RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (3ª ED.)

Son millares los ciudadanos que anualmente se dirigen a la Administración General del Estado, a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales reclamando ser indemnizados por los daños que han sufrido como consecuencia del funcionamiento de algún servicio público: daños por accidentes en carreteras y otras vías públicas, daños en el ámbito sanitario, daños en centros educativos, daños derivados de actuaciones policiales, daños en el ámbito urbanístico, daños en materia medioambiental..., y así un largo etcétera de daños imputables a la Administración; daños que unas veces provienen de reglamentaciones contrarias al ordenamiento jurídico, otras veces de actos administrativos ilegales y, las más de las veces, por actuaciones materiales u omisiones que provocan la lesión de los derechos de los particulares.