La contratación pública constituye un sector de singular importancia. Por un lado, económica, pues representa alrededor del 18% del PIB de la economía española y europea e implica a los particulares y empresas en la ejecucion de tareas esenciales para la eficacia del funcionamiento del sector publico y de la prestacion de servicios a los ciudadanos. Pero, por otro lado, importancia juridica y social tambien, porque estan en juego valores y principios juridicos esenciales de rango constitucional unos, de Derecho europeo otros, que tratan de salvaguardar las garantias de todos, asi como de incrementar la eficiencia y el control del gasto publico. Es bien conocido que la regulacion de los contratos publicos esta siendo objeto de una constante reforma cuyo ultimo hito esta representado por la aprobacion del nuevo paquete de Directivas de 26 de febrero de 2014; a saber, la Directiva 2014/24/UE, sobre contratacion publica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE; la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicacion de contratos de concesion; y, por ultimo, la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratacion por entidades que operan en los sectores del agua, la energia, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (todas ellas publicadas en el Diario Oficial de la Union Europea L94, de 28 de marzo de 2014). En este dificil y cambiante escenario, se hace imprescindible reflexionar acerca de las novedades que se plantean (presente) y de los retos que quedan por afrontar (futuro). Con esta obra se quiere contribuir al debate entorno a estas cuestiones y aportar soluciones e ideas que ofrezcan algo de luz a los diversos operadores juridicos, administrativos y economicos implicados. Se ha contado para ello con algunos de los mas reconocidos expertos en el ambito de la contratacion publica, tanto españoles como extranjeros, provenientes unos del mundo academico y otros del profesional, lo que garantiza la pluralidad de perspectivas y una mayor profundidad de analisis.
La presente monografía, en esta segunda edición revisada y puesta al día tanto desde el punto de vista legislativo, como jurisprudencial y doctrinal, analiza con detalle las concesiones de dominio público desde una perspectiva de teoría general. Este tipo de concesión puede parecer desprovisto de la necesaria unidad para ser aplicado a los variados bienes que conforman el demanio. La significada heterogeneidad de éstos, la variedad de los problemas que respecto de cada uno se suscitan, la necesidad de que la concesión dé respuesta cumplida a las exigencias propias de cada bien (ambientales, económicas, etc.), se han proyectado sobre la propia figura que, en la práctica, perdió la única regulación unitaria que durante más de un siglo tuvo en nuestro Derecho. Y, sin embargo, en todas las concesiones demaniales cabe descubrir e identificar algunos principios básicos de régimen jurídico comunes, cuyo análisis se aborda en profundidad: naturaleza del título, adjudicación, caracteres fundamentales del derecho otorgado, transmisibilidad, extinción. De ahí que sea posible afirmar que la concesión de dominio existe como figura unitaria, con unos contornos suficientemente precisos y un régimen jurídico básico común, aunque dicho régimen no agote toda la regulación. Este orden de ideas ha venido a confirmarse por la nueva Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, donde se contiene al fin el esperado régimen jurídico general de la concesión de dominio público.
La presente monografía analiza con detalle las concesiones de dominio público desde una perspectiva de teoría general. Este tipo de concesión puede parecer desprovisto de la necesaria unidad para ser aplicado a los variados bienes que conforman el demanio. La significada heterogeneidad de éstos, la variedad de los problemas que respecto de cada uno se suscitan, la necesidad de que la concesión dé respuesta cumplida a las exigencias propias de cada bien (medioambientales, económicas, etc.), se han proyectado sobre la propia figura que, en la práctica, perdió la única regulación unitaria que durante más de un siglo tuvo en nuestro Derecho (Ley de Obras Públicas de 1877). Y, sin embargo, en todas las concesiones demaniales cabe descubrir e identificar algunos principios básicos de régimen jurídico comunes, cuyo análisis se aborda en profundidad: naturaleza del título, adjudicación, caracteres fundamentales del derecho otorgado, transmisibilidad, extinción. De ahí que sea posible afirmar que la concesión de dominio existe como figura unitaria, con unos contornos suficientemente precisos y un régimen jurídico básico común, aunque dicho régimen no agote toda la regulación. Este orden de ideas ha venido a confirmarse por la nueva Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, donde se contiene al fin el esperado régimen jurídico general de la concesión de dominio público.