Tomás Cobo Olvera

La condición de persona jurídica de los Entes Locales les atribuye un deber inherente a dicha condición: la obligación de defender su patrimonio. La Administración pública puede actuar con imperium en el ejercicio de sus prerrogativas, y ademas como sujeto privado de derecho, en aquellas actuaciones en que carece de dichas prerrogativas. El ejercicio del imperium se manifiesta en que la propia Administracion dicta actos resolviendo ciertos temas que colisionan con intereses de otras Administraciones o de particulares, debiendo estos interponer los recursos correspondientes a efectos de resolver la cuestion decidida por la propia Administracion Local. Pero cuando la Administracion no actua investida de sus prerrogativas, ha de ser ella la que inste a los Tribunales las acciones correspondientes para obtener la satisfaccion que pretende. Pues bien, "La Tutela del Patrimonio de las Entidades Locales" es un profundo analisis del conjunto de mecanismos que el ordenamiento juridico pone a disposicion de los Entes Locales con el fin de proteger su patrimonio. El estudio que la presente obra lleva a cabo de este haz de medios protectores del patrimonio de los Entes Locales, se realiza a traves de las fuentes tradicionales: normativas, doctrinales y jurisprudenciales. El autor sistematiza los medios de tutela con criterios uniformes y objetivos con el fin de facilitar su estudio y consulta. En esta linea divide el trabajo aglutinando los medios de tutela atendiendo a la relacion existente entre ellos: Medios de tutela externos, que hacen referencia a aquellas medidas que pueden tomarse en defensa del patrimonio, desde puntos externos a la propia Entidad Local: Acciones del vecino en defensa del patrimonio local; la intervencion del Estado o Comunidad Autonoma con el mismo fin; o, la necesidad de autorizacion del Estado o Comunidad Autonoma para poder disponer los Entes Locales de sus bienes. Medios que el autor llama blindados, ya que la Ley se encarga de poner trabas a la usurpacion del patrimonio publico: Inembargabilidad, imprescriptibili

La Administración Pública en el ejercicio de sus competencias puede incidir negativamente en los bienes y derechos de los ciudadanos, debiendo indemnizarlos por los daños sufridos. La configuración del daño y su correlativa indemnizacion se aborda en la obra analizando el concepto de lesion, el funcionamiento de los servicios publicos, le nexo causal, la cuantificacion de la indemnizacion y la prescripcion del derecho a reclamar, entre otras cuestiones.Ademas, la obra analiza en profundidad el procedimiento administrativo que debe tramitar la Administracion. Y se incluyen los formularios que sirven de apoyo a dicha tramitacion.En materia sobre responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas, la obra esta plenamente adecuada a las leyes 39/2015 y 40/2015, la primera regulo el procedimiento administrativo comun y, la segunda, la responsabilidad patrimonial del Sector Publico. En la presente edicion, ademas de las necesarias adaptaciones y puestas al dia de la jurisprudencia mas relevante, se ha añadido una tercera parte, en la que se analiza la Ley de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, pero solo en aquellos aspectos que afectan mas directamente a la impugnacion judicial de las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial.

La ignorancia del ser humano cin asiduidad consigue aniquilarlo. En el cerebro, en la franja reservada a atesorar la sabiduría, hospedamos parvos conocimientos; operan tantos, que únicamente una nimia dosis la registramos, cuando asoma la fortuna de ilustrarse. Subsisten hombres que, ante la carencia de oportunidades, conservan aun mas esa zona de la mente....

La Administración Pública en el ejercicio de sus atribuciones puede incidir negativamente en los bienes y derechos de los ciudadanos, debiendo indemnizarlos por los daños sufridos. La configuración del daño y su correlativa indemnizacion se lleva a cabo analizando el concepto de lesion, el funcionamiento de los servicios publicos, el nexo causal, la cuantificacion de la indemnizacion y la prescripcion del derecho a reclamar, entre otras cuestiones.La presente edicion, se ha adaptado a las leyes 39/2015 y 40/2015, normas que en la actualidad regulan, la primera, el procedimiento administrativo comun y, la segunda, la responsabilidad patrimonial del Sector Publico. Se destaca la modificacion del procedimiento administrativo en relacion con la responsabilidad patrimonial; se ha derogado el Reglamento que regulaba la tramitacion de este tipo de procedimientos y se ha determinado que el procedimiento es el general, con algunas particularidades, que la propia Ley 39/2015 recoge.La obra gira en torno al procedimiento a seguir frente a la Administracion, con unos formularios que sirven de apoyo en su tramitacion. Se examina en detalle el regimen a seguir, determinando cuando responde la Administracion y cuando los contratistas o concesionarios. La concurrencia de culpas en la produccion de daños es otra de las cuestiones a la que se dedica especial atencion en esta monografia.

La obligación de resolver los procedimientos administrativos impuesta a la Administración pública es contradictoria con la figura del silencio administrativo. La obligación jurídica impuesta a la Administración se elimina de forma sustancial al buscar un sustitutivo (el silencio) cuando se incumple con aquella obligación de resolver de forma expresa. No obstante, el instituto del silencio administrativo tiene carta de naturaleza en nuestro sistema legal, razón por la cual es necesario conocer el criterio legal, doctrinal y jurisprudencial del mismo.

La notificación de los actos administrativos es requisito para que puedan originar efectos. Sin embargo los actos que reconocen derechos concretos puede ser exigido su cumplimento sin necesidad de la previa notificación. Por otra parte la falta de notificación no autoriza a la Administración sin más a dejar sin efecto el acto. La notificación del acto administrativo o la falta de la misma producen una serie de consecuencias de gran importancia en relación con la prescripción, caducidad, plazo para impugnarlos, etc. Cuestiones todas ellas analizadas en esta obra. Por otra parte, el sistema de notificación de los actos administrativos tiene una regulación legal aceptable. No obstante, la práctica de la misma ha planteado demasiados problemas que en ocasiones son de difícil previsión e incluso adecuada regulación legal. Algunos de esos problemas han tenido debida respuesta por los órganos judiciales y la doctrina, permitiendo tener un criterio adecuado a la finalidad de la notificación o bien disponer de un criterio unificador. Esta problemática se ha detectado fundamentalmente en la practica de la notificación personal, que si bien ha exigido a la Administración esfuerzo en el cumplimiento de los trámites para evitar la notificación edictal, el administrado, no en pocas ocasiones, se ha esmerado en poner trabas para evitar que la misma se lleve a cabo, lo que ha exigido equilibrar las dos posiciones enfrentadas. El presente trabajo, en relación con los temas que trata, pone a disposición del lector los criterios judiciales y doctrinales, así como la opinión del autor en relación a cuestiones no definidas debidamente ni por la normativa ni por la jurisprudencia. Con tal finalidad se hace referencia de las resoluciones judiciales de mayor relevancia y de una doctrina científica básica con el fin de hacer un trabajo eminentemente práctico, que es el propósito de la Colección que se inicia con este libro.

El libro pretende ofrecer una visión global del régimen jurídico del empleo público, realizando un análisis doctrinal y jurisprudencial de las cuestiones que más afectan a la Administración Local, identificando sus problemas y tratando de aportar soluciones a las dificultades derivadas de la aplicacion del Estatuto Basico del EmpleadoPublico al mundo local. Ciertamente, el Empleo Publico local se ha caracterizado por un marco normativo confuso y pendiente de adaptacion, lo que provoca en muchas ocasiones una gran inseguridad juridica para el operador juridico.El presente volumen comprende un estudio sistematico del contenido del Estatuto Basico del Empleado Publico, con una especial atencion a las cuestiones que afectan al Empleo Publico local, de la normativa vigente sobre Funcion Publica en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen Local y en el Texto Refundido de 1986, asi como de la normativa autonomica que sobre esta materia han ido aprobando las distintas Comunidades Autonomas.En la obra participan reconocidos especialistas en materia de empleo publico tanto del ambito universitario, como de la magistratura o de la funcion publica, y pretende constituir una herramienta de utilidad tanto para aquellos que quieran profundizar en la materia, como para quienes tienen la responsabilidad de aplicarla en su vida profesional.

El presente Código ofrece una recopilación de la normativa estatal en materia de régimen local, en unos casos con el carácter de exclusiva, en otros básica o supletoria. Podemos destacar las siguientes disposiciones, sin perjuicio de otras de caracter reglamentario que tambien aparecen recogidas: Constitucion Española. Carta Europea de Autonomia Local. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local. Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Regimen Local. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y Regimen Juridico de las Entidades Locales. Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, Reglamento de Poblacion y Demarcacion Territorial de las Entidades Locales. Decreto de 17 de junio de 1955, Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, Regimen Electoral General. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Ley 30/1984, de 2 de agosto, Reforma de la Funcion Publica. Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas. Ley Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, Reglamento de Regimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administracion del Estado. Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, que desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto basico del empleado publico. Los preceptos de las normas contempladas aparecen anotados y concordados con referencia selectiva a disposiciones que

Dado el tiempo transcurrido desde la 2.ª edición (6 años), era necesaria la actualización. Los contenidos de la obra han sido objeto de una reflexión doctrinal y jurisprudencial consecuencia del transcurrir de los años y de la experiencia acumulada derivada de la aplicacion de la Ley. La labor de la doctrina y la jurisprudencia ha provocado que determinadas cuestiones hayan sido aclaradas y algunas dudas disipadas. Entre las cuestiones indicadas merece ser destacado el esfuerzo llevado a cabo para dar al silencio administrativo su verdadero valor como acto finalizador del procedimiento administrativo, al que se le da un tratamiento especial en esta nueva edicion. Tambien se hace eco esta edicion de los cambios normativos (fundamental el relativo a la legalidad sancionadora), y recoge las sentencias del Tribunal Supremo en recursos de casacion en interes de ley por la importancia que las mismas tienen. Son de destacar las que afectan a los arts. 12.2, 58.4, 59.2 y 71 de la Ley. En materia de recursos administrativos se reseñan los ya previstos en la anterior edicion y los nuevos contemplados en normas tales como la Ley de Contratos del Sector Publico; con referencia a las impugnaciones sobre inactividad de la Administracion, vias de hecho o impugnaciones entre Administraciones, al ser en realidad posible la impugnacion administrativa previa a la via judicial.

PARTE PRIMERABREVE REFERENCIA A LOS PRINCIPIOS DE LA POTESTADSANCIONADORACAPÍTULO 1. Principio de legalidadCAPÍTULO 2. Principio de irretroactividad CAPÍTULO 3. Principio de tipicidad CAPÍTULO 4. Principio de responsabilidadCAPITULO 5. Principio de propor

Parte PrimeraLA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: REQUISITOS MATERIALESCAPÍTULO 1. IntroducciónCAPÍTULO 2. Marco normativo1. Antecedentes2. Regulación actualCAPÍTULO 3. Intervencion de terceros y su incidencia en los efectos de

El presente Código ofrece una recopilación de la normativa estatal en materia de régimen local, en unos casos con el carácter de exclusiva, en otros básica o supletoria.

La LEF supuso un hito histórico en nuestro sistema jurídico. La Ley. pretendió establecer un solo procedimiento común de expropiación forzosa y, con la intención de evitar que se regulara fuera de su texto normativo procedimientos especiales, acogio las singularidades que las necesidades del momento historico exigian. No obstante, el tiempo transcurrido desde su aprobacion, y especialmente el regimen de garantias juridicas ofrecida al ciudadano por la CE, especialmente en sus articulos 24 y 106.1, la LRJPAC y la LJCA, exigen una reinterpretacion de la institucion tal y como fue configura en la LEF. De este modo, la LEF de 1954, asi como su Reglamento de 1957, han sido superados por disposiciones legales dictadas con posterioridad que, entre otras cosas, han detraido de su marco, en todo o en parte, la regulacion de determinadas materias, como por ejemplo las expropiaciones urbanisticas, en materia de propiedad industrial, la responsabilidad patrimonial de la Administracion publica, etc. Al mismo tiempo las garantias procedimentales han tenido que ser configuradas atendido a ese nuevo sistema, especialmente por el sometimiento de los actos de las Administraciones al control de legalidad por parte de los Tribunales. La obra se analiza siguiendo la estructura de la LEF de 1954, aunque actualizando cada una de las materias atendiendo a su regulacion especifica actual, con especial referencia a las garantias procedimentales y con cita de una abundante jurisprudencia en algunas cuestiones por disponer de un amplio abanico de criterios judiciales.

El presente Código ofrece una recopilación de la normativa estatal en materia de régimen local, en unos casos con el carácter de exclusiva, en otros básica o supletoria.

Esta edición del Código de las Haciendas Locales recopila, actualiza, anota y concuerda las disposiciones normativas y reglamentarias más importantes que configuran el régimen de los recursos tributarios de las Entidades Locales, asi como las disposiciones que desarrollan su normativa presupuestaria, contable y catastral.

El presente trabajo aborda un estudio sobre el procedimiento sancionador, considerando aquellos elementos comunes que configuran tanto los principios de la potestad sancionadora como los principios del procedimiento sancionador. Esa es la idea que lleva a denominarlo "El procedimiento sancionador tipo".Abordar un estudio del procedimiento sancionador puede a primera vista llevar al equivoco de entender que quedaria limitado o incompleto, si consideramos que en el marco legal se hallan multiples procedimientos sancionadores atendiendo basicamente a areas materiales diferenciadas.En este sentido, podemos encontrar procedimientos sancionadores en materia tributaria, de trafico, aguas, medio ambiente, etc.Los principios de la potestad sancionadora derivan de la propia Constitucion Española. De los principios del procedimiento sancionador cabe concluir en el mismo sentido, pues son de obligado cumplimiento al venir exigidos no solo en las leyes ordinarias, sino tambien en la Constitucion: garantia del procedimiento, derechos del presunto responsable, audiencia, etc.Quiza donde podamos encontrar mayor diferencia entre los distintos procedimientos sancionadores, sea en las fases a cumplimentar necesariamente para poder imponer una sancion, en las que, respetando los principios de la potestad sancionadora y los principios del procedimiento sancionador, es posible una regulacion diferente para cada materia objeto de sancion. Pero esta posibilidad no suele llevarse a la practica. Es suficiente dar un somero repaso a las distintas normas que regulan las fases procedimentales, para observar la veracidad de nuestras palabras.Todo lo expuesto viene a poner de manifiesto que el regimen sancionador previsto en la Ley 30/1992, y en el RD 1395/1993, de 4 de agosto (base de este estudio), va a ser suficiente para determinar un sistema tipo, que sera suficiente para transpolarlo a cualquier materia sancionadora, sin tener que buscar diferencias inexistentes o inutiles.No obstante, se debe advertir que el procedimiento sobre trafico y seguridad vial ha sido objeto ultimamente por el legislador de un apartamiento del procedimiento general, razon por la cual se hace una referencia en este trabajo, aunque sea somera.

La Administración Pública en el ejercicio de sus atribuciones puede incidir negativamente en los bienes y derechos de los ciudadanos, debiendo indemnizarlos por los daños sufridos. La configuración del daño y su correlativa indemnizacion se lleva a cabo analizando el concepto de lesion, el funcionamiento de los servicios publicos, el nexo causal, la cuantificacion de la indemnizacion y la prescripcion del derecho a reclamar, entre otras cuestiones. Esta materia es de la que trata la obra desde una vertiente legal, doctrinal y fundamentalmente jurisprudencial; del mismo modo, se analiza el procedimiento a seguir frente a la Administracion, con unos formularios que sirven de apoyo en la tramitacion del correspondiente procedimiento.En otro orden de cosas, cabe significar que la Administracion puede actuar a traves de la gestion de los servicios publicos de forma directa, o bien, auxiliarse mediante formas de gestion indirecta, como puede ser la concesion. Del mismo modo, y como regla general, las obras publicas son ejecutadas por contratistas no pertenecientes a la Administracion titular de la obra. En todos estos casos, la responsabilidad se difumina entre la Administracion y el concesionario o contratista. En esta monografia se examina en detalle el regimen a seguir, determinando cuando responde la Administracion y cuando los contratistas o concesionarios.La concurrencia de culpas en la produccion de daños es otra de las cuestiones a la que se dedica especial atencion en la obra. Estos pueden producirse como consecuencia de la conducta de la Administracion y particulares, de varias Administraciones entre si e, incluso, puede suceder que el daño lo produzca la propia victima o un tercero. Junto a estos y otros intervinientes, cabe referirse tambien al protagonismo asumido por las compañias aseguradoras de daños. En la presente monografia, se hace una exhaustiva referencia a todas estas cuestiones y la jurisdiccion competente para resolver sobre la indemnizacion, atendiendo a cada una de las circunstancias que concurran en cada caso.

La notificación de los actos administrativos es requisito para que puedan originar efectos. Sin embargo los actos que reconocen derechos concretos puede ser exigido su cumplimento sin necesidad de la previa notificacion. Por otra parte la falta de notificacion no autoriza a la Administracion sin mas a dejar sin efecto el acto. La notificacion del acto administrativo o la falta de la misma producen una serie de consecuencias de gran importancia en relacion con la prescripcion, caducidad, plazo para impugnarlos, etc. Cuestiones todas ellas analizadas en esta obra.Por otra parte, el sistema de notificacion de los actos administrativos tiene una regulacion legal aceptable. No obstante, la practica de la misma ha planteado demasiados problemas que en ocasiones son de dificil prevision e incluso adecuada regulacion legal. Algunos de esos problemas han tenido debida respuesta por los organos judiciales y la doctrina, permitiendo tener un criterio adecuado a la finalidad de la notificacion o bien disponer de un criterio unificador.Esta problematica se ha detectado fundamentalmente en la practica de la notificacion personal, que si bien ha exigido a la Administracion esfuerzo en el cumplimiento de los tramites para evitar la notificacion edictal, el administrado, no en pocas ocasiones, se ha esmerado en poner trabas para evitar que la misma se lleve a cabo, lo que ha exigido equilibrar las dos posiciones enfrentadas.Desde que se publico la 1ª edicion se han producido modificaciones sustanciales en relacion con este tema, esencialmente en materia de notificaciones telematicas, lo que obliga a llevar a cabo una actualizacion.El presente trabajo, en relacion con los temas que trata, pone a disposicion del lector los criterios judiciales y doctrinales, asi como la opinion del autor en relacion con cuestiones no definidas debidamente ni por la normativa ni por la jurisprudencia. Con tal finalidad se hace referencia de las resoluciones judiciales de mayor relevancia y de una doctrina cientifica basica con el fin de hacer un trabajo eminentemente practico, que es el proposito de la Coleccion que se inicio con la primera edicion de este libro.