Libros de Derecho político, página 10 de 55

La presente recopilación de Normas políticas, encabezada por la Constitución de 1978 debidamente anotada y concordada con el resto de las disposiciones que se incluyen en la obra, recoge los textos normativos esenciales para el conocimiento y estudio de nuestro ordenamiento juridico-politico. Estructurada siguiendo una sistematica frecuente en los manuales y programas docentes de Derecho Constitucional, el libro agrupa los diferentes textos legales en torno a cinco grandes apartados: Fuentes del Derecho. Derechos fundamentales (tratados y convenios internacionales y leyes de desarrollo). Participacion politica. Poderes del Estado (Corona, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Administracion Publica, Poder Judicial y Tribunal Constitucional). Organizacion territorial del Estado (Administracion Local, leyes estatales de contenido autonomico y relacion de normas institucionales de Comunidades y Ciudades Autonomas).

Guillén Kalle, Gabriel.Constitucionalización del Derecho Social.

En este libro, se intenta abordar la moral en la política, en concreto la moral del político municipal y el comportamiento que los ciudadanos esperan de él. Así pues, se describirán sus conductas y comportamientos, tanto en el marco de sus relaciones internas con su propio partido, como en sus confrontaciones públicas con las formaciones adversarias; la conducta que debe presidir su gestión cuando formen parte del equipo de gobierno en sus respectivos ayuntamientos; la asunción de conductas éticas coherentes con el discurso que realiza; etc. Asimismo, se intenta dar respuesta a cuestiones que frecuentemente se plantean muchos ciudadanos, tales como: ¿Qué comportamiento debe tener el político, el concejal, frente a los abusos y excesos que, en ocasiones se producen en la gestión política invadiendo, incluso, con sus conductas en la esfera de lo privado, de lo particular? ¿Cuál es su responsabilidad?; ¿ dispone el político de la "patente del corso" para realizar cualquier acción al margen de la ley, sin que ésta jamás sea susceptible de ser sancionada o penada?; ¿Se debe exigir al político algunos requisitos o condiciones para poder acceder a un cargo público?; ¿Qué tipo de condiciones personales debe tener el concejal para acceder a un puesto de responsabilidad? En definitiva, conductas, comportamientos y actitudes, que no sólo potencian la imagen del político, sino que redundan en beneficio de toda la comunidad

El propósito de Javier García Fernández con este libro es elaborar una teoría jurídica del Gobierno como órgano constitucional. Este volumen reúne artículos, publicados e inéditos, de los últimos quince años, con el fin de dar una vision mas completa y cerrada de la institucion. Entre sus objetivos esta hacer balance de la Ley de Gobierno de 1997; profundizar en la teoria juridica del continuum Gobierno-Administracion; recapitular el resultado de la accion de las Administraciones independientes y su conexion con el Gobierno; la problematica juridica de las nuevas formas de las fuentes del derecho; y las consecuencias juridicas y organizatorias de los Gobiernos de coalicion, especialmente en las Comunidades Autonomas. La obra, estructurada en siete bloques, analiza la evolucion normativa del Gobierno, el Gobierno en la Constitucion Española, la organizacion del Gobierno y su funcionamiento (con especial referencia al Secretariado del Gobierno), el control parlamentario y judicial, la relacion Gobierno-Administracion y el Gobierno y la funcion consultiva.

La Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos introdujo un novedoso mecanismo de disolución que, gracias al consenso de las fuerzas políticas mayoritarias por aquel entonces, se revelo como un medio muy eficaz para frenar el apoyo a diversas formas de violencia del entramado de Batasuna. A pesar de su amplia denominacion, la LOPP se mueve en el terreno de una legislacion constitucional de emergencia que se penso para poner fin a muchos años de violencia terrorista. Solo desde ese contexto sociologico, puede comprenderse esta ley antes de analizarla con los matices, exigencias e interpretaciones garantistas formuladas por el Tribunal Constitucional. El autor señala que las actividades externas de los partidos politicos deben adecuarse intensamente -y no solo en su organizacion interna- a los valores, principios democraticos y derechos fundamentales; de forma que se les podria disolver cuando vulnerasen estos principios o pretendieran destruir el sistema de libertades mediante el fomento de la violencia como supuesto metodo para conseguir objetivos politicos o el apoyo a la accion de organizaciones terroristas. Podria decirse que no cabe transformar el orden constitucional por medios ilegales. El partido que apoye la violencia -o la practique- esta poniendo en peligro la subsistencia del orden pluralista constitucional y es razonable que el Estado se defienda y lo excluya de los beneficios que otorga a estas asociaciones. El libro analiza los problemas juridicos que han surgido desde entonces y cuales son sus soluciones: disolucion de grupos en los parlamentos autonomicos, liquidacion de los bienes patrimoniales de un partido disuelto, la sucesion de partidos ilegalizados por otros "partidos de cobertura", etc. Un esfuerzo juridico que debe formar parte de una adecuada politica de Estado -no de Gobierno- compartida por todas las fuerzas politicas y alejada de la confrontacion electoral.