Manuel Jaén Vallejo

Los autores de esta obra, en el marco de una posición cercana al conocimiento del proceso de la reforma penal operada por las Leyes Orgánicas 1 y 2 de 2015, ofrecen una amplia panorámica de las principales modificaciones que aquellas introducen en el Codigo Penal vigente de 1995, en una adecuada sintesis que comprende tres capitulos, uno dedicado a la parte general, otro a la parte especial (incluidos aqui los delitos de terrorismo), y un tercer capitulo dedicado a los nuevos delitos leves, incluyendo un estudio comparativo con las derogadas faltas. Los autores pretenden asi contribuir al mejor conocimiento del alcance de la reforma penal, en vigor desde el 1 de julio de 2015, por los profesionales del derecho penal, especialmente jueces, fiscales y abogados, que han de afrontar a partir de esa fecha la tarea de su aplicacion en sus respectivos escritos, ciertamente con un estrecho margen de tiempo, por la reducida vacatio de las referidas leyes organicas. La reforma representa una extensa revision del Codigo Penal, veinte años despues desde su entrada en vigor, en la conciencia de que el transcurso del tiempo y las demandas sociales evidenciaban la necesidad de llevar a cabo determinadas modificaciones de nuestra ley penal, muchas de ellas impuestas por los compromisos internacionales, por la necesidad de dar una contundente y eficaz respuesta a la gravisima amenaza que para el Estado de Derecho representa el terrorismo de corte yihadista, y de hacer frente al preocupante fenomeno criminal de la corrupcion, que tanto daño hace al Estado democratico de Derecho y que exige una respuesta contundente que rechace las practicas corruptas y permita recuperar la confianza de todos los ciudadanos en la Administracion publica y los servidores publicos.

En esta nueva obra, los autores dedican su estudio a diversos aspectos relacionados con la corrupción, uno de los más preocupantes fenómenos criminales, que tanto daño hace al Estado democrático de Derecho, especialmente si tiene lugar en el sector publico, pues en tal caso pueden llegar a producirse decisiones politicas condicionadas o motivadas por razones diferentes al interes general, unico que debe guiar siempre la actuacion de los gestores publicos, afectando asi al propio sistema institucional. La corrupcion exige una respuesta firme y eficaz, que rechace con toda continencia las practicas corruptas y permita recuperar la confianza de todos los ciudadanos en la Administracion y los servicios publicos, siendo la recuperacion de activos una de las prioridades en la politica criminal moderma.La transparencia, una extraordinaria medida anticorrupcion, la implementacion de las recomendaciones tanto del Grupo Anticorrupcion de la OCDE como del Grupo de Estados contra la corrupcion del Consejo de Europa (GRECO), que confirma el compromiso de España frente a la corrupcion en el marco de la cooperacion internacional, la mejora de la responsabilidad penal de las personas juridicas, aplicable incluso a partidos politicos, el endurecimiento de las penas previstas para los delitos contra la Administracion Publica y del regimen de financiacion de los partidos politicos, con prevision incluso de posible responsabilidad penal, la nueva regulacion del decomiso y su complemente, el proceso de decomiso autonomo, que permitira hacer realidad el principio de que el delito nunca compense a su autor y, en fin, la Oficina de Recuperacion y Gestion de Activos, regulada en el Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, permiten confirmar los avances legislativos que, contra la corrupcion, se han producido en España en los ultimos años.

La obra contiene una abundante información sistematizada sobre la vigente doctrina penal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en cuestiones esenciales de parte general y en cuestiones relacionadas con los delitos en particular. Contribuye así al conocimiento de dicha doctrina penal para los profesionales del Derecho penal.

El presente trabajo ofrece una panorámica o crónica de la jurisprudencia constitucional penal, con especial referencia a las cuestiones más importantes referentes a las garantías procesales (art. 24 de la Constitución), tratadas en los últimos años por el Tribunal Constitucional, máximo interprete de la Constitución, y por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Este libro contiene, resumidas, las sentencias del Constitucional vinculadas con el derecho penal material, procesal penal y administrativo sancionador, correspondientes al año 2000. Cada sentencia se encabeza con todos sus datos y, a lo largo del libro, se destacan sumarios con algunas de las declaraciones mas importantes del Tribunal Constitucional.

Este libro contiene los resúmenes de las Sentencias del Tribunal Constitucional vinculadas con el derecho penal, procesal-penal y administrativo-sancionador, correspondientes al año1999. Cada Sentencia incluye un encabezamiento con todos sus datos y a lo largo de todo el libro se destacan sumarios con algunas de las declaraciones más importantes del Tribunal Constitucional. Los índices que comprende el libro, de disposiciones de la Constitución, analítico alfabético, y cronológico de Sentencias, facilitan las consultas que necesiten hacer tanto los profesionales del Derecho, como los estudiantes de la Licenciatura de Derecho y otros interesados en general. Se trata de un libro de indudable interés práctico, que facilita el necesario conocimiento de la doctrina del Tribunal constitucional en materia tan importante como es la Justicia Penal.

os autores de esta obra, en el marco de una posición cercana al conocimiento del proceso de la reforma procesal penal operada por la Ley Orgánica 13/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantias procesales y la regulacion de las medidas de investigacion tecnologica, y por la Ley 41/2015, de modificacion de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilizacion de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantias procesales, ofrecen una amplia panoramica de las principales modificaciones que aquellas introducen en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, en una adecuada sintesis, que comprende siete capitulos, referidos a las siguientes materias: estatuto juridico de investigado; estatuto de la victima del delito (Ley 4/2015, de 27 de abril); medidas de agilizacion de la justicia penal; recuperacion de activos procedentes del delito; segunda instancia en el proceso penal, casacion y revision; medidas de investigacion tecnologica; y otras modificaciones, como las referidas al procedimiento para el juicio sobre delitos leves.Aunque queda pendiente, por el momento, el inicialmente anunciado cambio radical del sistema de justicia penal, con las reformas ahora aprobadas se da un paso importante hacia la deseada y necesaria transformacion del proceso penal en el marco de una nueva organizacion judicial.

Los autores de esta obra, en el marco de una posición cercana al conocimiento del proceso de la reforma penal operada por las Leyes Orgánicas 1 y 2 de 2015, ofrecen una amplia panorámica de las principales modificaciones que aquellas introducen en el Codigo Penal vigente de 1995, en una adecuada sintesis que comprende tres capitulos, uno dedicado a la parte general, otro a la parte especial (incluidos aqui los delitos de terrorismo), y un tercer capitulo dedicado a los nuevos delitos leves, incluyendo un estudio comparativo con las derogadas faltas. Los autores pretenden asi contribuir al mejor conocimiento del alcance de la reforma penal, en vigor desde el 1 de julio de 2015, por los profesionales del derecho penal, especialmente jueces, fiscales y abogados, que han de afrontar a partir de esa fecha la tarea de su aplicacion en sus respectivos escritos, ciertamente con un estrecho margen de tiempo, por la reducida vacatio de las referidas leyes organicas. La reforma representa una extensa revision del Codigo Penal, veinte años despues desde su entrada en vigor, en la conciencia de que el transcurso del tiempo y las demandas sociales evidenciaban la necesidad de llevar a cabo determinadas modificaciones de nuestra ley penal, muchas de ellas impuestas por los compromisos internacionales, por la necesidad de dar una contundente y eficaz respuesta a la gravisima amenaza que para el Estado de Derecho representa el terrorismo de corte yihadista, y de hacer frente al preocupante fenomeno criminal de la corrupcion, que tanto daño hace al Estado democratico de Derecho y que exige una respuesta contundente que rechace las practicas corruptas y permita recuperar la confianza de todos los ciudadanos en la Administracion publica y los servidores publicos.

El autor, en la presente obra, mostrando una especial preocupación por los principios y garantías, tanto del derecho penal, como del proceso penal, eso es, de la justicia penal en general, en la que confluyen aspectos esenciales de la filosofía jurídica y del derecho constitucional, pone de relieve el efecto irradiante que ejerce la constitución sobre el sistema penal, algo que deben tener bien presente los profesionales del Derecho en el ejercicio cotidiano de su actividad.

Ante la buena acogida que ha tenido su obra sobre La recuperación de activos frente a la corrupción, los autores presentan esta segunda edición, actualizada y ampliada. La obra está dedicada al estudio de diversos aspectos relacionados con la corrupcion,

En este nuevo libro sobre el Derecho Penal Aplicado, Parte Especial, los autores examinan delitos de muy diferente naturaleza, aunque todos ellos referidos a intereses con una indudable dimensión colectiva, algunos de especial relevancia practica y dogma

En este nuevo libro, sus autores, expertos operadores jurídicos de la jurisdicción penal, desde una perspectiva novedosa que toma en cuenta la aplicación de los diferentes tipos penales a casos concretos, ofrecen un amplio estudio de una de las partes mas importantes del Codigo penal, la referida a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconomico, muchos de ellos comprendidos en el llamado derecho penal economico, una de las especialidades de mayor actualidad, por su relevancia dogmatica y practica, del derecho penal moderno. Para ello, aparte de manejar una amplia bibliografia sobre las diferentes materias, toman muy en cuenta la doctrina de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el mas alto organo de la jurisdiccion ordinaria, llamada a garantizar la unidad del orden juridico y la efectividad de los principios de seguridad juridica y de igualdad en la aplicacion de la ley penal, e incluso cierta jurisprudencia menor, de relevancia para la comprension de determinados delitos, que permitira contar, sin duda, a quienes se aproximen a la tarea de aplicacion, o simple conocimiento, de los delitos a los que se refiere la obra, que son los que mayor actividad generan en la jurisdiccion penal, con una informacion muy util para la concrecion de los tipos penales de cada uno de los delitos examinados, que es la principal tarea de la dogmatica de la parte especial del derecho penal. Delitos tradicionales, como el hurto, el robo, la apropiacion indebida, los daños y la estafa, asi como otros delitos de mas reciente aparicion en el panorama legislativo penal, en ocasiones derivados de la necesidad de transposicion de Directivas de la Union Europea o de otros compromisos internacionales, e incluso no pocas veces especialmente vinculados con las actividades de las empresas, como es el caso de los delitos de alteracion de precios en concursos y subastas publicas, contra la propiedad intelectual e industrial, descubrimiento y revelacion de secretos de empresa, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, abuso de informacion privilegiada en el mercado de valores, corrupcion en los negocios, delitos societarios o el blanqueo de capitales, entre otros, son objeto de un profundo estudio, para facilitar asi su mejor conocimiento y aplicacion.

El principio de legalidad, uno de los principales símbolos del Estado de Derecho y con un indudable fundamento democrático en el derechointerno, sufre una importante reducción de significado como consecuencia de su internacionalización, aunque ello ha representado uno de los instrumentos en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra la humanidad, permitiendo alcanzar resultados justos, pero afirmando para ello la retroactividad de la jurisprudencia desfavorable (caso de los «disparos del Muro de Berlín»: STC alemán de 3-11-1992), la aplicación de una ley previa legítima según el derecho internacional (caso «Streletz, Kessler y Krenz»: STEDH de 22-3-2001), o privando de todo efecto a leyes que incluso habían sido declaradas constitucionales por la Corte Suprema (caso «Simón»: SCS de Argentina de 14-6-2005). La necesidad de evitar la impunidad de fenómenos criminales como los anteriores, sometidos a través del aparato del Estado, ha llevado a la doctrina a elaborar diversos conceptos que permiten la reducción de garantías delprincipio de legalidad, desde la fórmula de la «intolerabilidad» (Radbruch), a conceptos más modernos, tales como el del «derecho penal de enemigo» (Jakobs), o el de la «cuarta vía del derecho penal» (Naucke), pero resulta altamente preocupante que esta situación acabe extendiéndose a todo el derecho penal, es decir, también al derecho penal interno de cada país. En este sentido, es inquietante que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya admitido como fuente del derecho penal el derecho no escrito y la jurisprudencia, olvidando que en la tradición del derecho continental el derecho penal debe ser un derecho legislado y que, por tanto, la ley debe ser la única fuente del derecho penal. La existencia actual del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998), que es expresión precisamente de los esfuerzos internacionales de codificación del estado actual de la conciencia jurídica universal, permite preguntarse si es necesario seguir manteniendo