José Carlos Laguna de Paz

Las telecomunicaciones son uno de los sectores en los que la regulación económica más ha avanzado. La comunicación previa se convierte en el único control administrativo para el acceso al mercado. La normativa debe dar respuesta al cambio tecnológico, económico y social, pero sin perjudicar la confianza legítima ni la igualdad de trato. Con la multiplicación de operadores, los derechos de uso (radiofrecuencias, numeración, dominio público) cobran una importancia especial. La política sectorial de la competencia (regulación ex ante) se justifica en sectores vinculados a grandes redes, con fuerte tendencia oligopólica, en los que el mercado no brota espontáneamente. Sin embargo, esta intervención también tiene sus riesgos, por lo que ha de ceder protagonismo a las normas generales de defensa de la competencia a medida que va madurando el mercado. Finalmente, resulta decisiva la definición, financiación y designación de las empresas encargadas de prestar el servicio universal, que constituye una ineludible red social frente a las insuficiencias del mercado.

La autorización administrativa es una de las tradicionales técnicas de intervención pública. Su aplicación se extiende desde el uso del dominio público hasta el control de la iniciativa privada en los mas variados ambitos (urbanismo, medio ambiente, industria, comercio, servicios y actividades liberalizadas, competencia, educacion, etc.). Ello hace que la autorizacion sea un instrumento cotidiano en la actuacion de las Administraciones publicas.

Desde el fundamento y límites de la intervención pública, el libro aporta los pilares para la construcción del nuevo modelo televisivo, cuya necesidad se hace cada vez más evidente, ante la impresionante revolución tecnológica. Las emisiones supranacionales, autonómicas y locales -difundidas por satélite, vía hertziana terrestre y por cable, con tecnología analógica y digital-, día a día, transforman el horizonte televisivo en nuestro país. El incesante progreso tecnológico, además, no ha hecho sino aproximarnos a las lindes de una nueva era audiovisual, que nos aleja del modelo tradicional de televisión. Esta nueva realidad exige un nuevo marco jurídico. Es preciso afirmar la libertad de televisión, de manera que la creación de empresas sólo se vea condicionada por las posibilidades técnicas existentes. La distribución de competencias entre los diferentes niveles territoriales aún debe ser ajustada. La eventual extensión de las llamadas administraciones independientes al sector requiere una reflexión pausada. Asimismo, hay que despejar las muchas incógnitas que esconde la regulación de la actividad, en sus aspectos técnicos y de contenidos. De forma especial, es preciso aplicar las reglas de la competencia a la televisión, favoreciendo positivamente la generación del mercado y evitando concentraciones empresariales, prácticas colusorias y ayudas públicas anticoncurrenciales.