Gabriel Doménech Pascual

La entrada en vigor de la Constitución española de 1978 inauguró -se ha dicho con frecuencia- un nuevo método para la construcción sistemática del Derecho administrativo. Las reglas y principios constitucionales sirvieron de armazon estructural sobre el que se elaboraron algunas magnificas exposiciones sistematicas de la disciplina en aquella epoca, que hoy puede identificarse como la de la "constitucionalizacion" del Derecho administrativo. Desde los años ochenta del siglo pasado, una serie de fenomenos sociales, politicos, economicos y juridicos han modificado profundamente ese sistema. Los conceptos de globalizacion, internacionalizacion, europeizacion, privatizacion, sociedad del riesgo y revolucion tecnologica identifican el origen de numerosos y fundamentales cambios en el Derecho administrativo, sin los que no puede explicarse el orden normativo que dirige la actuacion de la Administracion publica al comienzo de la tercera decada del siglo xxi.El presente tratado se ofrece como un intento de construccion y exposicion sistematica integrada de "lo viejo y lo nuevo" del Derecho administrativo, en un formato y con un proposito distinto al de esplendidas obras generales recientes, que ya dan buena cuenta de los elementos modernos del sistema, pero que estan orientadas fundamentalmente a servir de apoyo a la tarea docente.Este primer volumen recoge las partes relativas a la introduccion y a los fundamentos del Derecho administrativo general español. En la primera de ellas se encuentra una aproximacion conceptual y tipologica a la Administracion y al Derecho administrativo, una exposicion de las bases historicas del Derecho administrativo y de su tratamiento academico, una reflexion acerca de los rasgos que lo caracterizan en el momento presente y dos contribuciones sobre metodologia del Derecho administrativo. En la segunda parte se exploran las bases o fundamentos del Derecho administrativo procedentes del Derecho constitucional, internacional y europeo, prestando especial atencion a sus implicaciones sobre la configuracion del sistema de normas del Derecho administrativo, de un lado, y sobre el desarrollo de las relaciones entre el legislador, el juez y la Administracion publica, de otro.En proximos volumenes de esta obra se recogeran las materias correspondientes a las estructuras administrativas organizativas y procedimentales, las formas y los contenidos de la actuacion administrativa, la informacion administrativa, asi como el control de la Administracion y los remedios para la tutela de los ciudadanos.

Una de las más graves deficiencias que aquejan a la Administración de Justicia en España es, sin duda alguna, la de su masificación. Desde hace ya tiempo, la demanda de tutela judicial viene aumentando incesantemente en una proporción mucho más elevada de lo que lo ha hecho la oferta. La incapacidad de los órganos jurisdiccionales para resolver puntualmente los asuntos que en número creciente llegan a su conocimiento es cada vez mayor y más preocupante. Remedios de toda índole se han aplicado, sin demasiado éxito, a fin de resolver o cuando menos paliar el problema. Se han creado nuevos tipos de órganos jurisdiccionales, se ha incrementado su número, se han mejorado algo los recursos materiales puestos a su disposición, se han reformado abundantemente las normas jurídicas reguladoras de los procesos, se han reintroducido -bien que tímidamente- las tasas judiciales, etc. En este inquietante contexto se ha intentado también estimular la productividad de los miembros de la carrera judicial, empleando para ello un mecanismo ciertamente novedoso e insólito en el panorama jurídico comparado. La idea es simple. Se trata de introducir una suerte de retribución a destajo. El primer paso consiste en fijar y publicar unos baremos -o «módulos»- que permitan evaluar con precisión el rendimiento de los jueces, en función del número, clase y sentido de las resoluciones que dicten. A continuación, se mide con arreglo a dichos baremos la producción individual de cada uno de aquéllos, y se les retribuye con diversos tipos de «zanahorias» o «palos», según se hayan apartado en más o en menos, por arriba o por debajo, del rendimiento considerado normal. Los que acrediten mayor producción serán «premiados» con salarios especialmente elevados y mejores probabilidades de obtener ascensos, distinciones honoríficas y declaraciones de compatibilidad de actividades. Los que rindan por debajo de lo normal serán «castigados» con salarios reducidos y peores perspectivas de ascender, recibir honores, obtener declaraciones

La comercialización de los medicamentos requiere una autorización administrativa previa, que sólo puede otorgarse si la eficacia y la seguridad de estos productos quedan acreditadas mediante rigurosos estudios científicos. Pero por abundantes y serios que sean tales estudios siempre existe el peligro, nada desdeñable, de que no permitan detectar todos los efectos adversos del correspondiente fármaco, de que algunos de ellos se manifiesten cuando el mismo sale al mercado. De ahí la importancia que tiene vigilar los medicamentos ya comercializados, a fin de advertir cuanto antes sus eventuales efectos nocivos y adoptar con rapidez medidas de protección de la salud. En el presente trabajo se analizan las más relevantes cuestiones jurídicas suscitadas por el funcionamiento de las redes de farmacovigilancia, organizaciones descentralizadas integradas por innumerables sujetos y basadas en la aplicación intensiva de las nuevas tecnologías informáticas. El análisis tiene, desde luego, una indiscutible utilidad práctica para todos los profesionales del sector, pero también para los juristas teóricos, por cuanto la farmacovigilancia constituye el ejemplo paradigmático de los sistemas de seguimiento, el más sofisticado y avanzado de todos ellos. Y aquí se manifiestan prácticamente todos los problemas jurídicos característicos de la globalización, la sociedad del riesgo, la sociedad de la información, la sociedad-red, la wiki-economía.

Tradicionalmente se viene afirmando que todas las normas ilegales son siempre nulas, esto es, perpetua y absolutamente inválidas, no convalidables e incapaces de producir efecto jurídico alguno. Sin embargo, la jurisprudencia española no se ajusta a este dogma de la nulidad. El Tribunal Supremo ha aplicado reglamentos ilegales, ha admitido la subsanación de los mismos, su convalidación legislativa, su anulabilidad, los ha convertido en normas válidas, ha declarado la validez de actos surgidos de su aplicación.

DOMENECH PASCUAL, G.La creciente preocupación social por el bienestar animal ha movido a la Unión Europea, al Estado, a todas las Comunidades autónomas y a no pocos Municipios a dictar diversas normas juridicas que pretenden proteger a determinados animales frente al sufrimiento, aun a costa de limitar derechos constitucionalmente reconocidos, tales como las libertades cientifica, artistica, religiosa, personal, general de actuar y de empresa, y los derechos a la propiedad privada y a la tutela judicial efectiva. El problema es que estas limitaciones chocan con una reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional español -tomada a prestamo de su homologo aleman- segun la cual los derechos fundamentales no pueden ser limitados en aras de un fin carente de rango constitucional. El autor somete dicha jurisprudencia a un analisis critico y expone por que y bajo que condiciones cabe restringir un derecho fundamental en atencion a un fin, como el bienestar de los animales, que no ha sido consagrado, si bien tampoco proscrito, por la Constitucion. El lector apreciara que en la resolucion del problema estan implicados intereses, doctrinas y concepciones de trascendental importancia, no solo teorica. El lector encontrara en esta monografia argumentos, criterios y respuestas a las cuestiones que sobre el particular estan comenzando a plantearse, cada vez con mas frecuencia, en la praxis administrativa y judicial