María Antonia Castro Argüelles

El presente estudio aborda el análisis de las distintas formas de contratación del trabajo que pueden presentarse como "alternativas" a la formula típica del contrato de trabajo: los llamados contratos de actividad; la contrata y subcontrata, la franquicia, la concesión, el factoring; así como las distintas fórmulas de colaboración entre profesionales. Estas formas de contratación han cobrado un mayor protagonismo en los últimos tiempos como consecuencia de los fenómenos de descentralización productiva. De ahí la oportunidad de esta obra, en la que se lleva a cabo un estudio exhaustivo del régimen jurídico de esas formas contractuales, los problemas de delimitación conceptual que presentan (los contratos de actividad) frente a otras formas de contrato -especialmente frente al contrato de trabajo- y las implicaciones laborales que pueden suscitar en tanto dan lugar a relaciones contractuales que, al desenvolverse en un mismo ámbito empresarial que las relaciones laborales, están estrechamente interrelacionadas. El estudio se completa con una referencia a las particularidades que puede presentar la ejecución de algunos de estos contratos en el sector público y su delimitación frente a otras figuras reguladas por el Derecho Administrativo

El presente estudio analiza los distintos aspectos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. A partir de una presentación general de la Ley, se lleva a cabo una identificación detallada de su contenido y estructura y una exposición crítica de las categorías y definiciones básicas que la misma incorpora. Se presta especial atención a los aspectos más relacionados con el trabajo y el empleo, a los mecanismos de tutela de la igualdad y frente a la discriminación por razón de sexo y, en particular, a las novedades en materia de conciliación de la vida familiar y laboral. También se aborda el tratamiento que deba darse a partir de esta Ley a fenómenos como la violencia de género o el acoso sexual, así como a la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en el terreno más particular del empleo público, atendiendo a la proyección en este ámbito de las nuevas reglas sobre conciliación de la vida familiar y laboral. Todo ello mediante un examen pormenorizado del articulado de la Ley y de las concretas reformas introducidas en la legislación laboral, procesal y de Seguridad Social.