Libros de Derecho mercantil, página 54 de 289

Esta publicación consta de dos Capítulos: 1. Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva.2. Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversion colectiva.Actualizacion abril 2015. 5ªedicion: mayo 2015Incluye indices sistematico y analitico para facilitar su consulta

INDICE: 1. Concepto y fuentes de las obligaciones.- 2. Elementos de la relación obligatoria: sujetos y objeto.- 3. Circunstancias y garantías de la relación obligatoria.- 4. El pago.- 5. El incumplimiento de la obligacion y la responsabilidad contractual.- 6. Los efectos del incumplimiento.- 7. La defensa del credito.- 8. Concurrencia de acreedores.- 9. Modificacion y extincion de las relaciones obligatorias.- 10. El contrato y sus elementos esenciales.- 11. Formacion e interpretacion del contrato.- 12. Eficacia e ineficacia del contrato.- 13. Compraventa y permuta.- 14. La donacion.- 15. El arrendamiento de cosas.- 16. El arrendamiento urbano.- 17. El arrendamiento rustico.- 18. El arrendamiento de obra.- 19. Arrendamiento de aervicios.- 20. El mandato.- 21. El deposito.- 22. El prestamo.- 23. La sociedad.- 24. Fianza y aval a primer requerimiento.- 25. Los contratos aleatorios.- 26. Transaccion y convenio arbitral.- 27. Los contratops informaticos y electronicos.- 28. Los cuasicontratos.- 29. La responsabilidad civil (I).- 30. La responsabilidad civil (II).

Las fundaciones bancarias han sido ordenadas por la Ley 26/2013, de 27 de diciembre de cajas de ahorro y fundaciones bancarias (en adelante, Ley de Fundaciones Bancarias o LFB), para dotar de una nueva organizacion juridico-privada a los patrimonios procedentes de las principales cajas de ahorro españolas preexistentes.La LFB aduce como principal argumento justificativo para la reforma del sector de las cajas, con la introduccion de las fundaciones bancarias, la necesidad de impedir que las primeras adquieran un tamaño excesivo, evitando que puedan poner en peligro el sistema financiero, considerando la inidoneidad de su estructura juridica para hacer frente a situaciones de crisis con la agilidad necesaria debido a las dificultades que cuentan para atraer capitales.La justificacion legal conecta pues con la hipotesis harto publicitada desde el estallido de la crisis del sector de las cajas segun la cual esta tuvo su origen en problemas de los mercados financieros, ajenos a la propia organizacion de estas, y a la gestion de su negocio bancario. Las perdidas en el activo de las cajas habrian sido causadas por factores exogenos a su modelo de gobierno, sin que este tuviera mas debilidad que las dificultades para captar capital adicional con el que compensar las citadas perdidas.Pero, en trabajos anteriores, ya hemos falsado la hipotesis descrita. La quiebra de las cajas procede de la acumulacion en su activo de volumenes de riesgo crediticio inmobiliario, dificilmente compatibles con la que la lex artis de la gestion bancaria consideraria prudentes en tiempos de controversia sobre la existencia de una burbuja inmobiliaria.Nuestro analisis, pues, no tiene por objetivo prioritario el modo en que el nuevo modelo permite una mas facil recapitalizacion del sector, sino que se enfoca, mucho mas ampliamente, hacia la configuracion de todo su gobierno institucional y las novedades que este aporta en los incentivos para la buena gestion del riesgo bancario respecto al modelo precedente.

El objeto de la presente obra es el examen de la jurisprudencia concursal emanada de los distintos Juzgados y Tribunales de lo Mercantil en materia de resolución de contratos en los que interviene un concursado [art. 61.2 y 62 Ley Concursal (en adelante L.Co. )], de los efectos de la misma y de la clasificacion y calificacion de las prestaciones [art. 62.4 L.Co.; art. 84.2.6ª L.Co.]; aconsejando la complejidad de la materia y la extension de las cuestiones practicas a examinar el limitar el presente estudio a los pronunciamientos jurisprudenciales mas significativos y recientes en el tiempo recaidos al apreciar o rechazar dichas causas resolutorias y sus efectos

La experiencia jurisdiccional en la aplicación de la Ley Concursal 22/2003 y su modificación por medio de la Ley 38/2011, de la que llevamos varios años de aplicación, ha dejado un hecho preocupante, mas del 90% de los concursos que se han tramitado terminaron en liquidacion y la mayoria de los concursos que lograron aprobar un convenio, se reabren para entrar en la fase de liquidacion. Junto con los convenios que se presentan a la aprobacion de los acreedores y que ofrecen como solucion la continuidad de la actividad empresarial o profesional que suponga generar recursos con que atender a su cumplimiento se debe aportar un plan de viabilidad que soporte el plan de pagos Para tratar de modificar esta tendencia, tal vez un primer paso, desde un punto de vista profesional, pueda ser el trabajo que se presenta y que constituye un intento didactico de establecer una metodologia de trabajo y un analisis de los aspectos procesales en la elaboracion de este instrumento, que en el caso en los concursos de acreedores, la legislacion vigente lo tiene regulado Este trabajo puede constituir una herramienta que ayude, tanto a los Administradores Concursales como a las empresas en crisis.

La existencia de activo como requisito de la admisión de la solicitud de concurso ha sido fuente de polémica doctrinal y judicial desde la entrada en vigor de la LC, pues como reconoce la Exposición de Motivos de la Ley 38/2011, de reforma de la Ley Concursal la experiencia ha demostrado que los concursos sin masa constituyen una forma extendida de conclusion del concurso. NO se escapa nadie que resulta inconveniente y antieconomico declarar un procedimiento concursal cuando concurra una insuficiencia "ab initio" de patrimonio para satisfacer, incluso, las deudas de la masa en su vertiente de "gastos" del procedimiento, como pueden ser los derivados de publicidad oficial y registral (arts. 23 y 24 LC), gastos de asistencia y representacion del concursado (abogado y procurador) o del solicitante del concurso necesario, la retribucion de la Administracion Concursal (art. 34 LC), u otros añadidos como los generados por la continuacion o iniciacion en interes de la masa de juicios contra el concursado o contra terceros, que han de satisfacerse con cargo a la masa activa del concurso en los terminos del arts. 84.2.2 LC.

Esta nueva edición ofrece el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y que recoge la anterior normativa dispersa en el Código de Comercio, la Ley del Mercado de Valores, la Ley de Sociedades Anonimas y la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, estas dos ultimas derogadas en su integridad. Este Texto Refundido se ofrece actualizado con las numerosas modificaciones introducidas hasta el momento, incluidas las efectuadas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo; por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiacion empresarial; por la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal; por la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperacion y resolucion de entidades de credito y empresas de servicios de inversion; por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdiccion Voluntaria, y por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoria de Cuentas. En los casos de entrada en vigor diferida, se incluye la doble redaccion de los articulos afectados.Ademas se incorporan actualizados: la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptacion de la legislacion mercantil a las Directivas de la Comunidad Economica Europea en ...

sta monografía pretende ofrecer una revisión amplia y fundamentada de los principios y normas del Derecho Internacional relacionados con lo que ha venido en denominarse el derecho a decidir. Este examen esta vinculado directamente con

El Memento Sociedades Mercantiles 2016 es la referencia de consulta esencial para miles de empresarios y asesores jurídicos porque ofrece de forma sencilla y clara toda la información jurídica necesaria para administrar una sociedad, desde su creacion hasta su transformacion o disolucion.Es el manual de primera consulta sobre las normas de funcionamiento de las diferentes formas societarias y sobre los valores mobiliarios (acciones, obligaciones, opas, etc.), para tomar decisiones en todo momento de forma agil y segura. Lejos de exponer simplemente la normativa mercantil vigente, le ofrece soluciones practicas rigurosamente fundamentadas con la normativa, doctrina y jurisprudencia de aplicacion en cada caso, clarificando los aspectos mas complejos con ejemplos ilustrativos.Rigurosamente actualizada, en esta nueva edicion se incorporan todas las modificaciones introducidas en materia societaria y entre las que destacan:- Nueva Ley de Auditoria de Cuentas (L 22/2015).- Nueva Ley de la Jurisdiccion Voluntaria (L 15/2015).- Reforma de la LSC operada por la L 31/2014, para la mejora del gobierno corporativo.- Reformas del Codigo Penal operadas por la LO 1/2015 y LO 2/2015.- Ley de fomento de la financiacion empresarial (L 5/2015).- Nueva Ley de recuperacion y resolucion de entidades de credito y empresas de servi...

¿Afecta la declaración de concurso a la vigencia de los contratos? No por sí sola, y tanto si se trata de contratos unilaterales, como si son bilaterales, sean éstos sinalagmáticos o no sinalagmáticos y existan aun obligaciones pendientes de cumplimiento para ambas partes o solo para una de ellas. Todos los contratos, por tanto, continuan vigentes. Realmente la declaracion de concurso a lo que afecta no es a la vigencia sino a los efectos de los contratos, en cuanto si se trata de contratos no sinalagmaticos o sinalagmaticos cumplidos por la parte no concursada el credito del contratante in bonis se integra en la masa pasiva y se somete a la pars conditio creditorum y a la ley del dividendo sin que puedan resolverse por incumplimiento-, y si se trata de sinalagmaticos con obligaciones pendientes de cumplimiento para ambas partes se altera su regimen de resolucion

La aprobación de la LC, Ley 22/2003, de 9 de junio, produjo una auténtica revolución en la regulación de las relaciones laborales ante situaciones concursales. Uno de los aspectos más relevantes de esa revolucion es el que afecta a los expedientes de regulacion de empleo en sede concursal En el presente trabajo se pretende analizar, de modo profundo aun cuando conciso por el propio formato de la obra, las principales cuestiones que se suscitan en la aplicacion del expediente de regulacion de empleo concursal. Y ello mediante el estudio no solo del procedimiento previsto por la LC en el art. 64, ampliamente reformado por Ley 38/2011, de 10 de octubre, sino, igualmente, de los necesarios elementos contenidos en el ET, al que la LC expresamente se remite, para comprender y aplicar de modo integro la regulacion existente en la materia El expediente regulador de empleo concursal

Contenido: LEY Y REGLAMENTO. - Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.- Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenacion, supervision y solvencia de entidades de credito. Actualizacion abril 2015.

Esta obra ofrece a los estudiosos y profesionales del Derecho un análisis del Derecho del Consumo desde una perspectiva normativa, doctrinal y, especialmente, jurisprudencial, con el fin de abordar de forma integral y casuística las normas de protección de los derechos de los consumidores y usuarios contenidas tanto en la norma general del TRLCU como en normas especiales. Para ello se ha dividido la obra en cuatro partes: la primera destinada a una introducción y estudio de los derechos reconocidos a los consumidores, con sus implicaciones, desarrollo y Derecho comunitario; la segunda dedicada al estudio de la protección del consumidor ?previa, coetánea y posterior- en la contratación, analizando tanto la regulación general de los contratos celebrados con consumidores (información precontractual, condiciones generales, garantías...) como la normativa específica de cada uno de los contratos en que el consumidor goza de algún tipo de protección especial (turísticos, servicios bancarios y financieros, suministros urbanos...); en la tercera parte se analizan los mecanismos de protección de la salud y seguridad de los consumidores desde el punto de vista resarcitorio (responsabilidad civil por productos y servicios, en el ámbito médico-sanitario, responsabilidad penal); y por último, la cuarta parte se dedica al estudio de los procedimientos de protección del consumidor (como puede ser a través del derecho de la competencia, mecanismos de autoregulación, la regulación de la insolvencia del consumidor), a la resolución de conflictos extrajudicial (mediación, arbitraje...) y judicial (acciones colectivas, legitimación...), reclamaciones administrativas y en materia de consumo transfronterizo. Se cierra la obra con un amplio Anexo de modelos y formularios muy útiles para el práctico del Derecho.