MEDIO AMBIENTE Y FUNCIONARIOS PUBLICOS: ANALISIS DEL TIPO OBJETIV O DEL ARTICULO 329 DE CODIGO PENAL

Resulta inobjetable que el medio ambiente es una de las materias cuya protección es absolutamente imprescindible dentro de las coordenadas que marcan la evolución de la nueva sociedad. Al mismo tiempo, una de las vías a través de las cuales se materializa el peligro de que ese equilibrio natural se rompa procede de la actitud de los funcionarios públicos que, lejos de actuar como guardianes de su incolumidad, en ocasiones, propician y pueden llegar a ser verdaderos artífices de los daños que se le infligen. En efecto, en un clima jurídico tan sumamente intervencionista como es el que caracteriza el mundo industrial, donde es precisa la autorización de la Administración Pública para llevar a cabo hasta la más mínima actividad con consecuencias sobre el medio ambiente -o sea, casi todas-, la actuación jurídica sobre la complacencia, cuando no lenidad y venalidad funcionarial puede resultar absolutamente necesaria. La actividad de control del equilibrio natural depende en gran medida de órdenes y autorizaciones emanadas de la Administración Pública, a donde acuden los particulares y las empresas con la finalidad de atrincherarse en ellas, de ampararse incluso en actos administrativos viciados. La presente obra se ocupa de valorar la repercusión sobre el medio ambiente que se puede descubrir en la actividad de la Administración ambiental y la conveniencia del régimen jurídico-penal que para esta materia se fija en el novedoso artículo 329 del Código Penal.