MANUEL JOSE TEROL BACERRA

Este libro recoge las Actas del VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, del 3 al 5 de diciembre de 2003. El resultado es una revision detallada, sistematica y puesta al dia de todos los temas clasicos del Derecho Constitucional para dar respuesta a los nuevos retos que plantea la realidad actual.

Estudio sobre el conflicto de competencias entre el estado y las comunidades autonomas en lo referente a espacios naturales protegidos y medio ambiente, teniendo en cuenta las sentencias pronunciadas por el tribunal constitucional al respecto.

Este trabajo pretende acometer de manera sistemática la variada gama de cuestiones que se suscitan en torno al conflicto positivo de competencia, uno de los procedimientos constitucionales que ha dado lugar al desarrollo legislativo de esta ultima atribucion del Tribunal Constitucional contemplada en el art. 161.1 c) de la Constitucion. Ha sido la Ley Organica del Tribunal Constitucional la que ha concluido por configurarlo como un instrumento para la solucion del genero de controversias competenciales que enfrentan a Estado y Comunidades Autonomas, o a estas entre si, a causa de una disposicion, resolucion o acto sin fuerza de ley, que se convierte en objeto del juicio que efectua el Tribunal con la finalidad de determinar a que contendiente pertenece la titularidad de la competencia. Se tiene presente en todo momento en el analisis del estudio la jurisprudencia constitucional relativa al tema.

Veinticinco años han transcurrido desde el 26 de septiembre de 1979 hasta el momento en que redactan estas líneas. Valga la presente publicación, cuya pretensión modesta es la de familiarizar a los estudiantes de Derecho con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como homenaje a lo que ha significado para España, durante todos estos años, el Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Todo ese tiempo hace que dicha norma forma parte del ordenamiento español y, corno es natural, eso ha permitido su invocación ante la Administración o las Administraciones Públicas, la jurisdicción ordinaria y aun la Constitucional, además de su consiguiente aplicación portales instancias, para concluir, acaso invocándose ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos nació pertrechado de aquella jurisdicción, según la redacción original de su art. 19, para "asegurar el respeto de los compromisos que resultan para las Altas Partes Contratantes del presente Convenio", así como de los instrumentos procesales adecuados para que pudiese acceder a ese Tribunal quienes se considerasen víctimas de una violación de los derechos reconocidos en el Convenio, por una de las Altas Partes Contratantes...