eBooks de Derecho procesal. Procedimiento civil, página 3 de 13

Las garantías del proceso civil no se pueden cambiar ni dejar de aplicar, a diferencia de los principios procesales que, por la influencia de los cambios jurisprudenciales, fueron teniendo deformaciones que se justificaron con distintas razones. Actualmente, los principios podrian entenderse como garantias que no se modifican (v.gr.: independencia e imparcialidad) o interpretarse en el campo de las reglas, siendo asi mas flexibles (v.gr.: congruencia), si con ello se tienen resultados mas justos y equitativos.La tesis del libro plantea que los principios procesales estan en retroceso para instalarse, segun los casos, como garantias o reglas. La jurisprudencia agregada al final de cada capitulo es un testimonio que confirma el aserto.

La presente obra del Profesor Antonio Fernández de Buján sobre «La Deuda histórica del arbitraje moderno» constituye su Discurso leído el día 20 de enero de 2014, en el acto de su recepción como Acad

Desde que en enero de 2001 entrara en vigor la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se han publicado numerosas leyes que, en mayor o en menor medida, han alterado el sistema de recursos que para el proceso civil español introdujo la referida ley. Algunas de esas modificaciones han sido muy puntuales. Es el caso de las modificaciones introducidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, o por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, otras reformas han sido de mucho mayor calado, ya afecten a un conjunto de recursos propios del proceso civil, o tan solo a algunos de ellos. Es el caso de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislacion procesal para la implantacion de la nueva Oficinal judicial y de la LO 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la anterior; asi como de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilizacion procesal, de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que regula determinadas tasas en el ambito de la Administracion de Justicia, o de la Ley Organica 7/2015, de 21 de julio, por lo que se refiere a la revision civil. Ademas, no se pueden obviar ni la necesidad de financiacion de la justicia, ni la repercusion del sistema de recursos sobre la eficiencia de la justicia civil, lo que aconseja tambien la ponderacion de las recientes reformas del sistema de recursos en el contexto europeo. En la presente obra estas cuestiones y algunas mas se someten a la consideracion del jurista.

El propósito de la presente monografía es hacer una modesta contribución al crecimiento de esta cultura de los métodos ADR y de la mediación en particular. La obra se dirige así a cualquier persona que desee saber mas de lo que internet puede enseñarle sobre la practica de la mediacion mercantil internacional. Para ello, se exponen aqui, de manera concisa pero completa, todos los aspectos que conciernen a su ejercicio, tal como se hallan en la actualidad. Esta obra es ademas la primera escrita y publicada para el mercado hispanohablante, si bien a lo largo de ella se citan y discuten reglamentos de las instituciones de mediacion mas destacadas de Europa, America y Asia, asi como la mas moderna literatura y la jurisprudencia mas relevante de numerosos paises y jurisdicciones.

La obra recoge de manera clara y concisa la función del perito en el panorama legal actual, incidiendo en la correcta definición de objetivos del peritaje, el diseño de una estructura adecuada del dictamen, la aplicacion de una metodologia valida o la actitud en un proceso judicial.

La sentencia es sin duda uno de los elementos esenciales del proceso civil. Está destinada, nada menos, que a contener la respuesta del juzgador a las pretensiones formuladas por las partes procesales sobre el conflicto o litigio que las enfrenta. De ahi, que sean muy variadas los puntos de vista desde los que la analiza la doctrina y la jurisprudencia. Pero hay una perspectiva que suele orillarse permanentemente: el estudio unificado de su contenido en las distintas fases del proceso civil (primera instancia, apelacion y casacion). Precisamente esa constituye la finalidad de la presente monografia. Mostrar como partiendo de unos mismos elementos formales, la sentencia adquiere diversas dimensiones segun la fase del proceso donde se dicte. Analisis que, segun se revela en la monografia, nos lleva a detectar defectos de relieve en la vigente regulacion legal, cuya correccion mejoraria notablemente la practica judicial actual, adecuandose con mayor precision a los mandatos constitucionales.Salvador Iglesias es Doctor en Derecho y Master en Derecho Parlamentario y Tecnica Legislativa, es funcionario de carrera del cuerpo de Letrados del Consejo Consultivo de Canarias y Letrado del Parlamento de Canarias, en el que desempeña la Secretaria General desde 2012. Ha ocupado diversos cargos publicos relacionados con la Administracion de Justicia. Es profesor asociado de la Universidad de La Laguna y profesor tutor de la UNED. Ha publicado una treintena de trabajos cientificos.

La necesaria profundización que requieren tanto los profesionales de la informática dedicados al análisis de los vestigios digitales (prueba digital) como los operadores jurídicos cuya especialidad sean las nuevas tecnologias, ha supuesto un reto profesional y academico para quienes formamos a toda esta gama de especialistas, que necesitan conocer las novedades que estan experimentando los avances tecnologicos, frente a una conocida falta de regulacion, descoordinacion en los protocolos necesarios de examen y tratamiento de la prueba digital pero tambien frente a un gran desconocimiento de la normativa afectada que ademas, desgraciadamente se desarrolla a un ritmo lento, poco efectivo y por detras de los avances en cibercriminalidad que se observan en el ciberespacio. La importancia de la cadena de custodia es evidente cuando nos referimos a la prueba, a un proceso con todas las garantias y a la presuncion de inocencia con miras a reducir los grados de impunidad que debido a la ausencia de normativa, impiden realizar una instruccion de los hechos acorde al grado de especialidad del que de manera anonima muchas veces, actua con el convencimiento que la ley no podra hacerle frente. Se precisa concienciar a todos los agentes afectados, prepararlos, acercarles un poco mas y mejor a los nuevos terminos, y las novedades en el area que nos ocupa. Es por ello, que no solo un reto sino un deber es el que nos mueve a proponer esta primera version de este libro, siempre como un complemento de lo que es la necesaria e insustituible formacion universitaria que ya se ofrece desde la Catedra UDIMA-ANTPJI.

Es habitual, que en el actual contexto de crisis económica, cualquier empresa o particular sufra incidencias en el cobro de sus facturas lo que obliga a iniciar un proceso de análisis en el que es necesario valorar aspectos tales como la cuantia de la deuda, la tipologia y solvencia del deudor, la documentacion, el tipo de accion o el tiempo medio de resolucion para intentar adoptar la decision mas conveniente que consiga recobrar la cantidad adeudada.Esta obra tiene como objetivo principal servir de ayuda al lector a decidir sobre cual es la mejor via que el ordenamiento juridico dispone para reclamar su deuda ofreciendole una vision global de los distintos escenarios en los que puede encontrarse. Y lo hace con un lenguaje comprensible y claro para quien no esta habituado a desenvolverse en derecho procesal.El libro hace un recorrido por los distintos procedimientos judiciales utilizados tanto para la declaracion de la existencia de los creditos como para su ejecucion normalmente mediante la venta de bienes propiedad del deudor en publica subasta. Tambien se tratan los sistemas alternativos de resolucion de conflictos, la recuperacion del impuesto sobre el valor añadido (IVA) cuando la factura no es abonada y las particularidades propias de los ambitos administrativo y contencioso administrativo para el caso de que el deudor sea una Administracion publica.

Prol. Joan Picó i Junoy. La presente obra tiene por objeto estudiar mecanismos alternativos a las clásicas subastas judiciales. La práctica de los tribunales nos demuestra su fracaso, pues el dinero que se obtiene en ellas suele ser inferior al valor real de mercado del bien ejecutado, perjudicandose asi tanto al ejecutante, que dificilmente recupera todo su credito, como al ejecutado, que ve como se vende indebidamente su patrimonio. Ante esta realidad la LEC 1/2000 ha introducido la posibilidad de privatizar la realizacion forzosa de los bienes embargados, permitiendo la participacion de personas o entidades especializadas tales como empresas privadas, colegios de procuradores, etc. En la actualidad, caracterizada por el aumento de morosos en el pago de las deudas (muchas de ellas hipotecarias), sera decisivo el buen funcionamiento de esta forma de ejecucion judicial. En esta obra, su autora analiza los resultados de la experiencia practica recogidos del contacto directo con las distintas entidades privadas (GESINAR, RESER, etc.) y publicas (Colegios de Procuradores) constituidas en especializadas al efecto del art. 641 LEC, asi como tambien los obtenidos de la colaboracion de los secretarios judiciales. La Dra. Elisabet Cerrato Guri, Profesora Ayudante de Derecho Procesal de la Universidad Rovira i Virgili, es una especialista en materia de ejecucion civil, con distintas publicaciones sobre la realizacion forzosa de bienes embargados.

La legislación, tanto europea como española, ha introducido en los últimos años múltiples preceptos dirigidos a facilitar la carga de la prueba a quienes afirman haber sido discriminados por otro particular en el ambito de las relaciones juridico-privadas. Tales preceptos, sin embargo, no aclaran con precision en que consisten las facilidades probatorias introducidas por el legislador y, en particular, si se trata o no de una verdadera inversion de la carga de la prueba. En efecto, hay que interrogarse hasta que punto resulta juridicamente sostenible y socialmente razonable gravar a los demandados con la carga de acreditar que no han causado la discriminacion afirmada por el actor. El presente trabajo analiza dicha cuestion probatoria en tres fases. En primer lugar, se da cuenta de la jurisprudencia desarrollada por los tribunales norteamericanos en materia de distribucion de la carga de la prueba, principal fuente de inspiracion de la legislacion europea en la materia. Seguidamente, la atencion se centra en el estudio de los preceptos probatorios contenidos en las directivas antidiscriminatorias europeas. Y, finalmente, se acomete el analisis de la profusa legislacion española en la materia y se formulan una serie de consideraciones conclusivas. La presente obra es la primera monografia sobre Derecho español en la que se trata de modo extenso sobre la carga de la prueba en materia de discriminacion entre particulares fuera del ambito laboral, sin descuidar el analisis de las disposiciones en la materia contenidas en el reciente Anteproyecto de Ley Integral de Igualdad de Trato INDICE (Resumen): El asi llamado derecho antidiscriminatorio. Intento de delimitacion conceptual y sucinta exposicion de sus rasgos fundamentales. El origen norteamericano del derecho antidiscriminatorio. El caracter problematico de la prohibicion de discriminar entre particulares. La Union Europea como principal impulsor de la extension del derecho antidiscriminatorio al ambito de las relaci

La presente monografía tiene su origen en las varias contribuciones y reflexiones que los diferentes intervinientes aportaron en el Congreso Nacional sobre Las personas con discapacidad intelectual. Su problematica juridica, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, los dias 24 y 25 de febrero de 2022, y organizado por el Instituto de Derecho Comparado de esa Universidad.La tematica de la presente monografia viene justificada por la entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislacion civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad juridica. Esta norma, junto con otras que le precedieron en el tiempo, ha supuesto una trascendental modificacion no solo en las diferentes disposiciones legales afectadas, sino tambien en la concepcion de determinados postulados tradicionales en relacion con las personas fisicas.La concrecion del tema se fundamenta en que, de entre las personas con discapacidad concernidas por la nueva normativa, las afectadas por una discapacidad intelectual son, probablemente, las que plantean una mas abundante problematica, cuyos temas medulares son analizados por los diferentes autores a traves de los temas que se recogen en esta monografia, que se inicia con dos aportaciones: La voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, y La funcion notarial tras la entrada en vigor de la ley 8/2021, por ser dos de los temas principales en el marco de la nueva normativa.Para ordenar cabalmente el resto de los textos, se han agrupado en las siguientes lineas tematicas:Proteccion constitucional de las personas con discapacidad.Novedades procesales de la Ley 8 /2021, de 2 de junio.Capacidad negocial de las personas con discapacidad intelectual.La guarda de hecho de las personas con discapacidad.Poderes generales y poderes preventivos otorgados por personas con discapacidad.Presentacion. Rosa Maria Moreno Florez. Catedratica de Derecho Civil.

O Brasil tem sido um cenário marcante para alguns dos mais enigmáticos encontros com objetos voadores não identificados (OVNIs), atraindo a atenção de pesquisadores, militares e do público em geral.

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Cada pessoa que encontramos pelos caminhos da vida é única, tem sua própria percepção do mundo que a cerca e das experiências vivenciadas. Cada alma é uma página escrita e todos os dias linhas são tr

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Após as reformas desencadeadas a partir de 1992 e as alterações constitucionais, o Código de 1973 foi substituído, incorporando as modificações, como o cumprimento de sentença adotado como regra, o a

Após as reformas desencadeadas a partir de 1992 e as alterações constitucionais, o Código de 1973 foi substituído, incorporando as modificações, como o cumprimento de sentença adotado como regra, o a

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