Joaquín Meseguer Yebra

La presente Serie Administrativa analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, los aspectos fundamentales relacionados con la tramitación de los diferentes procedimientos administrativos, facilitando, ademas, el material necesario para la practica forense: comentario, legislacion, jurisprudencia, bibliografia, esquemas y formularios habituales. Teniendo en cuenta que los hechos relevantes para la resolucion de un procedimiento administrativo pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, en la presente obra se abordan tanto los aspectos formales y materiales de la proposicion de prueba, asi como, de modo sistematico, las distintas fase del periodo probatorio, sin desatender los diferentes medios de prueba con especial consideracion de la prueba electronica.La regulacion de la prueba en la normativa administrativa es esquematica y se limita a fijar sus especialidades en el ambito administrativo, remitiendose a lo establecido en otras ramas del ordenamiento juridico, lo cual hace necesaria la consiguiente adaptacion al procedimiento administrativo tal y como se realiza en el texto. Por estas razones, adquiere especial relevancia la exposicion sistematica de esta institucion, con inclusion de numerosos comentarios doctrinales, asi como recopilacion de la jurisprudencia mas releva...

Análisis práctico de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, con normativa y jurisprudencia, actualizado con la Ley 7/2007 La nueva edición de esta obra de referencia supone una actualización tan necesaria como rigurosa en el estudio del régimen de incompatibilidades de los empleados públicos. Desde 2003, fecha de la primera edición, se han producido importantes modificaciones en la normativa que han exigido un reajuste profundo de los contenidos. El estudio que se aborda sobre las no poco importantes modificaciones introducidas por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la convierten no sólo en la más completa en materia de régimen de incompatibilidades sino también en una de las primeras monografías adaptadas a la nueva normativa sobre función pública. Por otro lado, se efectúan las adaptaciones precisas de las estructuras administrativas, tanto a nivel estatal como autonómico, con competencia en la gestión de este régimen, a la luz de la jurisprudencia más actual generada en los últimos años. Además de la inclusión de la doctrina legal emanada del Consejo de Estado e instituciones autonómicas similares, se incorpora, como un elemento más de consulta y referencia, una selección de informes de las distintas Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, con especial atención a la de la Administración estatal. Todos estos elementos convierten esta obra, sin duda, en una herramienta de consulta imprescindible para los profesionales de la Administración pública.

Recopilación, anotada y referenciada, de las principales normas en el ámbito de la administración electrónica. Su versión digital añade importantes virtualidades al formato clásico en soporte papel, completándose con una selección de direcciones de interés a las que puede accederse fácilmente desde el CD-Rom que incorpora esta edición.

Recopilación, anotada y referenciada, de las principales normas en el ámbito de la Administración electrónica. Recoge los dos últimos reales decretos por los que se regulan el Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad en dicho ambito. Completa la obra una seleccion de direcciones de paginas web de interes.

Paul Dini, uno de los mejores guionistas de Batman de todos los tiempos, encargado de la serie de animación del Caballero Oscuro en los años 90 y de una etapa junto a Dustin Nguyen en la serie mensual, presenta la historia que une los videojuegos Arkham Asylum y su secuela Arkham City. Indispensable para entender toda la trama puente que lleva a este nuevo juego interactivo, que saldrá a la venta durante el otoño de 2011.

La reforma por Ley 4/1999, de 13 de enero, del régimen de revisión de los actos en vía administrativa ha supuesto, entre otros aspectos, la recuperación del recurso de reposición que podrá ser interpuesto potestativamente contra los actos administrativos que pongan fin a la vía ante el mismo órgano que los hubiera dictado (art. 116.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). En esta obra se analizan todos y cada uno de los elementos que integran la tramitación de este recurso, todo ello a la luz de la jurisprudencia más actual sobre el tema y con formularios útiles para el ejercicio profesional.

La presente obra constituye el más extenso estudio normativo, jurisprudencial y doctrinal llevado a cabo sobre la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, tras casi veinte años desde su aprobación. Con esta perspectiva y con el valor añadido que provee la experiencia en la aplicación de esta norma, se aborda un estudio sistemático de cada uno de los preceptos legales con las concordancias oportunas al Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 598/1985 y a otras disposiciones, estatales y autonómicas, de distinto rango e importancia. Con el fin de aportar una visión evolutiva y dinámica del sistema de incompatibilidades, se incluye por su interés hermenéutico el texto de los preceptos relativos al régimen de incompatibilidades que contenía el Proyecto de Ley regulador del Estatuto Básico de la Función Pública aprobado en la pasada legislatura y que, finalmente, no llegó a ver la luz. La obra contiene, asimismo, un anexo dedicado a extractar la jurisprudencia más expresiva y actual sobre los diferentes puntos de interés que surgen del análisis del régimen de incompatibilidades. Asimismo se ha considerado de gran utilidad la recopilación y sistematización de la normativa relacionada con el régimen de incompatibilidades, no sólo la estatal sino también autonómica, tarea ardua teniendo en cuenta la dispersión normativa y el desconocimiento que afecta a este ámbito. La normativa que se reproduce incorpora, como anotaciones, la determinación de los órganos competentes para la tramitación y resolución de los procedimientos en esta materia dentro de cada Administración, así como algunas reglas de orden procedimental.

El artículo 12. 1 de la Ley 30/1992 dispone que la competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por el órgano administrativo que la tenga atribuida como propia. Acto seguido el precepto flexibiliza este mandato para los casos de desconcentración, delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en la Ley, y añade que la encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia no supondrán alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevean. En esta segunda obra dedicada a las ""dislocaciones competenciales"" nos detenemos en la avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia, figuras cuyo régimen jurídico analizamos a la luz de la jurisprudencia más actual sobre el tema y con formularios prácticos útiles para el ejercicio profesional.

La presente Serie Administrativa analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos peculiares en la tramitación de los diferentes procedimientos administrativos, facilitando, además, el material necesario para la práctica forense: comentario, legislación, jurisprudencia, bibliografía, esquemas y formularios habituales. Abordamos en la presente obra el concepto de vía de hecho administrativa y se realiza un análisis exhaustivo del nuevo régimen legal que la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa arbitra para luchar contra ella, dedicando una parte a otras cuestiones como la debatida compatibilidad de este cauce procesal con la vía interdictal civil. Todo ello a la luz de la jurisprudencia más actual sobre el tema y con formularios útiles para el ejercicio profesional.

Introducción; Legislación; Formularios; Jurisprudencia; Bibliografía. (Incluye disquete)

En el procedimiento sancionador, el vencimiento del plazo para resolver sin que se haya dictado resolución expresa obligaba a entender caducado el procedimiento, debiendo procederse al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano competente. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. En esta obra se analiza la caducidad como modo anormal de terminación del procedimiento sancionador, todo ello a la luz de la jurisprudencia más actual sobre el tema y con formularios útiles para el ejercicio profesional.

Se acomete en esta obra el estudio de los cuatro últimos supuestos de nulidad de pleno derecho enumerados en el artículo 62. 1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta, los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición y cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal. Además de introducir los conceptos de invalidez y eficacia del acto administrativo, se analiza minuciosamente el contenido de cada uno de ellos, a la luz de la jurisprudencia más actual sobre el tema y con formularios prácticos útiles para el ejercicio profesional.

La presente colección de procedimientos administrativos analizan, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos peculiares en la tramitación de los diferentes procedimientos, facilitando, además, comentario, legislación, jurisprudencia, bibliografía, y formularios más habituales. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, regula en sus art. 35h y 37 el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, una regulación parca e insuficiente que afecta a un derecho trascendental considerado tradicionalmente como presupuesto necesario para el ejercicio de multitud de pretensiones, tal como demuestra un examen detenido de su contenido. La presente obra analiza el procedimiento para hacer efectivo este derecho ofreciendo consejos útiles a los profesionales del derecho, sin olvidar la reciente ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y la modificación de la ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en la información en materia de medio ambiente. En la presente obra, se examinan los aspectos esenciales, estudiando detenidamente las condiciones de ejercicio de este derecho así como la tutela y garantías que lo rodean a la luz de la jurisprudencia más reciente.

Las medidas provisionales o cautelares en vía administrativa, especialmente en el procedimiento sancionador, cobran una relevancia especial dada su doble finalidad de garantizar la eficacia de la resolución que se vaya a adoptar y de proteger provisionalmente los intereses implicados en el procedimiento. La urgencia, motivación, proporcionalidad e idoneidad son algunos de los requisitos que confieren a estas medidas la legitimidad necesaria para su adopción. Por contra, cuando dichas exigencias están ausentes en el procedimiento, éste puede quedar afectado y viciado de raíz. En la presente obra, se plantean las líneas básicas de esta tipo de medidas, analizando la competencia y momento de adopción, su tipicidad, los medios de defensa y las notas enunciadas más arriba. Para ello, nos servimos de la variada legislación sectorial que prevé este género de medidas y una completa selección de la jurisprudencia más actual sobre el tema.

Ya desde la Constitución, la participación ciudadana se configura como un elemento decisivo en el proceso de elaboración de los actos y disposiciones administrativas. Como manifestación de ese principio, analizamos en esta obra el trámite de información pública a que alude el art. 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tanto en su vertiente de trámite facultativo, como preceptivo en procedimientos, entre otros, del ámbito urbanístico, expropiatorio o medioambiental. Además de examinar el concepto y naturaleza de este trámite, se estudian los diferentes aspectos formales relativos a su desarrollo y las consecuencias de su omisión o cumplimentación defectuosa, todo ello a la luz de la jurisprudencia más actual sobre el tema y con formularios prácticos útiles para el ejercicio profesional.

En la presente obra, se analizan las irregularidades de los actos administrativos que no determinan su invalidez y que no constituyen supuestos de nulidad de pleno derecho o anulabilidad. En especial, exponemos las consecuencias de los defectos formales de las actuaciones administrativas y la realización de éstas fuera del plazo establecido, de acuerdo con lo que dispone el art. 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Además de introducir los conceptos de invalidez y eficacia del acto administrativo, se estudian los diferentes efectos de la omisión de trámites formales como la audiencia, práctica de la prueba, informes preceptivos, motivación del acto, etc... así como del dictado de resoluciones más allá del plazo legalmente establecido a ese fin, todo ello a la luz de la jurisprudencia más actual sobre el tema y con formularios prácticos útiles para el ejercicio profesional.

La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa amplía el objeto de conocimiento de esta jurisdicción para abarcar la vía de hecho y la inactividad administrativa. El artículo 29 describe los dos supuestos que serán recurribles por esta vía: la no realización de prestaciones concretas en favor de una o varias personas determinadas a la que esté obligada la Administración y la inejecución de sus propios actos. Analizaremos los presupuestos necesarios para que pueda prosperar el ejercicio de estas acciones, los diferentes tipos de inactividad, la legitimación precisa para accionar y la reclamación previa a la interposición del recurso, entre otros aspectos, todo ello a la luz de la jurisprudencia más actual sobre el tema y con formularios prácticos útiles para el ejercicio profesional.

Introducción; Legislación; Formularios; Jurisprudencia; Bibliografía. (Incluye disquete)

Las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos (artículo 105. 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Además de introducir el concepto de los diferentes tipos de error y deslindar la potestad rectificadora de la Administración de otras figuras afines, se describen detalladamente todos los aspectos relativos a este procedimiento administrativo a la luz de la jurisprudencia más actual sobre el tema y con formularios prácticos útiles para el ejercicio profesional.

Dentro de esta obra se analizan las exigencias constitucionales de legalidad y tipicidad de las infracciones administrativas de acuerdo con lo que disponen los arts. 127 y 129 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Entre otros temas que se abordan, se delimita el ámbito propio de las disposiciones reglamentarias en la descripción de los tipos sancionadores, el cumplimiento del mandato de reserva legal en la normativa preconstitucional y en el ámbito de las relaciones de sujeción especial, y la interdicción de la interpretación analógica en materia sancionadora, todo ello a la luz de la jurisprudencia más actual sobre el tema y con formularios prácticos útiles para el ejercicio profesional.