Libros de derecho administrativo, página 15 de 581

LA OBRA: En las 4.500 páginas se reproducen tanto los textos íntegros de las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, dictadas a partir de los recursos gubernativos interpuestos contra las decisiones de calificacion de los Registradores de la Propiedad y Registradores de lo Mercantil en los dos años que abarcan estos volumenes.Tambien se incluyen cinco indices que facilitan la consulta y las busquedas de resoluciones asociadas a ala legislacion aplicable y a la jurisprudencia del Tribunal supremo y del Tribunal Constitucional.La edicion que ahora se presenta, en doble soporte (papel y USB), esta avalada por el trabajo riguroso y la experiencia profesional de dos Registradores Juan Carlos Casas Rojo, dedicado a las Resoluciones de la Propiedad, y Jesus Gonzalez Garcia, especialista en Registro Mercantil.LA OBRA: En las 4.500 páginas se reproducen tanto los textos íntegros de las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, dictadas a partir de los recursos gubernativos interpuestos contra las decisiones de calificacion de los Registradores de la Propiedad y Registradores de lo Mercantil en los dos años que abarcan estos volumenes.Tambien se incluyen cinco indices que facilitan la consulta y las busquedas de resoluciones asociadas a ala legislacion aplicable y a la jurisprudencia del Tribunal supremo y del Tribunal Constitucional.La edicion que ahora se presenta, en doble soporte (papel y USB), esta avalada por el trabajo riguroso y la experiencia profesional de dos Registradores Juan Carlos Casas Rojo, dedicado a las Resoluciones de la Propiedad, y Jesus Gonzalez Garcia, especialista en Registro Mercantil.

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Recoge en anexo la Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre, por la que se publican los limites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratacion del sector publico a partir del 1 de enero de 2012.Incluye una tabla de equivalencias entre los articulos de este Texto Refundido y la Ley anterior.

El procedimiento administrativo es un clásico en el estudio de las instituciones del Derecho Administrativo y como tal, una institución que aparentemente podría pensarse que carece de actualidad. Es

Con «Incompatibilidades de los funcionarios públicos» finaliza esta colección de estudios sobre función pública iniciadas en 2007 y que consta, finalmente, de VII volúmenes.La Ley 7/2007, Disp. Final

Esta obra pretende ofrecer una visión completa y actualizada del proceso contencioso-administrativo, para lo cual sigue fielmente la estructura de la Ley 29/1998, que adaptó este área del procedimiento judicial a las nuevas exigencias formales. Para mantener su actualidad, a lo largo de sus sucesivas ediciones, este trabajo ha ido renovando sus contenidos con importantes novedades doctrinales y jurisprudenciales que, sin duda, lo convierten en un imprescindible y esencial material de apoyo para la cotidiana practica forense.En cuanto a esta 5.ª edicion, ha adaptado el contenido de la monografia, entre otras, a la nueva Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilizacion procesal, que propone modificaciones trascendentes en muy señalados aspectos del proceso, como: la modificacion de determinados preceptos relativos a la prueba para reducir tramites y dotar de mayor agilidad al procedimiento contencioso; la introduccion del procedimiento abreviado que evitara, con determinados condicionantes, la celebracion de vista; la elevacion de las cuantias de los asuntos que se resolveran por los tramites del procedimiento abreviado, asi como los limites cuantitativos para acceder al recurso de apelacion y al recurso de casacion. Igualmente, la ley introduce alteraciones significativas en las denominadas medidas cautelarisimas, recogiendose las verdaderas posibilidades que en la actualidad se estan llevando a cabo por los organos judiciales, resultando, tambien, significativa la alteracion del regimen de las costas procesales, que establece para los procesos de unica o primera instancia el criterio del vencimiento, aunque con variables.La obra se complementa con un CD-ROM que incluye el contenido integro de mas de 460 formularios cumplimentables.

En este libro se aborda el presente de la acuicultura y la práctica totalidad de las cuestiones que desde la perspectiva jurídica afectan o resultan afectadas por esta realidad empresarial diferente, convertida en un sector complementario, independiente y no sustitutivo del sector de la pesca. El analisis que se lleva a cabo es de interes para un sector economico que depende, cada vez mas, de la infraestructura juridica que le sirve de soporte y que se mueve entre distintas cuestiones que incluyen la consolidacion de las organizaciones de productores y el protagonismo de la Administracion publica como garantia de la competencia leal; la aspiracion a la plena integracion de la acuicultura en la politica pesquera comunitaria; el regimen de comercializacion y la problematica que de el se deriva; las cuestiones sobre seguridad y calidad alimentaria de los productos acuicolas y, por ultimo, las tecnicas y los principios que regulan la sanidad de los animales de cultivo. En definitiva el proposito de este trabajo es dar a conocer la acuicultura marina como sector economico en desarrollo, tal como se regula en nuestro ordenamiento juridico y en el marco de las diferentes instituciones que integran el Derecho administrativo.

EI Segundo Informe Mundial sobre la descentralización y la democracia local analiza la financiación de los gobiernos locales en ciento diez países y en un grupo de grandes metrópolis. En la mayoría de esto países los gobiernos locales han asumido responsabilidades crecientes en materia de inversión pública y en la prestación de los servicios indispensables para el desarrollo económico y el bienestar de la población. Pero con la aceleración de la urbanización y las transformaciones actuales (cambio climático, riesgos de desastres, flujos migratorios, envejecimiento de la población en ciertos países), el nivel actual de financiación de los gobiernos locales no permite responder a la «urbanización de la pobreza», ni a la demanda creciente de inversiones. La crisis económica y financiera iniciada en el 2008 ha agravado esta brecha. Más allá de estas constataciones, el lnforme propone recomendaciones para reformar los sistemas de financiación local.

La presente obra, resultado del III Encuentro Interautonómico sobre Protección Jurídica del Paciente como Consumidor, constituye un conjunto sistematizado de trabajos sobre el moderno Derecho de la Salud. En este sentido, el material que contiene se caracteriza por su amplísima variedad temática en la que el derecho a la protección de la salud se proyecta como denominador común de todos los estudios incluidos. En este sentido, la publicación analiza, desde un punto de vista primordialmente jurídico pero sin renuncia de otras aportaciones interdisciplinares, las principales instituciones que constituyen el soporte de la protección jurídica del paciente en el Derecho español y en otros países americanos. En cuanto a su contenido, se analiza la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la protección de la salud y la libertad de circulación de pacientes en la Unión Europea. Asimismo, se aborda la problemática jurídica al inicio y al final de la vida y la tutela de los pacientes menores e incapacitados. También se recogen múltiples estudios sectoriales referidos a la protección del paciente en ámbitos concretos como el aseguramiento, la incapacidad temporal, los ensayos clínicos, la gestión tecnológica, la extracción y transplante de órganos, la violencia de género, la investigación biomédica, la competencia farmacéutica, el gasto sanitario, la seguridad del paciente, los recursos humanos o la formación jurídico-sanitaria, completando 46 estudios de extraordinario interés.

Texto actualizado, anotado y concordado de la Ley sobre Propiedad Horizontal con las últimas normas publicadas en esta materia, incluida la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convencion Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La constitución de un verdadero mercado de las telecomunicaciones en España comportó una nueva visión de la gestión de los tradicionales servicios públicos y del papel que los monopolios históricos debian jugar en un nuevo escenario regido por las reglas de la libre compentencia

Edición de Roca Roca, E. y Roca Fernández-Castanys, Mª L. y Gallardo Castillo, Mª J., 22ª ed., 2011. La presente edición, actualizada y anotada, está destinada a quienes se aproximan porprimera vez al estudio del Derecho Administrativo e intenta ofrecerles una seleccion de las normas mas significativas: Ordenamiento Constitucional: Constitucion, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo. Normas Generales: Contratacion, Expropiacion Forzosa, Jurisdiccion Contencioso- Administrativa, Regimen Juridico y Procedimiento Administrativo Comun. Administracion del Estado: Organizacion y Funcionamiento de la Administracion del Estado; Organizacion,Competencia y Funcionamiento del Gobierno; Reestructuracion de los Departamentos Ministeriales; Consejo de Estado, Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares, Tribunal de Cuentas. Administracion Autonomica: Proceso Autonomico. Administracion Local: Regulacion de Bases, Texto Refundido, Regimen Electoral. Colegios Profesionales. Empleo Publico. Bienes: Aguas, Minas, Montes, Costas, Puertos, Carreteras, Patrimonio de las Administraciones Publicas, Texto Refundido de la Ley de Suelo. Administracion Electronica: Acceso electronico de los ciudadanos a los servicios publicos.

1ª ed., 2011. El objetivo de esta Ley es impulsar la carrera de los investigadores desde la estabilidad y la excelencia, buscando la coordinación entre Administraciones y Comunidades Autónomas. Para ello, se trata de contar con la comunidad cientifica y tecnologica y crear un marco de referencia fundamental: la estrategia de Ciencia y Tecnologia. La nueva Ley apuesta por la cooperacion entre agentes publicos y privados y preve dos importantes instrumentos de financiacion: la Agencia Estatal de Investigacion, orientada al fomento y al conocimiento, y el Centro para el Desarrollo Tecnologico Industrial, destinado fundamentalmente a la innovacion. Es, por tanto, una norma trascendental con la mejorar nuestra capacidad para que en España el conocimiento se transforme en innovacion, en riqueza y en progreso. La presente edicion ofrece el texto de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacion (BOE n.º 131 de 2 de junio), cuya entrada en vigor esta fijada para el 2 de diciembre de 2011. Modifica, entre otras, la Ley de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas, la Ley de Patentes, la Ley de Universidades, la Ley de incentivos fiscales al Mecenazgo, la Ley General de Subvenciones, la nueva Ley del Medicamento, la Ley de Investigacion biomedica, etc.

La obra que el lector tiene en las manos está destinada a ofrecer una respuesta clara y concisa sobre los aspectos fundamentales de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la informacion y la comunicacion en la Administracion de Justicia. Se trata de un manual practico destinado a dar respuesta a las preguntas esenciales que se formularia el lector al interpretar la citada Ley. Con el mayor grado de claridad hemos tratado de ofrecer una respuesta sencilla pero completa a cada uno de los elementos que conforman las nuevas formas de relacion de los ciudadanos y de los profesionales de la Justicia con la Administracion de Justicia electronica. La nueva Ley representa un giro radical y profundo en la forma de acceso electronico a la Administracion de Justicia. Lo anterior significa que sera una circunstancia inexcusable para los profesionales practicar sus relaciones procesales mediante este canal de comunicaciones electronicas y sus tecnologias asociadas. Este importante cambio o giro copernicano supondra la necesidad de adaptar buena parte del procedimiento analogico al formato electronico digital y, para ello, sera preciso, cuanto antes, conocer exactamente las previsiones de la Ley en el sentido considerado. La formula de preguntas y respuestas

El Procedimiento Administrativo Sancionador es, sin duda alguna, un tema de necesario conocimiento para cualquier profesional del Derecho público. El abogado administrativista, el funcionario o empleado publico que tramita o resuelve un expediente administrativo sancionador, el juez o magistrado contencioso-administrativo que conoce de un recurso contra la actividad sancionadora de la Administracion publica precisan conocer basicamente, primero, y, despues, interpretar/aplicar los principios y las normas administrativas esenciales del Derecho administrativo sancionador; es mas, el procedimiento sancionador tambien conviene ser conocido por el propio ciudadano o administrado que se relaciona con cualquier Administracion publica y que, por tanto, ha sido -o probablemente sera- sancionado por la comision de una infraccion de trafico, de medioambiente, tributaria, laboral, urbanistica, de sanidad, de actividad empresarial, etc. Esta obra es un manual practico basico sobre este elemental y trascendental procedimiento administrativo. La obra comienza con un sucinto, pero condensado, estudio con una finalidad docente y pragmatica, apropiado para jovenes abogados y funcionarios e incluso para profesionales que quieran o precisen iniciarse o regresar al Derecho administrativo sancionador; continua con una clasificacion de una selecta jurisprudencia consolidada, asi como con varios esquemas sobre el contenido esencial de los preceptos legales y reglamentarios abordados; por ultimo, facilita al lector unos modelos de formularios especificos y habituales para aprovechar sus conocimientos administrativistas. Nada mas, pero nada menos. Los lectores, primero, y la editorial despues, juzgaran el resultado. El veredicto del jurado (lector) y el fallo del juez (editorial) seran, por cierto, inapelables; el autor lo asumira.

7ª ed., 2013 El régimen jurídico aplicable a las relaciones de servicios de los funcionarios públicos, que afecta a la mayoría de los empleados de las Administraciones Públicas de nuestro país presen