Dir. Rafael Barranco Vela ; Coords. Leonardo J. Sánchez-Mesa Martínez, Giuseppe Piperata. La intervención del Derecho y de los Poderes Públicos en el ámbito de la conservación y promoción del Patrimonio cultural goza de precedentes que se remontan bien atras en el tiempo. Los origenes de dicha intervencion #donde la experiencia italiana se presentaria como pionera# y su posterior evolucion se irian viendo impulsados por fines y objetivos bien diversos (intereses de los poderes establecidos, el prestigio social de las elites dominantes, etc.). En la actualidad, en el marco de las sociedades democraticas y bajo los planteamientos del Estado de Derecho, no cabe duda de que el valor esencial que fundamenta la existencia de un regimen sectorial especifico (y de una Administracion competente para la aplicacion del mismo) viene representado por la identificacion, en dicho Patrimonio, de una importante funcion social determinada por su valor como referente imprescindible para la identidad cultural de los pueblos. La propia Ley del Patrimonio Historico Español afirmara en su Preambulo: El Patrimonio Historico Español es una riqueza colectiva que contiene las expresiones mas dignas de aprecio en la aportacion historica de los españoles a la cultura universal. Su valor lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos, porque los bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la accion social que cumplen, directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando. Este es, pues, un criterio crucial que habra de presidir tanto el diseño de la normativa como las acciones puntuales llevadas a cabo por los Poderes Publicos para garantizar la correcta conservacion de dicho Patrimonio y el acceso de los ciudadanos al mismo.