Esta obra pretende abordar los principales problemas de la entrada en vigor de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.Una Ley en la que definitivamente, y después de cuatro años, el legislador español da cumplimiento a la directiva europea 96/61/CE, de 24 de septiembre.Los autores han pretendido situar esta Ley en el contexto de la legislación europea y autonómica; estudiar las cuestiones relativas a la coordinación, colaboración y competencias de las diferentes administraciones implicadas en la prevención y el control de la contaminación; presentar los aspectos más novedosos relativos a la autorización, al control y a la inspección de las actividades industriales sujetas al ámbito de aplicación de esta Ley, y, finalmente, ahondar en los mecanismos relacionados con la participación de la sociedad civil en esta labor.En ella no se pierden de vista las cuestiones prácticas de esta autorización y control de actividades contaminantes, por lo que al fin de la obra el lector puede encontrar, entre sus anexos, el texto de la normativa vigente con su correspondiente nomenclátor.
A partir de la consolidación del Estado democrático, han empezado a desarrollarse un gran número de fenómenos delictivos motivados por las convicciones y conciencias de los ciudadanos en los que la ocupación de inmuebles, la insumisión o las negativas a pagar impuestos y a colaborar en mesas electorales son sólo un buen ejemplo. Es el fenómeno de la delincuencia por convicción. Pese a los interesantes problemas políticos, dogmáticos y político-criminales que plantea el fenómeno, no ha tenido la atención que se merece por parte de la jurisprudencia y doctrina españolas que, o bien han buscado soluciones para supuestos muy concretos o han prestado tan sólo atención a supuestos motivados por una decisión en conciencia. El presente trabajo pretende realizar algunas reflexiones político-criminales en torno al fenómeno y aportar algunas líneas de solución para resolver estos conflictos en su conjunto.
La reforma del delito de usurpación en el nuevo Código penal ha desencadenado un intenso debate político y jurídico entorno a la criminalización de la ocupación pacífica de bienes inmuebles deshabitados. Este trabajo pretende participar en la discusión abordando el análisis exhaustivo de estos delitos desde una interpretación de los tipos penales orientada a sus consecuencias constitucionales y político-criminales. Las características del llamado movimiento okupa ; la regulación que el Derecho civil hace de la posesión sin justo título y de mala fe ; los principios político-criminales derivados de un Estado social, democrático y de derecho ; el reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda y de la función social como límite a la propiedad privada, son todos ellos temas tratados por el autor que influirán decisivamente en las conclusiones del trabajo.
Pese a la ausencia de atribuciones expresas en materia penal a las instituciones comunitarias, la presente obra se dedica a demostrar que a estas alturas de integración europea no hay duda de la existencia de una auténtica "política criminal europea en materia ambiental". Además, los diferentes instrumentos que se han venido elaborando en los distintos pilares de la Unión europea -especialmente la última Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente mediante el derecho penal presentada en Bruselas el nueve de febrero de 2007 [COM(2007) 51 final 2007/0022 (COD)]-, suponen incluso un avance en la armonización de infracciones y sanciones penales ambientales de los países miembros. Pese a los avances que estos instrumentos pueden llegar a significar, todo este proceso merece alguna reflexión crítica que lo ayude a avanzar con eficacia, coherencia y respeto a los principios político criminales derivados del Estado de derecho. Por ello el trabajo no elude proponer nuevas perspectivas por las que se considera que debería continuar avanzando la política criminal europea en materia ambiental en los próximos años.