Tomás Cobo Olvera

bienes y derechos de los ciudadanos, debiendo indemnizarlos por los daños sufridos. La configuración del daño y su correlativa indemnización se lleva a cabo analizando el concepto de lesión, el funcionamiento de los servicios públicos, el nexo causal, la cuantificación de la indemnización y la prescripción del derecho a reclamar, entre otras cuestiones.La presente edición, se ha adaptado a las leyes 39/2015 y 40/2015, normas que en la actualidad regulan, la primera, el procedimiento administrativo común y, la segunda, la responsabilidad patrimonial del Sector Público. Se destaca la modificación del procedimiento administrativo en relación con la responsabilidad patrimonial; se ha derogado el Reglamento que regulaba la tramitación de este tipo de procedimientos y se ha determinado que el procedimiento es el general, con algunas particularidades, que la propia Ley 39/2015 recoge.La obra gira en torno al procedimiento a seguir frente a la Administración, con unos formularios que sirven de apoyo en su tramitación. Se examina en detalle el régimen a seguir, determinando cuándo responde la Administración y cuándo los contratistas o concesionarios. La concurrencia de culpas en la producción de daños es otra de las cuestiones a la que se dedica especial atención en esta monografía.

La ignorancia del ser humano cin asiduidad consigue aniquilarlo. En el cerebro, en la franja reservada a atesorar la sabiduría, hospedamos parvos conocimientos; operan tantos, que únicamente una nimia dosis la registramos, cuando asoma la fortuna de ilustrarse. Subsisten hombres que, ante la carencia de oportunidades, conservan aun mas esa zona de la mente....

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La obligación de resolver los procedimientos administrativos impuesta a la Administración pública es contradictoria con la figura del silencio administrativo. La obligación jurídica impuesta a la Administración se elimina de forma sustancial al buscar un sustitutivo (el silencio) cuando se incumple con aquella obligación de resolver de forma expresa. No obstante, el instituto del silencio administrativo tiene carta de naturaleza en nuestro sistema legal, razón por la cual es necesario conocer el criterio legal, doctrinal y jurisprudencial del mismo.

El presente Código ofrece una recopilación de la normativa estatal en materia de régimen local, en unos casos con el carácter de exclusiva, en otros básica o supletoria. Podemos destacar las siguientes disposiciones, sin perjuicio de otras de carácter reglamentario que también aparecen recogidas: Constitución Española. Carta Europea de Autonomía Local. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. Decreto de 17 de junio de 1955, Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, Régimen Electoral General. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Ley 30/1984, de 2 de agosto, Reforma de la Función Pública. Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, que desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto básico del empleado público. Los preceptos de las normas contempladas aparecen anotados y concordados con referencia selectiva a disposiciones que

El régimen sancionador previsto en la Ley 30/1992, y en el RD 1.395/1993, de 4 de agosto, va a ser suficiente para determinar un sistema tipo, que será bastante para transportarlo a cualquier materia sancionadora, sin tener que buscar diferencias inexistentes o inútiles. El autor analiza los principios del procedimiento sancionador, que son de obligado cumplimiento al venir exigidos no sólo en las leyes ordinarias, sino también en la Constitución: garantía del procedimiento, derechos del presunto responsable, audiencia, etc. La obra va acompañada de los correspondientes formularios y queda avalada con la doctrina y jurisprudencia que se ha considerado de interés. La nueva edición está justificada por las diversas modificaciones legislativas llevadas a cabo, fundamentalmente en materia de tráfico, aunque la más importante es la relativa a la tipificación de determinadas infracciones y sanciones por los entes locales. En cuanto al procedimiento sancionador se ha incidido en esta edición, entre otras cuestiones, en la legitimación de denunciante, la notificación del trámite de audiencia, caducidad del procedimiento. Asimismo era necesario recoger diversos criterios jurisprudenciales que se ha producido con posterioridad a la publicación de la anterior edición relativos al tema que se trata en esta obra

Dado el tiempo transcurrido desde la 2.ª edición (6 años), era necesaria la actualización. Los contenidos de la obra han sido objeto de una reflexión doctrinal y jurisprudencial consecuencia del transcurrir de los años y de la experiencia acumulada derivada de la aplicación de la Ley. La labor de la doctrina y la jurisprudencia ha provocado que determinadas cuestiones hayan sido aclaradas y algunas dudas disipadas. Entre las cuestiones indicadas merece ser destacado el esfuerzo llevado a cabo para dar al silencio administrativo su verdadero valor como acto finalizador del procedimiento administrativo, al que se le da un tratamiento especial en esta nueva edición. También se hace eco esta edición de los cambios normativos (fundamental el relativo a la legalidad sancionadora), y recoge las sentencias del Tribunal Supremo en recursos de casación en interés de ley por la importancia que las mismas tienen. Son de destacar las que afectan a los arts. 12.2, 58.4, 59.2 y 71 de la Ley. En materia de recursos administrativos se reseñan los ya previstos en la anterior edición y los nuevos contemplados en normas tales como la Ley de Contratos del Sector Público; con referencia a las impugnaciones sobre inactividad de la Administración, vías de hecho o impugnaciones entre Administraciones, al ser en realidad posible la impugnación administrativa previa a la vía judicial.

La LEF supuso un hito histórico en nuestro sistema jurídico. La Ley. pretendió establecer un solo procedimiento común de expropiación forzosa y, con la intención de evitar que se regulara fuera de su texto normativo procedimientos especiales, acogió las singularidades que las necesidades del momento histórico exigían. No obstante, el tiempo transcurrido desde su aprobación, y especialmente el régimen de garantías jurídicas ofrecida al ciudadano por la CE, especialmente en sus artículos 24 y 106.1, la LRJPAC y la LJCA, exigen una reinterpretación de la institución tal y como fue configura en la LEF. De este modo, la LEF de 1954, así como su Reglamento de 1957, han sido superados por disposiciones legales dictadas con posterioridad que, entre otras cosas, han detraído de su marco, en todo o en parte, la regulación de determinadas materias, como por ejemplo las expropiaciones urbanísticas, en materia de propiedad industrial, la responsabilidad patrimonial de la Administración pública, etc. Al mismo tiempo las garantías procedimentales han tenido que ser configuradas atendido a ese nuevo sistema, especialmente por el sometimiento de los actos de las Administraciones al control de legalidad por parte de los Tribunales. La obra se analiza siguiendo la estructura de la LEF de 1954, aunque actualizando cada una de las materias atendiendo a su regulación específica actual, con especial referencia a las garantías procedimentales y con cita de una abundante jurisprudencia en algunas cuestiones por disponer de un amplio abanico de criterios judiciales.

Esta edición del Código de las Haciendas Locales recopila, actualiza, anota y concuerda las disposiciones normativas y reglamentarias más importantes que configuran el régimen de los recursos tributarios de las Entidades Locales, asi como las disposiciones que desarrollan su normativa presupuestaria, contable y catastral.

La obra contempla las disposiciones fundamentales estatales en materia local. Normas que o bien han de aplicarse de forma exclusiva en todo el territorio nacional, o bien tienen carácter básico o supletorio. Muestra de la primera podemos señalar la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, Régimen Electoral General, de la segunda, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de la tercera el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Son muchas las materias que han sido objeto durante los últimos meses de tratamiento normativo que afectan al régimen local: Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, Ley General Tributaria, Ley General Presupuestaria, Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, Ley de Presupuestos del Estado para 2004, Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, etc. etc. Pues bien, el presente código ha abordado además de la actualización concordada de las disposiciones que son objeto del mismo, la adaptación y complementación con aquellas disposiciones, ya que, en algunos casos, su carácter de aplicación exclusiva o básica así lo demandan. La reciente aprobación tan desmesurada de disposiciones legales, como se ha indicado, hace no sólo conveniente la publicación de esta edición del Código, sino necesaria, con el fin de disponer de un texto actualizado en la materia que facilite la labor a todos aquellos que necesitan utilizar la normativa local. 

La notificación de los actos administrativos es requisito para que puedan originar efectos. Sin embargo los actos que reconocen derechos concretos puede ser exigido su cumplimento sin necesidad de la previa notificación. Por otra parte la falta de notificación no autoriza a la Administración sin más a dejar sin efecto el acto. La notificación del acto administrativo o la falta de la misma producen una serie de consecuencias de gran importancia en relación con la prescripción, caducidad, plazo para impugnarlos, etc. Cuestiones todas ellas analizadas en esta obra. Por otra parte, el sistema de notificación de los actos administrativos tiene una regulación legal aceptable. No obstante, la práctica de la misma ha planteado demasiados problemas que en ocasiones son de difícil previsión e incluso adecuada regulación legal. Algunos de esos problemas han tenido debida respuesta por los órganos judiciales y la doctrina, permitiendo tener un criterio adecuado a la finalidad de la notificación o bien disponer de un criterio unificador. Esta problemática se ha detectado fundamentalmente en la practica de la notificación personal, que si bien ha exigido a la Administración esfuerzo en el cumplimiento de los trámites para evitar la notificación edictal, el administrado, no en pocas ocasiones, se ha esmerado en poner trabas para evitar que la misma se lleve a cabo, lo que ha exigido equilibrar las dos posiciones enfrentadas. El presente trabajo, en relación con los temas que trata, pone a disposición del lector los criterios judiciales y doctrinales, así como la opinión del autor en relación a cuestiones no definidas debidamente ni por la normativa ni por la jurisprudencia. Con tal finalidad se hace referencia de las resoluciones judiciales de mayor relevancia y de una doctrina científica básica con el fin de hacer un trabajo eminentemente práctico, que es el propósito de la Colección que se inicia con este libro.

El presente Código ofrece una recopilación de la normativa estatal en materia de régimen local, en unos casos con el carácter de exclusiva, en otros básica o supletoria.

Esta obra tiene por finalidad principal la de facilitar al administrado el mecanismo que ha de utilizar para reclamar la responsabilidad de la Administración; y al agente público el camino por el que ha de ir dirigida su actuación a la hora de resolver un conflicto sobre responsabilidad patrimonial, analizando de forma detallada el procedimiento a seguir: solicitudes y su contenido, pruebas, informes, resoluciones, etc.

Adquisición, utilización y enajenación de los bienes de las entidades locales: (análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial)