Libros de derecho administrativo, página 50 de 581

La publicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público supone un nuevo hito en el intento de modernizacion de la gestion publica y cumple diversos objetivos que van desde el control riguroso de las facturas publicas al establecimiento de un principio central conforme al cual la no registracion de las facturas impide a las mismas producir sus efectos obligacionales. La Ley se situa en el entorno de utilizacion de los medios electronicos para consolidar un sistema de transparencia e informacion sobre la gestion publica con la finalidad de asegurar que las obligaciones asumidas son, estrictamente, las previstas en el marco juridico conforme al cual se asumen, sustantiva y presupuestariamente, las obligaciones en el ambito publico.

El presente trabajo aborda un estudio sobre el procedimiento sancionador, considerando aquellos elementos comunes que configuran tanto los principios de la potestad sancionadora como los principios del procedimiento sancionador. Esa es la idea que lleva a denominarlo"El procedimiento sancionador tipo".Abordar un estudio del procedimiento sancionador puede a primera vista llevar al equivoco de entender que quedaria limitado o incompleto, si consideramos que en el marco legal se hallan multiples procedimientos sancionadores atendiendo basicamente a areas materiales diferenciadas.En este sentido, podemos encontrar procedimientos sancionadores en materia tributaria, de trafico, aguas, medio ambiente, etc.Los principios de la potestad sancionadora derivan de la propia Constitucion Española. De los principios del procedimiento sancionador cabe concluir en el mismo sentido, pues son de obligado cumplimiento al venir exigidos no solo en las leyes ordinarias, sino tambien en la Constitucion: garantia del procedimiento, derechos del presunto responsable, audiencia, etc.Quiza donde podamos encontrar mayor diferencia entre los distintos procedimientos sancionadores, sea en las fases a cumplimentar necesariamente para poder imponer una sancion, en las que, respetando los principios de la potestad sancionadora y los principios del procedimiento sancionador, es posible una regulacion diferente para cada materia objeto de sancion. Pero esta posibilidad no suele llevarse a la practica. Es suficiente dar un somero repaso a las distintas normas que regulan las fases procedimentales, para observar la veracidad de nuestras palabras.Todo lo expuesto viene aponer de manifiesto que el regimen sancionador previsto en la Ley 30/1992, y en el RD 1395/1993, de 4 de agosto (base de este estudio), va a ser suficiente para determinar un sistema tipo, que sera suficiente para transpolarlo a cualquier materia sancionadora, sin tener que buscar diferencias inexistentes o inutiles.No obstante, se debe advertir que el procedimiento sobre trafico y seguridad vial ha sido objeto ultimamente por el legislador de un apartamiento del procedimiento general, razon por la cual se hace una referencia en este trabajo, aunque sea somera.

Normativa actualizada con las reformas operadas por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

La experiencia adquirida por el autor -Doctor en Derecho-, durante sus veinticuatro años como funcionario de distintas Instituciones públicas -entre otras, letrado de la Diputación de Alicante y asesor juridico del Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana- constituye un excelente bagaje para escribir sobre La transparencia informativa de las Administraciones publicas. El derecho de las personas a saber y la obligacion de difundir informacion publica de forma activa. El presente trabajo de investigacion analiza la situacion legal y judicial existente en las principales democracias del mundo y en el ambito de Naciones Unidas, Consejo de Europa y Union Europea. Se trata, por tanto, de una poderosa herramienta para saber quien, como, cuando, donde y a que tipo de informacion financiada con fondos publicos se puede acceder por parte de los ciudadanos. Y lo que es mas importante: que recursos administrativos y judiciales se pueden presentar cuando la informacion no es facilitada y cuales son sus consecuencias disciplinarias, patrimoniales y penales. El trabajo examina con detalle la nueva Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, asi como la normativa autonomica existente en la materia.Es objeto de especial estudio el acceso a la informacion sensible: adjudicatarios y coste final de los contratos publicos; datos urbanisticos y medioambientales; presupuesto y cuentas publicas; sueldos, dietas y viajes de los cargos electos y funcionarios; financiacion de partidos politicos, sindicatos y organizaciones empresariales; listas de espera sanitarias y de vivienda; beneficiarios de subvenciones; publicidad institucional; los servicios publicos de interes general prestados por entidades privadas-telecomunicaciones, electricidad, gas, servicios postales- y los concesionarios de servicios publicos -agua, residuos, transporte, sanidad- etc.La informacion que se resiste a ser publicada es toda aquella que permite a los ciudadanos controlar la gestion de los asuntos publicos, exigir la rendicion de cuentas y denunciar casos de despilfarro o corrupcion. El autor acuña el lema: la transparencia es como la sinceridad: se exige la ajena y se limita la propia.

En Derecho administrativo (general y especial). Casos prácticos, dividido en esta nueva edición en dos tomos, queremos resaltar, por un lado, que se ha respetado gran parte de los supuestos planteados en anteriores ediciones, si bien, logicamente, adaptados a la nueva legislacion, tanto general como sectorial, que ha ido apareciendo durante todo este tiempo, debido a que, en ellos, se tratan cuestiones generales, siempre de actualidad y de interes juridico para el usuario de este tipo de libro. Junto a aquellos se añaden nuevos casos practicos en aplicacion, especialmente de la nueva legislacion de contratos sobre el sector publico. Finalmente, se han vuelto a aportar otros supuestos provinientes de nuestra revista de publicacion mensual CEFLegal que se han considerado de interes, y se han suprimido algunos que habian quedado obsoletos por el cambio de legislacion sobre la materia operada.Se quiere llamar la atencion del lector sobre la falta de relevancia de las fechas y años que constan en los relatos de hechos. Deben solucionarse con arreglo a la legislacion vigente en este momento, debiendose, por tanto, considerar carente de relevancia alguna aquel extremo.

La contratación pública constituye un sector de singular importancia. Por un lado, económica, pues representa alrededor del 18% del PIB de la economía española y europea e implica a los particulares y empresas en la ejecucion de tareas esenciales para la eficacia del funcionamiento del sector publico y de la prestacion de servicios a los ciudadanos. Pero, por otro lado, importancia juridica y social tambien, porque estan en juego valores y principios juridicos esenciales de rango constitucional unos, de Derecho europeo otros, que tratan de salvaguardar las garantias de todos, asi como de incrementar la eficiencia y el control del gasto publico. Es bien conocido que la regulacion de los contratos publicos esta siendo objeto de una constante reforma cuyo ultimo hito esta representado por la aprobacion del nuevo paquete de Directivas de 26 de febrero de 2014; a saber, la Directiva 2014/24/UE, sobre contratacion publica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE; la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicacion de contratos de concesion; y, por ultimo, la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratacion por entidades que operan en los sectores del agua, la energia, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (todas ellas publicadas en el Diario Oficial de la Union Europea L94, de 28 de marzo de 2014). En este dificil y cambiante escenario, se hace imprescindible reflexionar acerca de las novedades que se plantean (presente) y de los retos que quedan por afrontar (futuro). Con esta obra se quiere contribuir al debate entorno a estas cuestiones y aportar soluciones e ideas que ofrezcan algo de luz a los diversos operadores juridicos, administrativos y economicos implicados. Se ha contado para ello con algunos de los mas reconocidos expertos en el ambito de la contratacion publica, tanto españoles como extranjeros, provenientes unos del mundo academico y otros del profesional, lo que garantiza la pluralidad de perspectivas y una mayor profundidad de analisis.

El desafío de alcanzar un desarrollo que sea racional y sostenible impone el uso eficiente de todos los recursos naturales, evitando el despilfarro y la contaminación del agua en general y de las aguas subterraneas en particular, sin hacer peligrar su disponibilidad para las generaciones futuras, objetivo al que se enfrenta toda politica avanzada de gestion de los recursos hidricos, cualquiera sea el pais de que se trate.A ello debemos agregar que en el caso de los Estados miembros de la Union Europea el problema de la contaminacion de las aguas subterraneas constituye una de las preocupaciones principales de su Politica ambiental como destaca la Directiva marco del agua debiendo los Estados proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterranea y garantizar un equilibrio entre la extraccion y la alimentacion de dichas aguas, con objeto de alcanzar un buen estado a mas tardar en el año 2015.Para alcanzar este objetivo ambiental las aguas subterraneas deben ser usadas para satisfacer las necesidades de la sociedad, pero tambien su proteccion cualitativa y cuantitativa. En el presente libro se analiza el devenir historico del regimen de proteccion de las aguas subterraneas en España, su regimen actual de intervencion y proteccion a la vez que se analizan sus principales problemas en una legislacion de aguas cambiante.

El presente Código, preparado por Juan Manuel Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros, Abogado del Estado, contiene la normativa reguladora de la organización y funcionamiento de las Administraciones Publicas en sus tres niveles: estatal, autonomico y local.En el ambito estatal se recogen las normas reguladoras del Gobierno de la Nacion, de la Administracion General del Estado y del Procedimiento Administrativo Comun. Esta normativa basica se completa con las disposiciones de inferior rango -Reales Decretos, Ordenes y Resoluciones- que la complementan o desarrollan.Este mismo esquema se reproduce en el ambito autonomico en el que, respecto de cada Comunidad Autonoma, se recoge la normativa reguladora de su Gobierno, de su Administracion Publica y de sus especialidades en materia de procedimiento administrativo, con especial incidencia en aquellas normas -de reciente aparicion- que disciplinan el sentido positivo o negativo del silencio administrativo y los plazos maximos de resolucion de sus procedimientos. En esta ultima edicion se recogen las mas recientes modificaciones de estos textos legales que, en algunos casos, han consistido en la sustitucion completa de las normas vigentes por otras nuevas.En el ambito local este Codigo contiene la normativa basica y de desarrollo de la organizacion y funcionamiento de las Entidades Locales.La obra se completa con la normativa reguladora de otras instituciones intimamente ligadas con la actividad de las Administraciones Publicas y ordenadas a su mejor funcionamiento, a la salvaguarda de sus competencias o al control parlamentario o judicial de su actividad. Entre ellas pueden citarse la Ley Organica 4/2001, de 12 noviembre, del Derecho de Peticion, las reguladoras de la Administracion Consultiva (estatal y autonomica), la Ley Organica del Defensor del Pueblo, la Ley de Conflictos Jurisdiccionales y la Ley Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.Un completo indice analitico que permite la localizacion rapida y sencilla de conceptos y normas estudiadas.

Esta nueva edición incluye, debidamente actualizadas, anotadas y concordadas, un total de veinticinco normas que se ordenan en los siguientes apartados: • Constitución. • Régimen jurídico y procedimi

El título se estructura en dos partes:LEYES GENERALES DE PROCEDIMIENTO- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.-Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.- Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Publicas en materia de responsabilidad patrimonial.- Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso- Administrativa.Ley Organica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales.Ley Organica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (extracto).ORGANIZACION DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS- Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.- Ley 6/1997, de 14 de abril, de organizacion y funcionamiento de la Administracion General del Estado.Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Regimen Local.

La administración pública y el derecho administrativo. El ordenamiento jurídico-administrativo. El reglamento. Las relaciones entre ley reglamento. En particular la legislación delegada. El ordenamiento estatal y los ordenamientos autonomicos: sistema de relaciones. La posicion juridica de la administracion. El principio de legalidad de la administracion. Las relaciones entre administracion y justicia y el principio de autotutela....

Edición de Leguina Villa, J. y Lazo Vitoria, X., 21ª ed., 2013. Esta nueva edición recoge el texto actualizado de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi

Edición actualizada a febrero de 2013, anotada y concordada.;Contiene;- Estatuto Básico del Empleado Público;- Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública;- Ley articulada de Funcionarios civiles del Estado;- Instrucciones para la aplicacion del Estatuto Basico del Empleado Publico en el ambito;de la AGE y sus organismos publicos;- Ingreso, provision de puestos de trabajo y promocion profesional;- Situaciones administrativas;- Regimen disciplinario;- Indemnizaciones por razon de servicio;- Incompatibilidades;- Indice analitico

La Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) supone la introducción normativa de dos elementos relevantes: la regulación de los derechos del público y de los prestadores de servicios audiovisuales y la creacion del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA, implementado por primera vez una autoridad independiente del audiovisual a nivel estatal. Sin embargo, con el nuevo planteamiento presente en el proyecto de Ley de creacion de la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estos dos elementos relevantes tienden a desaparecer y a convertir a una autoridad independiente, supervisora y reguladora en una autoridad integrada, multisectorial y meramente controladora. En el supuesto de la futura CNMC, la logica sera la inversa a la del modelo anglosajon, ya que desde el control del mercado y la competencia, desde el control tecnico se va a ejercer un control de contenidos para delimitar los derechos del publico, sin ningun grado de experiencia o de tradicion anterior. En este contexto se deberia tender a los modelos frances (CSA), italiano o aleman con diversas autoridades independientes centradas en el control de los contenidos desde distintos ambitos tematicos y territoriales, que se ajusta mejor al planteamiento europeo y a nuestra realidad institucional.

En el presente volumen se han recopilado los textos normativos que, de manera básica, configuran el régimen jurídico de nuestro Régimen Local. Disposiciones que aparecen extensamente anotadas y concordadas, con la finalidad de contribuir a un mejor conocimiento de las interrelaciones existentes entre las mismas, asi como con otras normas de relevancia para el estudio del Regimen Local.De los textos que se incluyen en esta obra, cabe citar, entre otros:-?Carta Europea de Autonomia Local.-?Ley de Bases de Regimen Local.-?Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Regimen Local.-?Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.-?Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y Reglamento de desarrollo.-?Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.-?Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.-?Reglamento de Poblacion y Demarcacion Territorial de las Entidades Locales.-?Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y Regimen Juridico de las Entidades Locales.Se completa con una Sinopsis de las normas autonomicas dictadas sobre la materia, y un extenso indice analitico para facilitar su consulta.