LA ALEGACION DE LA PROPIA TORPEZA Y SU APLICACION AL DERECHO ADMI NISTRATIVO

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Sinopsis

El principio general del Derecho conocido, entre otros, con el aforismo nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ha sido identificado, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, como un principio general del Derecho aplicable en nuestro Ordenamiento Jurídico. Esta regla jurídica formada en el ámbito del Derecho privado ha sido también utilizada tradicionalmente en el Derecho administrativo. La más clara manifestación de la aplicación en el Derecho administrativo de este principio, tuvo lugar mediante su positivación en el Art. 115.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958. Desde esta vieja pero laureada norma, pasó intacta a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su versión original de 1992. La parcial reforma de aquélla mediante la Ley 4/1999, ha vuelto a incluir esta norma aunque con una insignificante variante de redacción y una más sustancial alteración en lo que a su ubicación se refiere, pasando a recogerse en el Art. 110.3 de la nueva redacción de la LPC.

Ficha Técnica

Editorial: Comares

ISBN: 9788484447122

Idioma: Castellano

Número de páginas: 154

Tiempo de lectura: 3h 36m

Fecha de lanzamiento: 01/02/2016

Año de edición: 2016

Plaza de edición: España
Alto: 22.0 cm
Ancho: 15.0 cm
Peso: 230.0 gr

Especificaciones del producto

Escrito por Estanislao Arana García

Estanislao Arana García es Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada.
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El principio general del Derecho conocido, entre otros, con el aforismo nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ha sido identificado, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, como un principio general del Derecho aplicable en nuestro Ordenamiento Jurídico. Esta regla jurídica formada en el ámbito del Derecho privado ha sido también utilizada tradicionalmente en el Derecho administrativo. La más clara manifestación de la aplicación en el Derecho administrativo de este principio, tuvo lugar mediante su positivación en el Art. 115.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958. Desde esta vieja pero laureada norma, pasó intacta a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su versión original de 1992. La parcial reforma de aquélla mediante la Ley 4/1999, ha vuelto a incluir esta norma aunque con una insignificante variante de redacción y una más sustancial alteración en lo que a su ubicación se refiere, pasando a recogerse en el Art. 110.3 de la nueva redacción de la LPC.