Libros de derecho administrativo, página 8 de 629

El futuro inmediato de muchas de las obras y realizaciones de las Administraciones Públicas pasa por un cambio de paradigma en relación con la forma de actuación convencional de las Administraciones Publicas. De ahi que practicamente en todos los ambitos de vida social se haya introducido la referencia a la colaboracion publico-privada como la forma mas caracteristica de este cambio de paradigma.Desde esta perspectiva la presente Obra trata de contribuir al analisis de esta figura en el marco de la contratacion administrativa que es una de las formas comunmente admitidas de colaboracion publico-privada.Se trata de un analisis en un momento en el que parece que los sucesivos cambios de normativa pueden haber dotado al contrato de una cierta estabilidad que permite una aproximacion teorica desde una perspectiva amplia y con vocacion de analisis de algunos de los elementos mas relevantes del funcionamiento del mismo.

Esta nueva edición ofrece el texto de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, con notas a pie de página explicativas de los artículos de otros textos legales mencionados en ella y en el resto de la documentación incluida, con la transcripción literal de los mismos. Además, se añade el articulado aún vigente de la anterior Ley 9/1975, de 12 de marzo, del Libro. Como complemento, se incluye la normativa de Extremadura, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana referente a su respectiva regulación del libro y fomento de la lectura. A continuación se reproducen las disposiciones relativas tanto al ISBN —Real Decreto 2.063/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 10/2007, y manual del usuario— como al pie de imprenta. El depósito legal presenta en estas páginas su regulación estatal —con la nueva Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal— y la correspondiente a las Comunidades Autónomas que tienen estipulada su normativa propia (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana). Finalmente, se añade la legislación en torno al precio de venta al público e inversiones extranjeras en el ámbito de empresas editoriales, y sobre la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas y sobre el Observatorio de la Lectura y del Libro.

La constitución de un verdadero mercado de las telecomunicaciones en España comportó una nueva visión de la gestión de los tradicionales servicios públicos y del papel que los monopolios históricos debian jugar en un nuevo escenario regido por las reglas de la libre compentencia

La nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007) ha supuesto en nuestro país un cambio de enorme trascendencia en materia de contratación pública. Cambio impulsado por la nueva normativa europea en la materia, fundamentalmente la Directiva 2004/18, de 31 de marzo de 2004, que persigue el triple objetivo de modernizar, simplificar y dotar de mayor flexibilidad el marco jurídico de la contratación del sector público europeo al objeto de que se respeten los principios de libre circulación de mercancías, libertad de establecimiento, libre prestación de servicios, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacionalidad recogidos en los Tratados. Siendo muy numerosas las innovaciones introducidas por la Ley, así como la propia complejidad de alguna de sus instituciones, resulta imprescindible disponer de una guía que de forma sencilla y ordenada nos permita introducirnos en el conocimiento de una norma que durante los próximos años va a regir la actividad contractual no sólo de las Administraciones Públicas españolas sino de la mayor parte de las entidades pertenecientes al sector público nacional. No obstante su novedad, la Ley de Contratos del Sector Público en apenas tres años de su entrada en vigor ha recibido diversas reformas parciales que justifican esta nueva edición, entre las que destaca la Ley 34/2010, de 5 de agosto, que introduce, entre otras, importantes modificaciones en materia de recursos y medidas cautelares y crea unos Tribunales Administrativos en materia de recursos contractuales. Recientemente la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, también ha innovado esta Ley, especialmente en materia de modificaciones de los contratos. Por otra parte, la Ley de Contratos del Sector Público ha sido desarrollada parcialmente por medio del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, en materia de clasificación de las empresas contratistas, el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, la valoración de los criterios de apreciación subjetiva, especialmente cuando deba hacerse a través del comité de expertos u organismo independiente a que se refiere el art. 134.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, las mesas de contratación a constituir en el ámbito de las Administraciones Públicas y las comunicaciones al Registro Oficial de Contratos...

Tanto el Consejo de Estado como las instituciones que, a nivel autonómico, ejercen funciones equivalentes, desempeñan un papel trascendental y único en la conformación de la voluntad de la administración en determinados procedimientos administrativos. Su doctrina goza de un importante peso específico, reconocido por los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa que, en sus sentencias, confirman el valor de sus dictados, al considerarlos un criterio experto y privilegiado. La presente obra ofrece una cuidada selección de extractos de dictámenes y memorias emitidos por estos órganos, en materia de revisión de actos y disposiciones administrativas de carácter general nulos de pleno derecho, en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2010. En total, son 440 documentos escogidos por su acierto y claridad, y por pronunciarse, en un buen número de casos, sobre las cuestiones más controvertidas relacionadas con este procedimiento y con la categoría de la nulidad de pleno derecho. La exposición de esta selección extractada, va precedida por un breve comentario del autor que recoge de forma resumida la posición mayoritaria de la doctrina de los órganos consultivos en relación con cada uno de los temas de estudio. Se convierte así, esta obra, en consulta obligada para todo profesional del Derecho que busque profundizar en el conocimiento de esta particular vía de revisión en sede administrativa, facilitando de forma ordenada y sistematizada el acceso a la doctrina de estos órganos consultivos.

En este libro se abordan los derechos del personal sanitario, tan olvidados unas veces por los usuarios de nuestro sistema y otras por la propia Administración. Así es importante saber lo que tenemos que hacer cuando nos amenazan, nos insultan o injurian o nos agreden. Cuales son nuestros derechos y tambien cuales son nuestros deberes, asi como, nuestra responsabilidad (penal, civil, etico-administrativa). No solo hay que hacer las cosas bien sino ademas parecerlo. Otro apartado importante es el relativo a la documentacion clinica. Informe y certificado medicos, partes (laborales, de lesiones), receta medica...Los derechos y deberes del paciente tambien estan suficientemente explicitados en este libro, dedicando especial atencion a la importancia de una adecuada informacion sanitaria para que la relacion medico-paciente sea fluida y en un clima de confianza mutua, condiciones indispensables tanto desde un punto de vista clinico como juridico. Si en la asistencia urgente se dedicase mas tiempo a informar a paciente y familiares se podrian evitar mas del 80% de las reclamaciones. Por ultimo, en este libro se trata de manera diafana como abordar determinadas situaciones especiales, algunas de las cuales nos crean un verdadero conflicto en urgencias como: los menores de edad, la

Se trata de un manual eminentemente práctico, estructurado en forma de preguntas y respuestas, que permite resolver las cuestiones más relevantes en materia de protección de datos de una forma rápida y sencilla. Cada capítulo contiene, además de la normativa específica de aplicación y documentos de interés, un extracto y/o comentario de las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos y sentencias más destacadas o con mayor trascendencia. Contiene más de 50 formularios y modelos cumplimentables informáticamente, permiten a cualquier organización o persona , sin conocimientos jurídicos previos, conocer cuáles son sus derechos en esta materia. Se incluyen, entre otros, documentos de seguridad, cláusulas legales, modelos de ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, modelos de contratos, etc. Esta obra está dirigida tanto a particulares como a profesionales del sector de asesorías y gestorías, abogados, comunidades, centros educativos y de salud, responsables de márketing y de recursos humanos..., entre otros, y, en general, a todos los responsables del cumplimiento de la normativa de protección de datos en las organizaciones, tanto públicas como privadas. Y, presta especial atención a los ficheros de morosos; a la video-vigilancia; a los tratamientos de datos realizados por parte de abogados y procuradores; comunidades de propietarios, centros de salud y Administración Pública. Además, son objeto de estudio los tratamientos de datos en el ámbito de las relaciones laborales; los que se realizan a través de Internet, así como los enfocados a la publicidad y la prospección comercial.

La vida en sociedad es connatural al hombre, que tiende a agruparse en unidades cada vez mayores, partiendo de la familia y la tribu hasta llegar al Estado… Un estudio más avanzado de la sociedad lleva a la búsqueda de otros mecanismos de resolución de conflictos y así surge el Derecho, como conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta se manera coactiva… Este libro está destinado a dar una visión elemental, lo más sencilla posible, de la parte general del Derecho administrativo, adaptada a las necesidades de sus destinatarios.

Edición de Mestre Delgado, E. y García Valdés, C., 13ª ed., 2011. Esta 13.ª edición ofrece el texto, absolutamente actualizado a julio de 2011, de la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria; de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, y de los Reales Decretos de Regulacion del organismo autonomo "Trabajo penitenciario y Formacion para el Empleo" (RD 868/2005, de 15 de julio, modificado por RD 1.9786/2008, de 28 de noviembre), y de desarrollo de las circunstancias de ejecucion de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localizacion permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, asi como de la suspension de la ejecucion de las penas privativas de libertad y sustitucion de penas (RD 840/2011, de 17 de junio). Toda esta normativa figura exhaustivamente concordada con la legislacion vigente y la doctrina establecida, en materia penitenciaria, por la jurisprudencia de losTribunales Constitucional, Supremo y de Conflictos de Jurisdiccion, y por las Circulares, Consultas e Instrucciones de la Fiscalia General del Estado.

Edición de Leguina Villa, J. y Lazo Vitoria, X., 19ª ed., 2011. Esta nueva edición recoge el texto actualizado de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Comun, debidamente anotada y concordada. Ademas, se recogen referencias de las Sentencias del Tribunal Supremo que han venido a fijar la doctrina jurisprudencial de los preceptos de la Ley 30/1992. La obra se completa con los textos integros y anotados de los Reglamentos que se han dictado en desarrollo de la indicada norma legal. La edicion se cierra con un extenso indice analitico con la finalidad de facilitar la consulta de losdiversos textos normativos recogidos en el libro.

Nació "El Procedimiento Abreviado en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa", junto con la Ley 29/1998 que lo creaba y pretendió desde el principio ser un libro de reflexión y ayuda tanto para los profesionales de la especialidad, como para los que se enfrentaban por primera vez con este novedoso procedimiento. De ahi que fuese necesaria una segunda edicion que adaptase el libro a la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, de aplicacion supletoria y que ahora sea tambien necesario presentar una tercera edicion que actualice la obra y adecue los contenidos de la misma a las ultimas reformas procesales y de forma ineludible a la Nueva Oficina Judicial, donde los protagonistas del proceso van a ser en mayor medida los Servicios comunes de tramitacion y ejecucion.

Edición de Roca Roca, E. y Roca Fernández-Castanys, Mª L. y Gallardo Castillo, Mª J., 22ª ed., 2011. La presente edición, actualizada y anotada, está destinada a quienes se aproximan porprimera vez al estudio del Derecho Administrativo e intenta ofrecerles una seleccion de las normas mas significativas: Ordenamiento Constitucional: Constitucion, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo. Normas Generales: Contratacion, Expropiacion Forzosa, Jurisdiccion Contencioso- Administrativa, Regimen Juridico y Procedimiento Administrativo Comun. Administracion del Estado: Organizacion y Funcionamiento de la Administracion del Estado; Organizacion,Competencia y Funcionamiento del Gobierno; Reestructuracion de los Departamentos Ministeriales; Consejo de Estado, Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares, Tribunal de Cuentas. Administracion Autonomica: Proceso Autonomico. Administracion Local: Regulacion de Bases, Texto Refundido, Regimen Electoral. Colegios Profesionales. Empleo Publico. Bienes: Aguas, Minas, Montes, Costas, Puertos, Carreteras, Patrimonio de las Administraciones Publicas, Texto Refundido de la Ley de Suelo. Administracion Electronica: Acceso electronico de los ciudadanos a los servicios publicos.

Visión sintética, integral, objetiva, crítica y actualizada del Derecho de la Comunicación, incluyendo sus aspectos constitucionales y el régimen de la prensa, la radio y la televisión, Internet, el cine y, finalmente, los derechos de autor en el ambito comunicativo.

La obra recoge los requisitos que deben cumplir las estructuras ejecutadas en acero, (seguridad estructural, seguridad en caso de incendio y protección del medio ambiente), así como, el procedimiento (proyecto, ejecucion, control y mantenimiento) y los niveles de garantia y requisitos para el reconocimiento oficial de los distintivos de calidad.

Las actuaciones de las Administraciones Públicas tradicionalmente no se han encontrado sujetas a la supervisión de las autoridades de competencia al no tener la consideración de operadores económicos. En la actualidad esta premisa no es valida y, en la medida en que actuan en el mercado pudiendo alterar las condiciones de competencia, resulta necesario que los organismos publicos encargados de velar por la libre concurrencia en el mercado puedan examinar sus conductas. Esta aplicacion del Derecho de la Competencia a las Administraciones Publicas se encuentra revestida de importantes dificultades tecnicas, economicas y juridicas que son objeto de estudio en detalle. Asi, cuestiones de tanta importancia en la realidad juridico-economica actual tales como hasta donde debe alcanzar la aplicacion del Derecho de la Competencia sobre las Administraciones Publicas; que limites tiene y como se articulan los mismos; los problemas que se derivan de la contratacion publica y el Derecho de la Competencia; o, como se desarrolla la funcion de advocacy, constituyen los principales focos de analisis del presente Libro.

El CERMI y la Fundación ONCE han confeccionado este estudio de prospectiva que trata de identificar cuáles están siendo y cuáles serán en un futuro a corto y medio plazo las fronteras de la accesibilidad y el diseño para todos en la sociedad de la información y en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de próxima generación en el contexto español. El objetivo general del estudio, realizado por Technosite (www.technosite.es), ha sido el de analizar las tendencias de desarrollo futuro de la Sociedad de la Información y las TIC en España para enfocar con cierta anticipación la actividad que se efectúa desde el sector social de la discapacidad hacia la consecución de una sociedad que garantice el pleno acceso y el diseño para todos en el ámbito tecnológico. La metodología puesta en práctica para alcanzar este objetivo ha implicado una triple vertiente: la consulta a expertos nacionales (investigadores, desarrolladores, fabricantes, Administraciones Públicas); la realización de una vigilancia tecnológica sobre las TIC emergentes y de desarrollo futuro, así como sobre los aspectos de accesibilidad relacionados; y, por último, una aproximación empírica, basada en la prueba de accesibilidad, sobre el dispositivo tecnológico más representativo de cada una de las áreas de acción consideradas prioritarias. El estudio ha permitido comprobar que el desarrollo de las tecnologías supone muchas veces, en sí mismo, una mejora de la accesibilidad tecnológica. No obstante, en ocasiones los avances tecnológicos pueden suponer un retroceso en la accesibilidad. Por otra parte, la creciente interconectividad entre dispositivos y plataformas permite que las personas accedan y manipulen información desde cualquier lugar, haciendo posible la ubicuidad del acceso a la información y de la participación. El hecho de que muchas de las tecnologías emergentes sean (o al menos, pretendan ser) universalmente accesibles redunda, además, en el ahorro de costes, pues son susceptibles de ser empleadas por todas las personas con independencia de sus capacidades.