Juan Montero Aroca

Encuadernado en rústica semirrígida y con cubierta gris. Edición de 1982.

Encuadernación: Rústica semirrígida plastificada y cubierta gris. Edición de 1990.

La presente obra constituye una exposición de los temas de derecho procesal, contestando al programa de oposiciones a ingreso en las carreras Judicial y Fiscal, persiguiendo una uniformidad en cuanto al tiempo de exposición que el examen oral exige, sin renunciar al contenido y rigor científico necesarios. Se incluyen esquemas para facilitar la memorización y exposición del temario.

D. Juan Montero Aroca, catedrático de derecho Procesal en la Universitat de València, y D. José Flors Matíes ambos magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de de la Comunidad Valenciana, nos ofrecen en esta obra un pormenorizado análisis, de carácter eminentemente práctico, de los procesos de ejecución. El artículo 117.3 de la Constitución Española dictamina que el ejercicio de la potestad jurisdiccional se manifiesta tanto en el juzgar como en el hacer ejecutar lo juzgado. Con ello, además de poner de manifiesto que la jurisdicción no se limita a declarar o decir el derecho, evidencia el que es el esquema conceptual que podemos considerar más sencillo y lógico: Primero se declara el derecho (proceso de declaración) y luego se procede a su ejecución (proceso de ejecución). Este esquema es el que se descubre en el índice de cualquier código procesal civil o ley de enjuiciamiento civil cuando, aparte de las disposiciones generales, regula, primero, los procesos declarativos para atender, después, a la que puede llamar ejecución forzosa pero que, con mejor técnica procesal, debería denominarse procesos de ejecución. El operador jurídico encontrará en esta obra toda la jurisprudencia extractada ilustrando la información más completa y autorizada sobre la actuación posterior a la sentencia. Al final de la obra el profesional puede encontrar un anexo con los todos los Formularios, que simplificarán su tarea. Su carácter práctico y la autoridad de sus autores convierten este tratado en un punto de referencia imprescindible en la práctica jurídica.

Actualizado a Diciembre de 2003 incluyendo las Leyes Orgánicas 15/2003 y 13/2003.

Incluye ley de juicios rápidos.

Siguiendo los artículos de la Ley de Procedimiento Laboral se ofrece en esta obra: Una explicación clara y concisa de cada uno de ellos que permite su comprensión. Una rigurosa selección de las sentencias que los han interpretado y Los formularios necesarios que complementan el sentido y son necesarias para la adecuada aplicación de cada norma.

Esta segunda edición debe calificarse en sentido estricto de actualizada. Aunque el libro se presenta de modo más autónomo que antes- y de ahí la desaparición del subtítulo- no se produce una verdadera alteracion en los conceptos, al no haberse modificado los que constaban en la primera, sin perjuicio de necesarias adecuaciones en aspectos concretos. La actualizacion se ha centrado en ir añadiendo la jurisprudencia, a veces simplemente de modo acumulado a la ofrecida en la edicion anterior y a veces sustituyendo viejas sentencias por otras mas recientes. El proposito ha sido, no tanto reiterar sentencias sobre lo que de Derecho civil tiene el libro, aunque hay un esfuerzo manifiesto en esa direccion, cuanto ofrecer todo lo existentehasta el momento en la interpretacion del nuevo procedimiento regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre la formacion del inventario y sobre liquidacion del regimen economico matrimonial. Se ha interpretado ser completo para ofrecer todo lo existente sobre como han ido interpretando los tribunales los articulos 806 a 810 de la LEC.

Ley de enjuiciamiento civil, 1/2000 de 7 de enero.

En la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 el juicio más necesitado de tratamiento doctrinal y atención práctica es, sin duda, el juicio verbal, pues los artículos 437 a 447 son manifiestamente insuficientes para una regulación completa y para dar solución a todos los problemas que se suscitan en su aplicación.El presente libro es el resultado del esfuerzo de reescribir el Derecho procesal con la atención puesta en el juicio verbal. En ese esfuerzo:1.º) Se ha estudiado el juicio verbal que debemos considerar también juicio ordinario, que es el que se determina por la cuantía.2.º) Se ha atendido también a las doce materias que se reconducen al juicio verbal, sin atender a la cuantía, lo que ha supuesto estudiar todas y cada una de las especialidades que se encuentran, bien en la propia LEC, bien fuera de la misma como procesos especiales extravagantes.Desahucio. Precario. Interdictos (adquirir, retener, recobrar, obra nueva, obra ruinosa). Efectividad de derechos reales inscritos. Alimentos. Acción de rectificación. Venta de bienes muebles a plazos. Arrendamiento financiero. Acción de cesación. Calificación registral.3.º) Todo lo anterior se integra en un tratamiento de las instituciones procesales generales vistas desde la perspectiva del juicio verbal, con el ánimo de que el libro sea un verdadero tratado sobre este juicio, de modo que no sea necesario acudir a otros libros para atender a esas instituciones generales.

En esta obra se ofrece una visión completa de la prueba en el proceso civil, y se hace pretendiendo aunar profundidad, claridad expositiva y atención monográfica respecto de los múltiples aspectos concretos. Se atiende por ello tanto a las cuestiones de siempre (a los temas que se repiten desde siempre, pero que siguen siendo imprescindibles) como a aquellas que podemos considerar más actuales (las que la práctica ha ido exigiendo que se sean estudiadas), y se hace ahora, una vez más, con un aumento importante de páginas sobre las ediciones anteriores. Cada edición ha ido significando una profunda revisión y ampliación del libro anterior.

En 1962 publicó Díez-Picazo un artículo titulado El negocio jurídico del Derecho de Familia (en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, XLIV) en que pretendió dar entrada en esta parcela del Derecho privado a los efectos propios de la autonomía de la voluntad. Hubo que esperar unos años hasta que la Constitución de 1978 abriera el camino para esa autonomía, en el que dio el paso fundamental la Ley 30/1981, de 7 de julio, al reformar la regulación del matrimonio y, en lo que ahora nos importa, la nulidad, la separación y el divorcio y, sobre todo, los efectos comunes a los mismos.