Desde los inicios de la presente legislatura, también en las anteriores, se ha venido anunciando la voluntad del legislador de promulgar una nueva ley de propiedad intelectual que supere la actual y venga a satisfacer los intereses, no necesariamente contrapuestos, de todos los sectores sociales afectados: autores y demás titulares de derechos, industrias, prestadores de servicios, de la sociedad de la información y de otra naturaleza, usuarios o consumidores de productos y servicios amparados por los derechos de propiedad intelectual. Es decir, los intereses de la sociedad en su conjunto, que reclaman la protección y el estímulo de la creatividad, de la innovación y de la ciencia, pero también un fácil y asequible acceso a la cultura, al conocimiento y a la información.