Carmen Pérez de Ontiveros Baquero

La multiplicidad de ocasiones en las que nuestros Juzgados y Tribunales han debido pronunciarse sobre la pretensión de división de la cosa común, vigente una comunidad de bienes, y sobre la forma en la que esta habria de llevarse a efecto, indica la importancia que esta cuestion reviste en la practica. Pese a que en apariencia podria admitirse que existe una doctrina jurisprudencial consolidada sobre esta materia, en la que se adopta como punto de partida la propia configuracion normativa del regimen juridico de la comunidad de bienes, una lectura mas detenida de las sentencias que resuelven sobre la procedencia de la accion divisoria y la forma en la que dicha division debera llevarse a efecto, exige una nueva reflexion sobre algunas de las cuestiones que suscita la interpretacion jurisprudencial de algunos de los preceptos aplicables a la division del regimen comunitario.Desde esta perspectiva, es habitual en la jurisprudencia una referencia al marcado caracter individualista que preside la regulacion legal de la comunidad de bienes en nuestro Derecho, lo que incide en su configuracion como una situacion transitoria e incidental, mirada por el legislador con cierto recelo y que permite configurar el ejercicio de la accion de division como un derecho absoluto, irrenunciable e imprescriptible, que ha de atribuirse a los comuneros. Por ello, el problema no residiria tanto en la procedencia de la accion de division, que habria de prosperar en todo caso, sino en la forma en la que esta ha de llevarse a efecto, puesto que nuestro Codigo Civil contempla la posibilidad de que el bien que constituye el objeto de la comunidad sea esencialmente indivisible (art. 404), o que al hacerla resulte inservible (art. 401.1), o bien que desmerezca mucho con la division (art.1.062).Admitido lo anterior, podria considerarse que la accion de division procede en todo caso cuando lo solicite cualquiera de los condueños, como asi parece deducirse de algunas de las sentencias de nuestro Tribunal Supremo. Sin embargo, tal apreciacion inicial podria resultar distorsionada en una lectura mas precisa de otras resoluciones dictadas tambien por nuestro Alto Tribunal, en particular cuando se contrasta lo en ellas dispuesto con los argumentos expuestos por un sector de la doctrina española, que ha venido sosteniendo que la comunidad no siempre es divisible, ya que el propio Codigo Civil en su art. 401.1 reconoce el caracter indivisible de determinadas comunidades de bienes. Asi, es tambien habitual en algunas sentencias una referencia a que el art. 401.1 del Codigo Civil permite justificar la indivisibilidad de la comunidad de bienes en determinados casos.Por ello, el presente estudio tiene por objeto el analisis de la jurisprudencia mas reciente dictada en el ejercicio de la accion de division a efectos de profundizar en algunos de los problemas que con mayor relevancia se suscitan en la practica. Entre ellos ocupa un papel prioritario la cuestion de si es o no posible fundamentar con argumentos convincentes, que nuestro Derecho contempla en la regulacion de la comunidad de bienes ordinaria, la improcedencia de la accion de division para determinadas comunidades. A estos efectos, resulta tambien esencial una referencia a los argumentos expuestos por aquellos de nuestros autores que se manifiestan en este sentido.Finalmente, y puesto que la indivisibilidad de la comunidad de bienes se ha pretendido justificar preferentemente con referencia a determinadas comunidades, cuya indivisibilidad se justifica en atencion a la finalidad a la que se destine el bien que constituye su objeto, este estudio comprende tambien una especial referencia a la comunidad que surge en fincas destinadas a plazas de garaje, comunidad que se ha venido incluyendo entre las que se denominan "comunidades funcionales".

La Ley 23/2006 vino a modificar el texto de nuestra Ley de Propiedad Intelectual para adaptarla a la Directiva 2001/29/CE, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. Este Libro viene a aportar una contribución significativa al proceso referido. Lo hace desde una perspectiva concreta, pero enormemente importante, como se corresponde con el lugar que ocupa el mundo audiovisual con respecto a la propiedad intelectual. Este Libro se ocupa fundamentalmente de la comunicación pública de las obras y grabaciones audiovisuales, al hilo de las novedades introducidas por la Ley 23/2006 en nuestra Ley de Propiedad Intelectual. A ello dedica cuatro de sus trabajos, tres de ellos escritos por acreditados y prestigiosos especialistas en propiedad intelectual, mientras que el cuarto, de carácter técnico, nos aporta los conocimientos de un ingeniero de telecomunicaciones, Miguel A. MARTÍNEZ AYUSO, para explicamos los sistemas de recepción y distribución de contenidos audiovisuales, útiles (yo diría que indispensables) para poder determinar los supuestos en los que en verdad se produce un acto de explotación del derecho de comunicación pública con respecto a dichos contenidos, así como para poder determinar el alcance de la misma. El Libro se complementa con una aportación del profesor de Derecho del trabajo Alberto VALDÉS ALONSO, centrado en la aplicación del artículo 5 de la Ley de Propiedad Intelectual a la producción de audiovisuales.

Es cada día más frecuente que las demandas iniciadoras de procedimientos que tienen por objeto la reparación de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato, contengan pretensiones dirigidas a la indemnizacion del llamado daño moral. Ante la ausencia de una norma de caracter general aplicable a la reparacion de estos daños, es tarea que compete a la jurisprudencia la de la delimitacion de la existencia, intensidad y prueba de daño moral.La autora de este trabajo procede al analisis de algunas de las numerosas cuestiones que suscita el concepto de daño moral y la subsuncion en su contenido de determinados conceptos indemnizables.

La necesidad de dividir la herencia cuando sean varios los llamados a la sucesión, constituye un requisito casi siempre ineludible para el acceso al Registro de la Propiedad de las titularidades que traigan causa en el previo fallecimiento de quien figura como titular registral. Tanto la Ley Hipotecaria como su Reglamento determinan la forma en la que se ha de practicar dicha inscripcion, teniendo en cuenta que en nuestro Ordenamiento Juridico los actos particionales pueden revestir diferentes formas. En esta obra se analiza la doctrina de la Direccion General de los Registros y del Notariado dictada con ocasion del acceso al Registro de la Propiedad de aquellas titularidades que devengan de adjudicaciones mortis causa, cuando se exige la previa particion de la herencia para su inscripcion. Al hilo de esta doctrina, la Direccion General de los Registros y del Notariado se pronuncia sobre importantes cuestiones de derecho sucesorio, por lo que su analisis y compresion resulta esencial para un conocimiento mas especifico de esta rama del Derecho. Dicho analisis se realiza en concordancia con la doctrina que el Tribunal Supremo ha venido estableciendo en sus Sentencias sobre cada una de las especificas cuestiones tratadas. El lector encontrara en ella un instrumento util en la busqueda de soluciones a los diferentes problemas que pueden plantearse en la practica, al momento de instar la inscripcion registral de las titularidades adquiridas mortis causa.

Encuadernación: Rústica plastificada y cubierta azul. Coeditado con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (1993).