MANIFESTACIONES Y GARANTIAS EN EL DERECHO DE CONTRATOS ESPAÑOL

Las manifestaciones y garantías, importadas de los países anglosajones, están muy extendidas en la contratación española negociada individualmente. Aunque no son exclusivas de un determinado tipo contractual, la obra tiene como supuestos de referencia los contratos de adquisición de empresa y los contratos de aseguramiento de valores, incorporando numerosos ejemplos. En sus primeros capítulos, la obra aborda la configuración de las manifestaciones y garantías. Para ello, tiene en cuenta la“misrepresentation”del Derecho inglés, estrechamente vinculada a las manifestaciones y garantías según estas se redactan y se conciben en el contrato. Los criterios que ofrece la“misrepresentation”se trasladan al Derecho español completando así el análisis. La obra trata también las manifestaciones y garantías desde una perspectiva funcional. Al estudiar la primera de las funciones de las manifestaciones y garantías, la informativa, la obra parte del hecho de que los contratos contienen información y trata las cuestiones que se plantean en torno a la existencia de un deber de información, sus límites, y en particular, la autoinformación. En el estudio de la otra función de las manifestaciones y garantías, la de atribución de responsabilidades, que es la esencial, se profundiza en su eficacia como instrumento de imputación de responsabilidad. Por último, la obra aborda la compleja cuestión de la ubicación dogmática de las manifestaciones y garantías en el Derecho español y trata el dolo (con especial atención al incidental y su remedio resarcitorio), el error (como problema de reparto de riesgos en el contrato), los vicios ocultos y la responsabilidad contractual. El autor expresa su preferencia por considerar que la falta de veracidad o incorrección de las manifestaciones y garantías supone incumplimiento contractual, para lo cual, se basa en una noción amplia y sencilla de incumplimiento contractual y en un concepto de vinculación obligatoria que va más allá de la apreciación de la conducta del deudor: se busca un nivel de satisfacción producto de la verificación de un estado de la realidad, expresado en el contrato, por ejemplo, a través de las manifestaciones y garantías.