Pablo Lanzarote Martínez

Se trata, en primer lugar, de analizar y, esencialmente, concluir, si el Ministerio Fiscal, actualmente, está en condiciones de asumir, con plenas garantías de objetividad e imparcialidad, las funciones que en nuestro ordenamiento jurídico le corresponde cumplir tanto desde el punto de vista de los cometidos que a día de hoy le están atribuidos como desde el punto de vista de las funciones que en un futuro, más o menos inmediato, le puedan ser otorgadas. En segundo lugar, se analizan los filtros y mecanismos que pueden ser utilizados como contrapesos eficaces para mitigar la actual dependencia gubernamental de la Institución y las garantías que pueden establecerse para la consecución de un Fiscal más autónomo en el ejercicio diario de sus funciones, tanto actuales como, especialmente, desde el punto de vista de las que le puedan ser otorgadas de lege ferenda.

PROL. DE ANTONIO DEL MORAL GARCIA

Según las estadísticas oficiales, los delitos de tráfico (de riesgo y de resultado) representan anualmente y desde hace muchas décadas en torno al 30% del volumen total de la criminalidad en nuestro pais. Desde siempre este tipo de delitos han venido planteando numerosos interrogantes que han recibido encontradas respuestas en la doctrina y en la jurisprudencia, provocando con ello una desigual aplicacion de la Ley penal.Tradicionalmente esta situacion se veia agravada por la dificultad de acceso de estos delitos a la funcion unificadora de doctrina que el Tribunal Supremo cumple a traves del recurso de casacion. Con la reforma de la LECrim por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, este inconveniente ha sido en gran parte resuelto, al permitirse ahora que el Alto Tribunal pueda pronunciarse sobre numerosas cuestiones que resultan esenciales para la aplicacion de los delitos relacionados con el trafico de vehiculos. El ultimo ejemplo ha sido la reciente STS 421/2020, de 22 de julio, sobre imprudencia.La presente monografia tiene por objeto analizar todas las resoluciones que hasta la fecha han sido dictadas por la Sala II del Tribunal Supremo para la unificacion de doctrina en el ambito de los delitos de trafico, asi como otras cuestiones controvertidas pendientes todavia de unificacion, incluyendo algunas sobre las que no se ha dictado aun pronunciamiento judicial por lo reciente de la ultima reforma del Codigo Penal en materia de imprudencia y del nuevo delito de abandono del lugar del accidente (LO 2/2019, de 1 de marzo) pero que, sin duda, resultaran polemicas.