FRANCISCO D. ADAME MARTINEZ

La crisis económica y financiera ha puesto de relieve la necesidad de avanzar hacia una mayor coordinación fiscal entre los Estados miembros de la Unión Europea así como mejorar la lucha contra el fraude. Con esos dos objetivos se abordan en esta obra temas de maximo interes que son tratados con un enfoque eminentemente practico. Entre los autores figuran prestigiosos profesores de Universidades españolas y europeas, profesionales dedicados al asesoramiento fiscal, asi como funcionarios de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria. Sin animo de exhaustividad se abordan en esta obra cuestiones tan relevantes como el fraude en las entregas intracomunitarias en el IVA, el fraude fiscal desde la optica de la inspeccion tributaria y de los profesionales, la doble imposicion, la situacion del trust inmobiliario en Derecho español, la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Union Europea en materia de imposicion sobre la renta de no residentes, impuestos de salida, principio de prohibicion de abuso y clausulas antielusion, la situacion de la imposicion patrimonial en diversos paises de la Union Europea o la compatibilidad de diversas medidas adoptadas por las Comunidades Autonomas con el Derecho comunitario.

Han pasado ya más de treinta años desde la implantación en España del delito fiscal por la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal y desde entonces su regulación se ha modificado en diversas ocasiones, lo cual nos da idea de que se trata de una figura polemica y conflictiva donde las haya. Ademas, en los ultimos años se han redactado otros tres proyectos de reforma del Codigo Penal que afectan a este delito: el primero, aprobado por Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2006, que aunque entro en las Cortes Generales y fue publicado en el Boletin Oficial del Congreso el 15 de enero de 2007, no se aprobo por la finalizacion de la legislatura; el segundo, cuyo anteproyecto de Ley Organica fue presentado a informe del Consejo de Ministros el 14 de noviembre de 2008, pero que finalmente no fue tramitado parlamentariamente, y el tercero, que ha sido aprobado como Proyecto de Ley Organica de modificacion del Codigo Penal por el Consejo de Ministros en el momento de cerrar estas lineas, concretamente el 13 de noviembre de 2009. Pero esa intensa actividad legislativa entorno al delito fiscal, aparte de darnos idea de la complejidad que presenta, viene a poner de relieve que se trata de un delito cuya regulacion debe revisarse cada cierto tiempo a fin de solucionar los problemas que su aplicacion plantea. En esta obra nos vamos a ocupar de analizar los principales aspectos problematicos que presenta este delito en materia de autoria y participacion. Se trata, como tendremos ocasion de explicar, de cuestiones que desde su introduccion han generado debate en la doctrina y en la jurisprudencia de nuestros Tribunales de justicia, y muchas de las cuales aun no se han resuelto.

Este estudio tiene su origen en un dictamen solicitado por la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sobre la posibilidad de establecer nuevos tributos autonómicos que graven la entrada de residuos peligrosos en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía procedentes de otros países de la Unión Europea o de otras Comunidades Autónomas. Responder de modo exhaustivo a la cuestión planteada exige estudiar varias cosas. En primer lugar, el régimen general de los traslados de residuos en el Derecho español -puesto que afecta a otras Comunidades Autónomas-. Así mismo, hay que tener en cuenta el Derecho comunitario, que especialmente es el que regula las relaciones económicas entre los Estados miembros de la Unión Europea -pues estamos pensando en importaciones de países comunitarios-. Además, también hay que considerar el propio Derecho internacional, si bien en este caso la cuestión tiene importancia menor porque el convenio internacional que regula los traslados de residuos está asumido por la Unión Europea, que establece unos niveles de control superiores y más exigentes.