FRANCISCO ANDRES VALLE MUÑOZ

El desempleo juvenil es un problema estructural que se ha visto agravado por la crisis económica…..

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han propiciado el surgimiento de nuevas formas de trabajo tecnológico como son el teletrabajo y el trabajo mediante plataformas digitales, las cuales se prestan a escapar del ambito protector del Derecho Colectivo del Trabajo. En el presente estudio se analiza esta problematica para concluir que es necesario un replanteamiento de las estrategias sindicales y una revalorizacion de los derechos colectivos de quienes prestan servicios en ellas para que puedan ejercitarlos en igualdad de condiciones que el resto de trabajadores

Este informe-propuesta, elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para la Dirección General de Políticas de Discapacidad de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, examina y contrasta de modo exhaustivo la legislacion penitenciaria española con los principios, valores y mandatos de la Convencion Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo tocante a la poblacion reclusa con discapacidad.Ni la Ley Organica Penitenciaria ni el Reglamento que la desarrolla, tanto por la epoca en que surgieron, como por la vision y el marco conceptual que los inspira, tienen en cuenta la dimension inclusiva de las personas con discapacidad, por lo que necesitan con urgencia, segun se acredita en esta investigacion juridica, una actualizacion para acompasarlos al tratado internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad.Nuestro ordenamiento juridico, y concretamente el articulo 6.5 del Real Decreto Ley 17/1977 sobre Relaciones de Trabajo, prohibe al empresario sustituir a los trabajadores huelguistas por otros de nueva contratacion y no vinculados a la empresa en el momento de convocarse la huelga, en lo que comunmente se conoce como "esquirolaje" e

Los artículos 114 y 115 del Texto Refundido de la LPL (en la Sección 2.ª, Capítulo IV, Título II del Libro II) regulan una modalidad procesal que con el nombre de «Proceso de impugnación de sanciones», supone la traslación al ámbito del conocimiento judicial, de peculiaridades específicas en torno a la configuración del poder disciplinario empresarial, situación que no tiene un reconocimiento paralelo en otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno que habitualmente suelen utilizarse como punto de comparación. Como ha señalado la doctrina científica, el soporte último de la legitimidad del poder del empresario, el verdadero contrapeso que asegura el equilibrio de la posición entre las partes, cumpliendo además una función de control de la discrecionalidad del empresario en el uso del poder, no es otro que el control judicial. En el presente estudio se pretende analizar esta específica modalidad procesal.