Juan Carlos Gavara de Cara

En este trabajo se han analizado las razones que abundan a que el Estado debe ser neutral políticamente y que son numerosas, ya que se estructura una sociedad política pluralista, cuyo reconocimiento como principio y valor constitucional tiene como consecuencia la garantia de la igualdad en el ejercicio de los derechos de libertad, incluidos los de caracter politico, que deben posibilitar que no se perjudique la competencia politica, proteger los derechos de los participantes en la misma, garantizar la libertad en el proceso de formacion de la voluntad politica y de la opinion publica, asegurar la proteccion de los intereses generales e impedir la utilizacion de los recursos publicos por la autoridad publica para fines partidistas.

En materia de teoría general de derechos fundamentales en la Constitución Española, a diferencia de lo que sucede en la doctrina constitucional alemana, la categoría de los derechos de defensa (Abwehrrechte) no ha tenido un excesivo exito ni una utilizacion generalizada en nuestra doctrina y jurisprudencia. Nuestra doctrina e incluso la jurisprudencia ha preferido mantener la distincion de caracter material entre derechos de libertad y derechos sociales, antes de optar por descripciones de caracter prescriptivo como la planteada entre derechos de defensa y derechos de prescripcion. Los derechos de defensa se estructuran en torno a un contenido prescriptivo y una dependencia normativa interrelacionados con unos conceptos juridicos clave como son la libertad, el individuo, el fenomeno asociativo, las cualidades personales o la posicion juridica. Cada derecho fundamental es susceptible de ser caracterizado de forma independiente, autonoma y separada, pero las categorias juridicas que los interrelaciona con los derechos de defensa son precisamente el contenido prescriptivo y su diferente dependencia normativa. Juan Carlos Gavara de Cara. Catedratico de Derecho Constitucional en la Universidad Autonoma de Barcelona. Director de Centre dEstudis de Drets Humans UAB (https://cedh.uab.cat).

Si la sociedad de la comunicación global ha venido acompañada de promesas desmesuradas y de utopías todavía incumplidas, hoy día es obligatorio examinar y evaluar por qué ha sido así. Es ya un imperativo. No podemos, cuando la técnica es tan decisiva en nuestras vidas, abandonarnos a una confianza ciega en la tecnología, y tampoco la docilidad ante sus determinaciones puede seguir siendo nuestro comportamiento habitual. Se trataría, justamente, de lo contrario, de sustituir la confianza ciega por el espíritu crítico, reflexivo y metodológicamente científico, por un lado, y la docilidad por la autonomía de acción. Necesitamos, por tanto, desarrollar una actitud consciente, capaz de sopesar los efectos positivos y negativos de los cambios y, sobre todo, capaz de inspirar nuevos desarrollos técnicos y nuevos cursos de acción que se acomoden a las aspiraciones del ser humano.

Este libro tiene por objeto el estudio del grado de homogeneidad de los regímenes electorales en los Estados compuestos y también analizar las causas de dicho fenómeno.

La regulación de derechos de los ciudadanos en los actos normativos reguladores de los entes descentralizados (Constituciones o Estatutos) en los Estados compuestos es un elemento que ha sido objeto de multiples reflexiones, pero se trata de una constante conectada al sistema de distribucion de competencias. La finalidad del trabajo ha sido realizar un estudio de dichos derechos en union de los distintos titulos competenciales que les sirven de soporte para su articulacion en dichos actos normativos creadores y reguladores de los entes descentralizados a partir de tres sistemas distintos (España. Italia y R. F. de Alemania), es decir, centrando el estudio en los distintos ambitos materiales que regulan dichos derechos y sus interrelaciones con las competencias que pertenecen y ejercen dichos entes. En este sentido, la idea central que se ha utilizado, ha sido tratar de determinar que los derechos denominados estatutarios, regionales o incluso los de los Lander no son concebidos en un sentido subjetivo, sino que su dependencia de unas reglas competenciales ocasiona que exclusivamente puedan analizarse como principios objetivos, requiriendo en todo caso un despliegue normativo y una implementacion por los poderes constituidos para que efectivamente puedan considerarse plenamente derechos subjetivos.

Este código de Editorial Aranzadi, ya en su edición decimonovena, recoge de forma ordenada las más fundamentales disposiciones que desarrollan la Constitución. La obra, preparada por Francesc de Carreras Serra y Juan Carlos Gavara de Cara, profesores de la Universidad Autonoma de Barcelona, incluye un total de 52 epigrafes en los que se recogen, de acuerdo con las diferentes materias, las principales normas de Derecho Constitucional. La estructura de su contenido es la siguiente: I. La Constitucion y el Tribunal Constitucional II. El ordenamiento juridico A) De las normas en general B) Leyes y las normas con rango de ley C) Tratados internacionales y el derecho comunitario D) Reglamentos y los actos administrativos E) Sentencias III. Participacion politica e instituciones generales del Estado A) Participacion politica: partidos y elecciones B) La Corona C) Las Cortes Generales D) El Gobierno y la Administracion Publica E) El Poder Judicial IV. Los derechos fundamentales A) Los tratados internacionales sobre derechos humanos B) Los derechos de los extranjeros C) Los derechos de libertad: la libertad ideologica, la libertad personal y la seguridad ciudadana y el derecho a la vida privada D) Los derechos de participacion: la libertad de expresion y los derechos politicos E) La suspension de los derechos fundamentales: los estados de alarma, excepcion y sitio V. La organizacion territorial A) La Union Europea B) Las comunidades autonomas El articulado de las normas, actualizado con las mas recientes modificaciones legislativas, aparece anotado y concordado con referencias a otras normas, a la jurisprudencia constitucional y a la bibliografia sobre la materia. Hay que destacar en esta ocasion como novedades las modificaciones legislativas del Reglamento del Senado, de la Ley de conflicto de intereses de miembros del Gobierno y de Altos Cargos de la Administracion General del Estado, de la Ley Organica de financiacion de las Comunidades autonomas y de la Ley reguladora del derecho de asilo. La edicion finaliza con un completo indice analitico, de todas las disposiciones estudiadas.

Constitución. Desarrollo, rasgos de identidad y valoración en el XXV aniversario (1978-2003), ofrece al lector un análisis y valoración de los principales temas desarrollados por la Constitución Española de 1978. Como es sabido a finales del pasado año se cumplieron los veinticinco años de la aprobacion y entrada en vigor de nuestra Constitucion. Este aniversario se ha conmemorado y se sigue conmemorando mediante numerosos congresos, seminarios y publicaciones, algunas de ellas ya publicadas y otras en preparacion. Dentro de los proyectos del area de Derecho constitucional de la Universidad Autonoma de Barcelona se decidio que la contribucion a las efemerides consistiria en la publicacion de un libro colectivo sobre el desarrollo de la Constitucion escrito por profesores de dicha area. En este sentido, se ha tratado de realizar trabajos que reflejaran los principales problemas del desarrollo constitucional, como es obvio no con la ambicion de solucionarlos sino, simplemente, de plantearlos en sus dimensiones basicas, estableciendo el estado de la cuestion en que se encuentran en la actualidad. Ello requeria, desde el punto de vista estructural, un tratamiento similar de cada uno de ellos, con pautas comunes a seguir para su realizacion. Adecuarse a estas pautas ha sido lo que ha permitido dar coherencia a esta publicacion. Desde el punto de vista del contenido, los trabajos se han centrado en tres grandes aspectos: a) la discusion constituyente; b) el desarrollo de cada institucion concreta; y c) sus posibles perspectivas de evolucion. El resultado final de los trabajos no ha consistido en un tratamiento sistematico de la materia  por otro lado, imposible en tan poco espacio  sino en reflejar y saber valorar los principales problemas de interpretacion y aplicacion que ha ocasionado la Constitucion, proponiendo, en su caso, posibles lineas generales de evolucion futura. En cualquier caso, conviene destacar que el analisis de la discusion con

Este código de Editorial Aranzadi, ya en su octava edición, recoge de forma ordenada las más fundamentales disposiciones que desarrollan la Constitución. La obra, preparada por Francesc de Carreras Serra y Juan Carlos Gavara de Cara, profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona, incluye un total de 59 epígrafes en los que se recogen, de acuerdo con las diferentes materias, las principales normas de Derecho Constitucional.

El presente trabajo se ha centrado en el análisis del control judicial y los parámetros utilizados por la jurisprudencia para resolver las colisiones entre derechos en materia de medios de comunicacion, tanto desde una perspectiva comparada como del propio ordenamiento juridico interno. Los actuales sistemas de control de los medios de comunicacion tienden a confluir, con interconexiones entre los diferentes mecanismos de ejercicio del control, que se pueden caracterizar como actividades de autorregulacion, corregulacion y de regulacion. La actividad de ponderacion judicial tiende a objetivizar los comportamientos, de forma que se puede decir que configuran parametros que funcionan como normas y que recaen sobre la responsabilidad de los medios para determinar la importancia del objeto o contenido de la informacion o el cumplimiento de un codigo etico de caracter profesional. La importancia creciente de los medios de comunicacion audiovisual implicara que se extienda los parametros combinados de control a los otros medios de comunicacion como la prensa escrita, que debera adoptar criterios de autorregulacion, corregulacion y de regulacion similares a los utilizados en la Ley General de Comunicacion Audiovisual y compatibles entre si.

Esta obra pretende dar un alcance teórico a la problemática del contenido y la función del término de comparación (tertium comparationis) en la aplicación del principio de igualdad, para tratar de obtener conclusiones que intenten explicar la diversidad de supuestos practicos a los que se somete aquel. La investigacion responde al analisis de un problema, que se centra en intentar establecer las razones por las cuales en unas ocasiones un Tribunal Constitucional permite articular un termino de comparacion y en otras no, a pesar de enfrentarse a un mismo supuesto factual de similares, equiparables y homogeneas caracteristicas. Para ello, este estudio se centra en los aspectos relevantes para la determinacion de la diferenciacion, es decir, en la articulacion del termino de comparacion, a pesar de que no siempre aparecen de forma clara la distincion entre determinacion y justificacion de la diferenciacion en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

La regulación de derechos de los ciudadanos en los actos normativos reguladores de los entes descentralizados (Constituciones o Estatutos) en los Estados compuestos es un elemento que ha sido objeto de multiples reflexiones, pero se trata de una constante conectada al sistema de distribucion de competencias. La finalidad del trabajo ha sido realizar un estudio de dichos derechos en union de los distintos titulos competenciales que les sirven de soporte para su articulacion en dichos actos normativos creadores y reguladores de los entes descentralizados a partir de tres sistemas distintos (España. Italia y R. F. de Alemania), es decir, centrando el estudio en los distintos ambitos materiales que regulan dichos derechos y sus interrelaciones con las competencias que pertenecen y ejercen dichos entes. En este sentido, la idea central que se ha utilizado, ha sido tratar de determinar que los derechos denominados estatutarios, regionales o incluso los de los Lander no son concebidos en un sentido subjetivo, sino que su dependencia de unas reglas competenciales ocasiona que exclusivamente puedan analizarse como principios objetivos, requiriendo en todo caso un despliegue normativo y una implementacion por los poderes constituidos para que efectivamente puedan considerarse plenamente derechos subjetivos.

Una perspectiva de análisi jurídico de los medios de comunicación digitales, tanto a nivel interno como comparado, permite concluir que se plantean similares problemáticas en los diversos Estados, como pueden ser la de determinar si procede una identica proteccion constitucional y juridica a los medios tradicionales y a los cibermedios, la correccion juridica de medidas restrictivas como el cierre de paginas webs oblogs, la aplicacion de la proteccion de derechos de terceras personas como mecanismo de los juicios paralelos y el alcance del derehco de olvido.....

La realidad del sistema universitario español es compleja, con todo la discusión pública se centra en el tema del Gobierno de la Universidad como principal eje en el que van a converger los problemas y las soluciones. No obstante, tras las numerosas reformas y cambios normativos se puede facilmente comprobar que no se han alcanzado los resultados pretendidos, las practicas no han sido adecuadas y los problemas permanecen sin que se prevea una solucion a corto plazo. Este trabajo trata de fijar las cuestiones relativas al Gobierno de la Universidad, tanto las actuales como las futuras, tratadas en nuestro contexto, analizando las propuestas de reforma, asi como la situacion en los principales Estados a nivel comparado para tratar de determinar unas conclusiones aplicables en nuestro sistema. Los recorridos y reglas que se siguen en todos los sistemas suelen ser similares, ya que el Gobierno de la Universidad puede ser mas profesionalizador o externo a la Comunidad Universitaria, o mas participativo e interno a dicha Comunidad si se opta por adoptar una perspectiva mas academica. Entre los dos extremos se situan muchas vias intermedias, pero la complejidad que encierran las actuales Universidades, sus sistemas de gobierno, la rendicion de cuentas no perfectamente estructurada, posibilitan que no hayan soluciones globales estructuradoras y funcionales para los Estados de nuestro contexto y para todos los sistemas universitarios. En este sentido, las reformas del Gobierno de las Universidades no deben adoptar perspectivas coyunturales, sino materiales, de fondo y pensadas para desarrollar su funcionalidad a largo plazo.

Las Universidades públicas, como centros de enseñanza, de docencia y de investigación, tienen la responsabilidad de transferir el compromiso con la igualdad, como principio informador y valor social,