NURIA MATELLANES RODRIGUEZ

El creciente interés por los estudios ambientales encuentra su particular reflejo en el Código penal. Ese interés, se manifiesta, entre otros, en el dato objetivo de que la tutela penal del medio ambiente es una de las materias de mayor crecimiento respecto al Código penal anterior y que ha sido objeto de sucesivas reformas y retoques en los últimos años. Este régimen jurídico-penal constituye, además, una de las piezas indiscutibles del que se ha venido en llamar el nuevo Derecho Penal, o Derecho Penal de la sociedad de riesgo, que tanto está trastocando las herramientas dogmáticas tradicionales. Esta obra se ocupa del análisis de los tipos penales destinados a la protección del entorno natural, tratando de ofrecer una visión general de los problemas técnicos e interpretativos que suscitan. Todo ello, con el objetivo de convertirse en una herramienta de apoyo en los estudios sobre protección penal ambiental que a día de hoy ya cuentan con sustantividad propia en planes de estudio jurídicos, tanto a nivel de grado como de postgrado.

Resulta inobjetable que el medio ambiente es una de las materias cuya protección es absolutamente imprescindible dentro de las coordenadas que marcan la evolución de la nueva sociedad. Al mismo tiempo, una de las vías a través de las cuales se materializa el peligro de que ese equilibrio natural se rompa procede de la actitud de los funcionarios públicos que, lejos de actuar como guardianes de su incolumidad, en ocasiones, propician y pueden llegar a ser verdaderos artífices de los daños que se le infligen. En efecto, en un clima jurídico tan sumamente intervencionista como es el que caracteriza el mundo industrial, donde es precisa la autorización de la Administración Pública para llevar a cabo hasta la más mínima actividad con consecuencias sobre el medio ambiente -o sea, casi todas-, la actuación jurídica sobre la complacencia, cuando no lenidad y venalidad funcionarial puede resultar absolutamente necesaria. La actividad de control del equilibrio natural depende en gran medida de órdenes y autorizaciones emanadas de la Administración Pública, a donde acuden los particulares y las empresas con la finalidad de atrincherarse en ellas, de ampararse incluso en actos administrativos viciados. La presente obra se ocupa de valorar la repercusión sobre el medio ambiente que se puede descubrir en la actividad de la Administración ambiental y la conveniencia del régimen jurídico-penal que para esta materia se fija en el novedoso artículo 329 del Código Penal.