ACTOS DISPOSITIVOS REALIZADOS POR EL APODERADO DEL TITULAR REGIST RAL Y EL CONTROL DEL TRACTO SUCESIVO

Este libro versa sobre un tema que ha despertado una notable litigiosidad, cual es la interpretación del artículo 98 de la Ley 24/2001, modificado posteriormente por la Ley 24/2005. La mala calidad técnica del precepto, la posibilidad de diferentes interpretaciones gramaticales del mismo y los intereses corporativos en juego son circunstancias que han estimulado la polémica, si bien, y eso es lo grave, con olvido de los importantes intereses públicos implicados, cuya adecuada satisfacción debe guiar no solo toda acción legislativa sino también toda hermenéutica jurídica. Las instituciones existen para facilitar la cooperación y el intercambio mediante la protección de la confianza, por lo que son especialmente necesarias en un mundo caracterizado por la contratación impersonal. Por ello, cuando una norma admite varias interpretaciones gramaticales, debe optarse por aquella que protege en mayor medida la confianza y, con ello, facilita la cooperación y el intercambio, bases de la prosperidad y del bienestar. En otros términos, debe optarse por aquella que en mayor medida favorezca los intereses legítimos del mayor número posible de ciudadanos.