucional. Actualmente se desempeña como Asesor Principal en el Congreso de la Republica. Ha sido asesor jurisdiccional en el Tribunal Constitucional del Peru y miembro del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial.

El libro abarca de manera sistemática la regulación de los servicios públicos en el Perú. El texto, escrito por abogados y para abogados, aborda desde una perspectiva jurídica temas usualmente tratados desde una perspectiva teorica o tecnica.Ricardo Alfonso Leyva Flores. Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Magister en Gestion de la Energia por la Universidad de ESAN y candidato al Master en Regulacion de la London School of Economics. Socio fundador y lider del Departamento Juridico de "Uribe y Leyva Asesores de Energia", con mas de 15 años de experiencia en regulacion energetica. Adicionalmente, es autor de diferentes publicaciones en materia de regulacion energetica en Peru y es asesor legal de diferentes entidades publicas y privadas en materia de energia.

Este libro se dedica a explicar cómo opera y cómo se organiza el Estado unitario, descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales. El mejoramiento de la Administración Pública es una tarea fundamental. Encontrar mejores formas de gobierno es esencial para cumplir todas y cada una de las finalidades sustantivas de la accion publica. Pero es muy dificil pretender mejorar la organizacion y funcionamiento de las entidades del orden nacional o subnacional, sin antes conocer a cabalidad y en su intimidad como esta organizado el Sector Publico Colombiano. Esta es la tarea que juiciosamente propone el autor y que se cumple con exito, como lo comprobara el lector.El trabajo de Luis Leguizamon es significativo y puede ser muy relevante para tener una comprension completa de la forma de organizacion y funcionamiento que ha adoptado Colombia. El lenguaje del libro es claro y es academico. Retrata de la mejor forma la singularidad del modelo de organizacion estatal colombiano, lo recorre tecnicamente, y luego resume e ilustra con innumerables ayudas graficas y figuras.Esta publicacion llena un vacio para entender cual es el modelo de reparto de poder y los mecanismos de articulacion entre niveles de gobierno adoptados. A esto se agregan valiosas explicaciones que ofrece el autor. Sobre las fuentes documentales mas usadas en este trabajo, habria que decir que son fuentes normativas y de jurisprudencia, de manera principal y, de doctrina, en menor medida.

El Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada, con la autoridad suficiente para imponer un orden jurídico dentro de su propio territorio y para hacer respetar su personalidad ante el concierto internacional. El Estado es, pues, un ente social con una ordenacion juridica estable y permanente que absorbe en su organizacion todos los elementos que lo integran.

El término de política pública (en adelante P.P) hoy en día se ha convertido en una gran posibilidad para que las comunidades encuentren una solución a sus necesidades problémicas. Las sociedades más vulnerables encuentran que cuando el Estado procede a elaborar una P.P en determinado aspecto, sus necesidades por lo menos tendran la posibilidad de ser atendidas, y con ello vislumbran una solucion a las mismas.El presente trabajo inicia con la propuesta de un concepto de politica publica, producto de la experiencia laboral y academica del autor, asi como los aportes de sus estudiantes de la materia, el cual se trabaja revisando cada uno de sus componentes, de forma tal que el lector aclare sus dudas respecto al concepto. Asi mismo, se alude a los terminos de legitimidad, legalidad, gobernabilidad, gobernanza y gobernacion, y su interrelacion con la politica publica. De igual manera, se plantea una tipologia de la politica publica, la cual es una propuesta que recoge aspectos de tiempo, gestion, territorialidad y enfoque al momento de implementar la misma.Este trabajo pretende ser una herramienta basica conceptual para todos los publicos, pues se cree que su tematica esta reservada para politologos, abogados, cientificos sociales, funcionarios del Estado y administradores publicos; sin embargo, hoy mas que nunca ha quedado revaluada la teoria que solo el Estado y quienes lo estudiaban eran los unicos que debian interesarse en estos temas, por el contrario, todas los miembros de la sociedad deben tener un conocimiento, asi sea basico, de politica publica, tanto como demandantes de las necesidades sociales o como ejecutores y contribuidores en plantear sus soluciones.Fragmento tomado de la Introduccion

La elección de nuestra jurisdicción de lo contencioso administrativo para definir los casos con base en la falla del servicio, cuando los hechos lo permiten para privilegiar este título de imputación, lo que refleja en la practica son las nuevas exigencias del Estado Social de Derecho que obligan al administrador de justicia a darle una nueva mirada a la responsabilidad patrimonial, al sustraerlo de la forma como actuaba bajo el amparo de la vision individualista del Estado de derecho decimononico y llevarlo a un escenario en el que se le exige ser mas dinamico para buscar la realizacion de un orden justo. De alli que nuestro juez, actual- mente, por demanda de la misma Carta Politica perciba la institucion de la responsabilidad patrimonial con una vision mas acompasada con el marco politico de esta, lo cual le ha permitido derivar de la falla del ser- vicio otras funciones complementarias, sin desdibujar su naturaleza de compensar o reparar al dañado, para contribuir de esta manera, y ese es el ideal, a generar una mejor calidad de vida para los ciudadanos.

La obra que hoy nace a la vida tiene tres partes fundamentales: la primera se dedica a precisar los conceptos fundamentales de la reparación integral en Colombia; la segunda se dedica a analizar los limites y las excepciones a la reparacion integral; la tercera estudia los aspectos relevantes de la prueba para obtener la reparacion integral. El doctor Garcia Rodriguez, pone orden en una materia de por si compleja como es la reparacion, en cualquier ambito del derecho que se le mire: administrativo, civil o penal; o en cualquier otra actividad que haya ocasionado un daño; ya que el presupuesto de la reparacion es necesariamente la causacion de un daño.El libro, del doctor Franklin Garcia Rodriguez, es la llave maestra, que nos permite ingresar con principios claros y paso seguro al area de la responsabilidad y de la reparacion integral; el autor, nos suministra los argumentos fundamentales para hacer valer los derechos de quienes han sufrido daños, especialmente de quienes han sufrido daños a causa de la violencia generalizada que ha padecido Colombia como son las victimas de la sociedad civil. Desde ahora, auguramos a esta obra el destino de convertirse en un libro de referencia obligada para todos los que quieran conocer a fondo el tema de la reparacion integral en Colombia.Jaime Araujo Renteria Expresidente Corte Constitucional

La presente Galatea textual busca evaluar el resplandor que dimanan los principios constitucionales, como deber de obediencia a la que se deben someter todas las instituciones públicas para determinar hipo- teticas fallas del sistema normativo que puedan conducir a una aparente indisciplina por parte de los funcionarios administrativos al momento de reconocer, aplicar y otorgar las garantias basilares que le corresponden al conglomerado social cuando navega por una causa o procedimiento sancionatorio de rango administrativo.Se pretende entonces, generar una reflexion sucinta que devele la probable y constante falencia, por parte de la rama ejecutiva, en el reconocimiento de la tridivision de las ramas que constituyen el poder publico, en tanto que esta, al parecer en determinadas ocasiones ha pretendido actuar como el todopoderoso estatal rebasando las funciones legales que le corresponden a sus pares constitucionales.Por esta virtud, es necesario definir las potestades otorgadas a la administracion general del Estado, con la finalidad de comprender si estas se erigen como patente de corso para desairar los principios inherentes a sus causas o actuan como fuente para extralimitar los alcances de la funcion publica, habida cuenta que los denominados principios elementales del debido proceso han sido definidos como la barrera de contencion ante los probables excesos pasionales en que pueda incurrir la administracion.

El contrato de obra es una de las figuras típicas contractuales más utilizadas en el derecho contemporáneo y en todos los tiempos -desde el derecho romano y el derecho común-, en cuya fase de ejecucion pueden presentarse multiples riesgos que pueden afectar el equilibrio eco- nomico del contrato dado su caracter bilateral, sinalagmatico, y la reciprocidad de sus prestaciones. Uno de aquellos riesgos que suele materializarse en la praxis consiste en la mayor permanencia en obra por causas no imputables al contratista de obra, el cual ha sido objeto de analisis y desarrollo principalmente desde el ambito jurisprudencial y arbitral, pero en muy poca medida en el doctrinal.En ese sentido, la principal justificacion de esta obra consiste en que, si bien es cierto la jurisprudencia del Consejo de Estado y los tribunales de arbitramento han señalado algunos criterios sobre los presupuestos para que proceda el reconocimiento de la mayor permanencia en obra, lo cierto es que otros requisitos se escapan o se encuentran dispersos en sus lineamientos, en virtud de que se trata de un tema muy especifico en la fase de ejecucion del contrato de obra que dependera de la causa de su origen, segun cada caso en concreto y particular.

El profesor Abelardo Leal nos presenta esta nueva obra jurídica en la que estudia a profundidad el tema de las garantías, principalmente de origen comercial, aplicadas a la contratación pública.Este estudio representa un avance importante para la academia y el estado del arte sobre el tema, ya que es el resultado de un proceso riguroso de analisis y decantacion surgido en la experiencia docente e investigativa del autor, asi como tambien en su ejercicio profesional y en su rol de funcionario publico. Esto constituye un valor agregado a la obra, porque tiene un aporte academico importante, pero ademas, resulta util como libro de consulta en situaciones reales, que se suceden en el diario devenir de la actuacion administrativa.Esta obra logra hacer una sintesis muy precisa entre el universo normativo (fuentes legales y constitucionales) con la doctrina y la jurisprudencia (especialmente la del Consejo de Estado). Dicha sintesis se manifiesta en la manera en como el autor compendia varios elementos que son presentados de manera organizada, coherente, sencilla y comprensible.Luis Eduardo Serrano RinconEspecialista en Instituciones Juridico Procesales Magister (c) en Derecho

Debido a la innegable y trascendental importancia que ha venido teniendo la contratación pública en diversos sectores de la economía, y de las finanzas y el presupuesto público, la presente investigacion ofrece aportes para repensar las relaciones o negocios contractuales y desarrollar asi una teoria del contrato publico que sea plena y abarque la explicacion de sus alcances juridicos. Esto es una necesidad para la buena marcha de la gestion publica.Independientemente de hasta donde deba influenciar la teoria juridica del contrato privado a la regulacion del derecho de lo publico, debe resaltarse que hoy hay una necesidad apremiante de teorizar desde lo publico los negocios que celebra la administracion publica para la recta gestion que le corresponde. En este sentido, el contrato publico debe tenerse como un medio para un fin mayor, como son los fines del Estado y la satisfaccion de las necesidades publicas. En el sector privado no se necesita conocer el motivo o razon que conduce a las partes a celebrar un contrato, basta que en dicho acto no se quebrante la ley o no se incurra en los actos prohibidos por ella; en cambio, en el contrato estatal, su objeto es determinante: no es admisible que exista un contrato estatal sin "el objeto", ya que no habria forma de perfeccionar lo que se acuerde entre las partes.Igualmente, en la base de los contratos se encuentra la voluntad de los contratantes: en el privado, ella descansa en la libertad de las partes, pero en el publico, se encuentra en la ley en su sentido amplio. Es decir, la administracion publica como parte del contrato solo esta determinada por la legalidad, que le determina sus competencias y le asigna sus funciones. Es por esto que el contrato publico tiene unos contenidos teoricos diferentes al contrato privado o, en otras palabras, tiene su propia razon de ser. Esta regulacion del actuar de las autoridades publicas tiene explicacion por cuanto, dentro del Estado, el Interes Publico es el que determina su sentido de existir.

Este tercer volumen de Constitución y Emergencia Sanitaria presenta las respuestas constitucionales que han tenido países como Estados Unidos, Venezuela, Argentina y Uruguay, y en el interior del Peru, en Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y Lambayeque.Cesar Landa Arroyo: Ex Presidente del Tribunal Constitucional del Peru. Profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Catolica del Peru y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Este libro reúne una serie de trabajos que, desde distintas perspectivas, y centrados en distintas áreas del ordenamiento jurídico peruano, proponen una serie de reformas necesarias para que el sistema de justicia funcione mejor y cumpla su fin.Fabio Nuñez del Prado, es abogado por la Pontificia Universidad Catolica del Peru (valedictorian; summa cum laude), ha realizado un LL.M. en Yale Law School en que recibio honores en todas las asignaturas y ha asistido a la Academia de la Haya sobre el Derecho Internacional. Ha realizado pasantias en la Corte Internacional de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional (Paris) y en el buffet WilmerHale (Londres), y ha sido asociado en la practica de arbitraje internacional de Uria Menendez (Madrid). Ha sido profesor de la PUCP y de la Universidad Carlos III de Madrid, y ha publicado articulos en revistas estadounidenses, europeas y asiaticas. Ha ganado el premio al mejor articulo en la competicion del Chartered Institute de Nueva York. Actualmente trabaja en la firma de abogados Clifford Chance en Washington D.C. viendo arbitrajes internacionales. Es autor de los libros "Desmitificando Mitos" y "La Tragedia del Consentimiento".Lucas Ghersi es abogado por la Pontificia Universidad Catolica del Peru (valedictorian; summa cum laude), con maestria en derecho (LL.M.) por la Universidad de Chicago, EEUU. Asimismo, se desempeña como profesor en la facultad de derecho de la Universidad San Martin de Porres y como abogado en el Estudio Ghersi. Anteriormente, se ha desempeñado como asesor jurisdiccional en el Tribunal Constitucional del Peru. Tambien es conferencista en eventos academicos dentro y fuera del Peru.

El presente estudio tiene como propósito plantear que la simbiosis que surge, a partir de los procesos de constitucionalización y convencionalización, entre el Derecho Administrativo, el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos cada vez vuelca mas la teoria de los daños hacia la teoria de los derechos. En esa medida, la responsabilidad extracontractual del Estado en el derecho contemporaneo supera aquella imagen tradicional de mecanismo exclusivamente dedicado a indemnizar economicamente aquellas victimas de las actuaciones u omisiones del Estado. Actualmente se revela como una institucion en busqueda de la proteccion y reparacion de derechos.Ha de precisarse que, aunque el presente estudio se centra en la responsabilidad extracontractual del Estado que se debate en sede del medio de control de reparacion directa, el entendimiento de esta institucion a partir de la relacion entre derechos subjetivos y los daños atribuibles al Estado no esta limitado a tal medio de control. Con lo cual este documento se une a voces academicas ya existentes que propugnan por un estudio mucho mas amplio sobre la materia que permita una mejor comprension sobre las funciones que cumple y las herramientas que tiene a su disposicion para la proteccion y reparacion de derechos subjetivos individuales y subjetivos colectivos.