Libros de Derecho comunitario, página 2 de 57

En la presente obra se han recopilado los formularios más utilizados por los operadores económicos, especificando la fuente normativa de la que éstos han sido extraídos y detallando las indicaciones necesarias para poder complementar los mismos. Dichos formularios se refieren, por un lado, a la notificacion de concentraciones economicas con dimension comunitaria o nacional y, por el otro lado, a la denuncia de una infraccion de la normativa de la competencia por la realizacion de alguna practica restrictiva de la competencia, contraria, o bien al articulo 81 del Tratado de la Comunidad Europea y del articulo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, o bien al articulo 82 del Tratado CE y/o del articulo 2 LDC (abuso de posicion dominante).

Ocho años han transcurrido desde que se procediera a una casi modificación total de la Ley de Propiedad Horizontal promulgada en 1960, y en ese tiempo hemos podido observar cómo los distintos agentes que intervienen en este singular regimen de propiedad han debido ir encontrando su nueva posicion. El protagonismo de la Junta de Propietarios, la persecucion de los morosos con formulas rapidas y seguras, una clara definicion de la figura del presidente o del administrador, son cuestiones que ahora podemos claramente encontrar en el texto legal. El presente libro, que ya tuvo un antecedente en esta coleccion en el año 2001, presenta de forma comentada y coloquial el texto de la ley, incluyendo formularios de los principales documentos de trascendencia juridica que puede manejar una Comunidad, y una recopilacion de sentencias de las principales materias controvertidas de la vida en vecindad. Junto a ello se ha incluido una guia rapida de consulta sobre las dudas mas corrientes, y en el anexo una referencia a la nueva regulacion de la Propiedad Horizontal en Cataluña, novedad juridica que ha roto el tradicional sistema unico en esta materia en todo el Estado.

La presente obra tiene como objeto de estudio las etapas y bases sobre las que se construye, especialmente con el instrumento jurídico del Tratado de Ámsterdam, una política comunitaria de la Inmigracion aplicable al Espacio juridico de la Union Europea y con repercusiones amplias en otros ordenamientos, y para cuya gestion sera necesario, ineludiblemente, interactuar con otros sujetos y actores internacionales. Transcurrida practicamente una decada desde su gestacion supone un avance mas hacia el objetivo de una Europa de los Pueblos; sin embargo, las dificultades y obstaculos son mayores que en otras areas comunitarizadas con mayor brevedad, por ejemplo, la creacion de la Union Aduanera o la Union Economica y Monetaria; en politica migratoria, aquellos mas partidarios de la primacia de la Soberania nacional son reacios a ceder competencias o a que estas verdaderamente se apliquen en una materia tan intimamente vinculada a la Soberania como es el Estatuto de Extranjeria. No obstante, es necesario volver a retomar un concepto basico en la construccion europea como puede ser la Solidaridad de facto, en una Union estrechamente creada en torno al Mercado interior; los avatares, de los que somos testigos actualmente, que puedan sufrir actores del mismo como los trabajadores migrantes, representan tristes circunstancias que no dejaran de repercutir en cualquier punto del territorio de la Union Europea con sacudidas al orden social y economico de los Estados miembros. Asi como, desde el plano universal aplicar con lealtad instrumentos internacionales de proteccion de los derechos humanos que desde decadas han sido utiles en proporcionar dignidad a las personas sin distingos de ninguna naturaleza.

Esta obra colectiva recoge, ampliadas, muchas de las ponencias presentadas en las Jornadas sobre Derecho Privado Europeo, celebradas en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid los

El Derecho de la Unión no restringe la competencia de los Estados miembros para organizar sus sistemas de seguridad social y, a falta de una armonización a escala de la Unión Europea, corresponde a la legislacion de cada Estado miembro determinar los requisitos que confieren derecho a las prestaciones sanitarias. El ejercicio de esta competencia,puede colisionar con el Derecho de la Union, en especial, las disposiciones relativas a la libre prestacion de servicios.Al servicio, pues, del ciudadano, la Administracion queda obligada a transformarse en una administracion regida por el principio de eficacia que proclama el articulo 103 de nuestra Constitucion.La politica sanitaria europea implica que los sistemas sanitarios de los Estados miembros deben responder a los desafios del cambio y, en este sentido, es preciso reforzarlos. Hay que garantizar el acceso a las prestaciones sanitarias y debemos hacer frente a numerosos retos en el ambito de la salud.La Europa que tenemos hoy es distinta de la que habiamos imaginado no hace tanto tiempo. La esperanza de vida enla Union Europea ha aumentado. Las previsiones de Eurostat indican que el porcentaje de personas de 65 años de edad y mas en el conjunto de la poblacion aumentara del 17,1% en el año 2008, al 30% en 2060. La proporcion media entre

La reclamación de deudas transfronterizas presenta características peculiares con respecto a las reclamaciones realizadas dentro de un mismo Estado. Litigar en otro Estado conlleva un coste mucho mayor, que se presenta como desproporcionado, especialmente cuando se trata de creditos no impugnados o de reclamaciones de pequeña cantidad.Consciente de ello, la Union Europea ha establecido diferentes instrumentos procesales para facilitar la reclamacion transfronteriza de las deudas: titulo ejecutivo europeo, proceso monitorio europeo y proceso europeo de escasa cuantia. En esta obra se analizan conjuntamente los tres instrumentos, delimitando sus respectivos ambitos de aplicacion y analizando la tramitacion de los procedimientos.Y ello se realiza, tanto desde la perspectiva de la tutela declarativa, como de la ejecutiva, y examinando las disposiciones de los Reglamentos europeos asi como la normativa española promulgada para facilitar su aplicacion en España. El estudio se completa con el analisis de la tutela cautelar, centrado en la denominada orden europea de retencion de cuentas.Se trata de una obra con vocacion practica, dirigida a los operadores juridicos llamados a participar en su tramitacion, y tambien a los propios acreedores, que pueden recurrir a los procesos europeos monitorio y de escasa cuantia sin necesidad de abogado ni de procurador.

La importancia del turismo para Europa es innegable como sector capaz de generar puestos de trabajo y de dinamizar la economía. En unos momentos de crisis y recesión económica cobracada vez más relevancia la existencia de un marco juridico claro y preciso donde se muevan los diversos agentes implicados en el sector y donde se proteja eficazmente a consumidores y usuarios.En este libro se realiza un analisis desde el punto de vista juridico de diversos aspectos de relevancia en el ambito del turismo, haciendo especial referencia a como ha impactado en este sector el Derecho de la Union Europea. Ello se lleva a cabo a traves del estudio de una serie de normas como la Directiva de servicios en el mercado interior, la Directiva de Viajes Combinados, el Reglamento del overbooking, que han comportado cambios relevantes en este sector.

La presente obra es un trabajo descriptivo centrado en el debate académico de los especialistas en la materia y que a lo largo de los años han tratado de comprender y de encontrar una lógica en las palabras emprendidas por el Tribunal de Justicia de la Union Europea a la hora de referirse a los Tratados Constitutivos, como: Constitucion, Carta Constitucional, asi como en el posible mensaje que haya querido transmitir el Tribunal de Justicia de la Union Europea al emprender las denominaciones mencionadas. A raiz de esto, se han buscado similitudes entre los Tratados Constitutivos de la Union Europea y las Constituciones nacionales, entre el papel desarrollado por parte del Tribunal de Justicia de la Union Europea y el de los Tribunales Constitucionales nacionales, asi como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La entrada en vigor en 2009 del Tratado de Lisboa y, más en concreto, de su Protocolo nº 2, sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, ha traído consigo cambios relevantes en el papel que han de jugar los Parlamentos Regionales europeos dentro del proceso legislativo de la UE, al permitirles participar en el control del cumplimiento del principio de subsidiariedad a traves del denominado "Mecanismo de Alerta Temprana" (MAT). Varios años despues de esa fecha, el presente libro, que recoge las colaboraciones de diversos juristas expertos en la materia, abarca diversos campos de estudio en relacion con la misma. Asi, partiendo de un analisis preliminar del significado de dicho principio y su introduccion tanto a nivel del Derecho Europeo como del español, se aborda seguidamente el estudio del funcionamiento de la Comision Mixta Congreso-Senado para la UE. A continuacion, se dedican dos capitulos a analizar la subsidiariedad en una perspectiva de Derecho Comparado, estudiando, por un lado, el funcionamiento del MAT en los principales paises de nuestro entorno y, por otro, el papel que desempeña la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales europeas en defensa del citado principio. Finalmente, el trabajo se cierra con un anexo en el que se in

Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía del 14 de junio de 2011, cuando el Presidente de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea daba por concluida la septuagésima primera sesion de dicha Comision durante la IX Legislatura; sesion que pasara a la historia del parlamentarismo español por haber sido la primera en la que fueron adoptados los primeros dictamenes negativos en el marco del procedimiento de alerta temprana relativo al control del principio de subsidiariedad respecto a las propuestas normativas de Derecho de la Union Europea. Se trataba, por tanto, de la primera ocasion en la que las Cortes Españolas consideraron que ciertas propuestas normativas de Derecho de la Union Europea eran contrarias al principio de subsidiariedad. El objeto de este trabajo es dar cuenta de este hecho que se produce por primera vez en el seno del Parlamento Español desde que el procedimiento de alerta temprana fuera puesto en marcha tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Se pretende con esta investigacion, y en buena medida se ha alcanzado, es fijar la atencion sobre aquellos elementos fundamentales, basados en el analisis de dos casos concretos relevantes, que permitan indiciar cual es funcionamiento y la eficacia real y efectiva del procedimiento de alerta temprana; a fin de detectar tambien cuales son sus posibles deficiencias y si estas pueden poner en tela de juicio que el mismo contribuya a eliminar, o al menos reducir, el deficit democratico existente en la Union Europea; en tanto que este era uno de los objetivos fundamentales de la implementacion del procedimiento de control del principio de subsidiariedad a traves de los Parlamentos nacionales de los Estados miembros. Hasta la fecha, las criticas y alabanzas que el mecanismo de alerta temprana ha recibido tienen su fundamento en un analisis abstracto de la normativa que lo regula, por tanto, consideramos que nuestro trabajo contribuye a ofrecer una vision del mismo vinculada a su realidad practica, que puede enriquecer el debate existente en la doctrina al respecto.

La necesidad de fomentar el crecimiento económico condujo, a través de los Acuerdos Schengen, a la supresión de las fronteras internas entre los Estados signatarios para facilitar las transacciones comerciales y el flujo de ciudadanos. Sin embargo, esta circunstancia, junto con la progresiva extensión del Espacio Schengen, favoreció una más fácil circulación del delito, haciéndose necesaria la adopción de medidas compensatorias para garantizar la seguridad en este espacio común que pronto se vería integrado en el Espacio de libertad, seguridad y justicia.Por otro lado, la protección de los intereses financieros —inicialmente de las Comunidades y después de la Unión Europea— frente al fraude ha dado lugar a una profusa actividad legislativa, verdaderamente frenética, que está desembocando en la fijación de pautas y parámetros que parecen señalar hacia la creación de un proceso penal común. La actuación de la Unión Europea en esta materia abarca la regulación de los derechos de las partes —sospechosos y víctimas—, la armonización de legislaciones penales, la consagración de actores jurídicos ya existentes —Eurojust, Europol y OLAF— e, incluso, la creación de nuevos órganos, como la Fiscalía Europea, que aglutinará las funciones investigadoras en el ámbito de la Unión frente a las conductas defraudatorias.En este contexto, la presente monografía se muestra como una reflexión sobre la futura jurisdicción penal de la Unión Europea. Con este objeto se ha analizado la evolución del Espacio de libertad, seguridad y justicia y la política penal de la Unión, con objeto de ofrecer una visión lo más global posible no sólo del camino que ya se ha recorrido, sino del sentido que ha tomado la actual política penal de la Unión y que parece establecer los cimientos de una jurisdicción penal común.

«Luis González Vaqué siempre ha ido un paso por delante de los demás. Y a los que tratamos de seguirlo, aunque sea a distancia, nos ha servido de guía inspirador y ejemplo. Por ello, siempre le estar

La historia de la elaboración de las normas de derecho internacional privado en la UE es la de cómo una primera opción ?plenamente consciente? se encuentra preñada de corolarios implícitos pero seguramente no intuidos en 1957. En efecto, el viejo art. 220 del Tratado constitutivo de la Comunidad Economica Europea se limitaba a reclamar de los Estados que entablaran negociaciones, en tanto que fuera necesario, para simplificar las formalidades de reconocimiento y ejecucion de resoluciones judiciales y laudos arbitrales a fin proporcionar a los ciudadanos comunitarios un marco para una proteccion juridica suficiente, como instrumento para alcanzar un mercado interior cohesionado, ya que se asi evitarian las posibles perturbaciones provocadas por la distintas regulaciones procesales nacionales.

Este libro tiene como objetivo destacar la dificultad de hablar de derechos sociales en el espacio jurídico europeo, entendiendo por tales los derechos adscritos al Estado social. Frente a las crecientes demandas por dotar a la Union Europea de mayores prerrogativas sociales como consecuencia de la crisis del paradigma globalizador, las coordenadas constitucionales del modelo juridico politico situan a la dimension social transnacional en un espacio marginal incapaz de condicionar los imperativos inherentes a la centralidad del mercado. En este constitucionalismo de mercado los derechos sociales adquieren un significado diverso al del constitucionalismo social.