Eduardo Estrada Alonso

Tal y como aparece en la ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo. Encuadernado en rústica semirrígida y con cubierta gris. Edición de 1989.

Como vía para avanzar en la resolución de algunos de los conflictos más acuciantes relativos a la apertura de las grandes superficies, se propone un examen de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea y a las normas contenidas en la Directiva "Bolkestein". El libro recoge las diferentes licencias que median en la apertura de las grandes superficies comerciales y examina la libertad de empresa y el ordenamiento administrativo nacional comparandolo con las libertades propias del Derecho de la Union Europea relativas al establecimiento y la prestacion de servicios.La presente obra pretende abordar los problemas planteados por las diferentes licencias que median en la apertura de las grandes superficies comerciales, sirviendose para ello de un examen en el que junto al de la libertad de empresa y el ordenamiento administrativo nacional, se preste atencion a la funcion de las libertades propias del Derecho de la Union Europea relativas al establecimiento y la prestacion de servicios. . Como vía para avanzar en la resolución de algunos de los conflictos más acuciantes relativos a la apertura de las grandes superficies, se propone un examen de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea y a las normas contenidas en la Directiva "Bolkestein". Tanto una como otra han aportado...

Pocas figuras han sido tan desafortunadas en su evolución y tratamiento como lo ha sido la fiducia en España. Pero como quiera que se ha dado la necesidad en las personas de confiar su patrimonio en beneficio de otra, los paralelismos se han construido fundamentalmente por medio de figuras que solo reunen algunas de las caracteristicas del fideicomiso pero no todas. El autor describe el panorama de la funcion de la confianza en el Derecho español, establece una figura fiduciaria de caracter real que sirva par aglutinar a todas las que afecten unos bienes con la confianza, limitando las facultades del propietario y por ultimo repasa el panorama tradicional a la luz de la complicacion que supone la acogida en España de los fondos de inversion.

Encuadernado en rústica plastificada y con cubierta azul. Edición de 2000. Para paliar los riesgos del crédito, los acreedores han generado una práctica en los contratos de crédito, desconocida en nuestra tradicion juridica, que trata de separar o aislar los efectos del negocio de caucion, de su causa. Estas nuevas realidades han de ponerse sobre la mesa para descubrir su estructura y posible adaptacion a los criterios dogmaticos de un sistema causalista como el nuestro que considera la accesoriedad de las garantias y la necesidad de una causa como cuestiones de orden publico. Justificadas en un motivo razonable y pareciendo imparable su utilizacion en el trafico civil y mercantil, las garantias abstractas siguen sin poder salvar las normas de orden publico procesal que prohiben pactar sobre las excepciones que puedan plantearse en los procedimientos judiciales, lo que constituiria una grave contradiccion con el principio de tutela efectiva. Para salvar este escollo, en el trabajo se propone salir del esquema de los negocios de garantia para situarnos en el de las obligaciones condicionales, presentando dos obligaciones distintas en planos diferentes y rompiendo la relacion causal (entre ambas) que exigen los negocios de garantia. A esta estructura se ha calificado de constitutum o asuncion abstracta de una obligacion que se diferencia de la fianza ordinaria, en que el tomador constituyente puede pactar con el acreedor y con el deudor su constitucion, cumpliendo aquel una nueva e independiente obligacion que no trae causa de la obligacion primitiva aunque tenga el mismo contenido que la del deudor originario. Mientras que el fiador pacta siempre con el acreedor y aunque cumpla siempre su propia obligacion, esta es accesoria de la obligacion principal, su cumplimiento esta condicionado y su obligacion modelada sobre el contenido y circunstancias de la primera.

Las leyes son fiel reflejo de la vida social en la que nacen, de sus valores y de sus principios. Si en algo se caracterizan las sociedades europeas modernas, como la española, es en la crisis de los valores que tradicionalmente parecian inexpugnables. Incluso los derechos de la personalidad, tambien son objeto de continuas revisiones y manipulaciones, con el unico fin de adaptarlos al medio social en el que se reconocen y ejercitan. Lamentablemente, cuando se realiza un analisis pormenorizado de las normas, como la Ley Organica 1/1982, de 5 de mayo, sobre la proteccion civil del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, uno vuelve a encontrarse con el valor supremo que parece presidir nuestra vida social: el valor economico. Esta Ley Organica consiente en patrimonializar el derecho al honor cuando permite la renunciabilidad de este derecho (art. 1) y cuando delimita su proteccion por los usos sociales, atendiendo al ambito que por sus propios actos, mantenga cada persona reservada para si misma o su familia (art. 2). Resulta harto evidente que el ambito y los usos sociales en que desarrolla su vida cada persona, no son iguales y que la renuncia que la ley ampara constituye una permision sin precedentes del comercio sobre los bienes de la personalidad. Y, como en todo tipo de bienes patrimoniales, habra personas que no tengan particulas de honor que ofrecer, y, por el contrario, habra quien tenga honor para dar, tomar y vender. En este estudio el autor pone en evidencia que esta preocupacion del legislador por adaptar el derecho al honor a los valores del ambito social en el que se desarrolla, se olvida de proteger de forma igual a todos los ciudadanos y contradice los principios constitucionales en los que se asientan los derechos de la personalidad en nuestro Ordenamiento.