SARA AGUADO LOPEZ

El fenómeno del fraude electrónico ha irrumpido con fuerza en los últimos años en el contexto económico actual. Aunque está lejos de la realidad imaginar una sociedad perfecta en la que el fraude no exista, si resulta en cambio posible potenciar mecanismos que el derecho preve o incluso formular soluciones que puedan ser implementadas para minimizar los riesgos que el fraude lleva aparejado. Por su condicion de objetivos prioritarios de estos comportamientos antisociales, los principales beneficiarios de ello seran, sin duda, las entidades de credito y sus usuarios. Tambien el resto de la sociedad ya que, como no puede ser de otra forma, la seguridad en las transacciones y en los flujos de capital en general, repercute positivamente en el conjunto de la economia de un pais. En este escenario, surge este estudio monografico sobre fraude electronico en el entorno bancario. Para el mismo, se ha contado con una cuidada seleccion de profesionales con una solida trayectoria en sus respectivos ambitos. Su extraccion es muy diversa: unos provienen de la Universidad, otros pertenecen a la Fiscalia, a la Abogacia o son expertos en seguridad bancaria. El enfoque multidisciplinar del estudio realizado convierte a esta obra en una referencia en su campo y en texto de obligada consulta para quienes tengan que enfrentarse a las consecuencias juridicas del fraude electronico en cualquiera de sus facetas.

La multirreincidencia y la conversión de faltas en delito: Problemas constitucionales y alternativas político-criminales La Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de "medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia domestica e integracion social de los extranjeros", introduce en el Codigo penal la multirreincidencia (art. 66.5) y la conversion de faltas en delito (arts. 147.1, 234 y 244.1) con la finalidad, declarada en su propia Exposicion de Motivos, de fortalecer la seguridad ciudadana frente a la delincuencia reiterada o profesionalizada. La recuperacion de estas medidas, que conllevan una notable agravacion de las penas, ha reabierto un debate en nuestra sociedad sobre la necesidad y eficacia de las mismas para luchar contra la recaida en el delito. Conscientes de la importancia de este problema, se dedica este trabajo a analizar esta opcion, elegida por el legislador, de agravar las penas, desde el punto de vista de las garantias y principios constitucionales, y tambien se estudian las posibles alternativas politico-criminales.

La decisión del legislador de recuperar el delito de corrupción de menores ha suscitado una polémica sobre la necesidad del mismo. De ahí que, el principal ,mérito de este trabajo sea adr respuesta a la cuestion de si la tipificacion del delito de corrupcion es necesaria para proteger al menor en el ambito sexual o simplemente se trata de un precepto simbolico. La cuestion no es facil de resolver pues, al no respetar en su redaccion el principio de taxatividad, hay que hacer verdaderos esfuerzos de interpretacion para descubrir la conducta castigada en este delito. De todo ello, en este trabajo se hace un analisis exhaustivo, especialmente dle tipo de injusto, manejando la doctrina y la jurisprudencia existente.

El Código Penal incluye entre los delitos contra los derechos de los trabajadores conductas que infringen normas relativas a la seguridad de éstos y comportan grave peligro para su vida, salud o integridad fisica (arts. 316 y 317). Lamentablemente estamos ante un tema de actualidad, con trascendencia en la medida en que la infraccion de las aludidas normas da lugar a la efectiva lesion o muerte de uno o varios trabajadores. De lo dicho cabe concluir que la actualidad no deriva del hecho de la propia inobservancia de las normas sobre seguridad en el trabajo, sino de la consecuencia fatal que dicha inobservancia produce.