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Al acercarse la fecha de los quinientos años de la Protesta de Lutero, en el cercano 2017, se hacía necesario estudiar su influjo político y jurídico. Máxime cuando todo apunta a que se prepara una verdadera celebracion, incluso en ambientes catolicos, mas que propiamente una conmemoracion. El lector consciente, asi pues, podra acudir a estas paginas (y a no muchas mas) para esclarecer una serie de tematicas decisivas de la experiencia politico-juridica contemporanea donde las premisas luteranas (y a fortiori calvinistas) se muestran tan particularmente netas como deletereas las consecuencias.El volumen, que responde a un diseño y a una ejecucion organicos, y que constituye por tanto un libro escrito a varias manos y no solamente una recopilacion miscelanea, recoge las actas de las V Jornadas Hispanicas de Derecho Natural, celebradas entre los dias 27 y 29 del pasado mes de abril en la Universidad Anahuac Mexico Norte, y organizadas por el Consejo de Estudios Hispanicos Felipe II con la colaboracion de la seccion mexicana de la Union Internacional de Juristas Catolicos.

La obra Derecho degenerado presenta un cuadro sintético del papel de los juristas y los profesores de derecho en la Alemania nazi, interrogándose acerca de su responsabilidad moral y planteando los riesgos que para el futuro del Estado de derecho implica el no prestar sufi ciente atencion a la historia juridica de aquella epoca. El analisis se centra particularmente en Carl Schmitt y en Karl Larenz y pone de relieve el uso que a partir de dichos autores se dio a ciertos conceptos juridicos por ellos forjados o difundidos, como el de pensamiento concreto de orden o la idea de conceptos generales-abstractos. Es un libro util e interesante tanto para el lector cultivado no experto en derecho como para el jurista con inquietudes sobre la historia juridica reciente y la trayectoria de los conceptos juridicos en nuestra epoca. El autor se muestra comedido en sus juicios politicos y morales y huye de todo sensacionalismo, tratando de dar siempre prioridad al analisis sosegado y a las cuestiones de fondo.

El 1 de enero de 2016 empezó a regir para todo el territorio nacional el Código General del Proceso. Dicha implementación fue lograda de manera gradual mediante la expedición de acuerdos por parte del Consejo Superior de la Judicatura, en el campo civil. Sin embargo, con anterioridad a dicha fecha, este estatuto ya empezo a aplicarse como norma supletoria en los procesos contencioso-administrativos y algunos llevados por autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales. Igualmente, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de emitir algunos pronunciamientos alrededor de la constitucionalidad de varias normas contenidas en este Codigo. Por esta razon la Universidad Externado de Colombia y su Departamento de Derecho Procesal ofrecen esta segunda edicion del Codigo General del Proceso comparado con el Codigo de Procedimiento Civil. En esta segunda edicion, ademas del ya conocido Codigo comparado, podran encontrarse como anexos: la referencia concreta a los pronunciamientos de constitucionalidad realizados por la Corte Constitucional sobre algunas normas del Codigo General del Proceso; los diversos acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura que dieron implementacion al Codigo General del Proceso; el Decreto 1736 de 2012 y su fe de erratas, por medio de los cuales se introducen algunas modificaciones al Codigo General del Proceso; la Ley 1561 de 2012, por la que se establece un proceso verbal especial para otorgar titulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad economica, sanear la falsa tradicion y se dictan otras disposiciones; asi como nuevas herramientas de consulta que facilitan la labor de comparacion. Al final del texto, el lector podra encontrar un indice normativo en el cual ubicara de manera mas expedita las paginas donde estan las normas del Codigo de Procedimiento Civil, segun su articulo equivalente en el Codigo General del Proceso.

Análisis sobre la posibilidad de reformar la justicia y una explicación sobre qué cambios son posibles y qué se requiere para llevarlos a cabo. El volumen está organizado en cuatro partes. La primera aborda la ineficacia de la ley en la vida social de un pais y su repercusion en la administracion de justicia. La segunda propone algunas claves de entendimiento de este problema. La tercera esta dedicada a los intentos de reformar la justicia que se han desarrollado en las ultimas tres decadas, sus logros y limites, los obstaculos encontrados en el camino y la experiencia de la reforma procesal penal. La cuarta y ultima pone atencion a algunos actores relevantes del proceso y discute los mitos asi como ciertas propuestas que circulan en torno al tema.

Esta obra nace de un esfuerzo continuado en el grupo de Investigación «Propuestas de Actuación y Parámetros de Sostenibilidad en el acceso y la rehabilitación de Vivienda en Andalucía que ha sido fin

El estudio que ahora se acomete utiliza una metodología comparativista marcada por una tendencia eminentemente práctica, que entendemos resulta muy útil para el entendimiento global de la situación actual, pero tambien, cuenta con una perspectiva historico-critica, que mentalmente situa en el origen de la institucion, lo que presenta una vision diacronica de los problemas que padece el usufructo sobre cosas consumibles. Entiendo que desde el sentido funcional que pretende este trabajo, puede dar la impresion de que no es la mejor eleccion metodologica esta de desmenuzar los origenes de la institucion, lo que incluso puede parecer virtuosismo juridico, pero en este caso del usufructo de dinero resulta necesario, pues precisamente por su inclusion en el usufructo de bienes consumibles le afectan algunos de los historicos problemas de aquel.

El operador jurídico administrativo en la actualidad -llámese juez, funcionario, abogado o asesor- debe tener un alto grado de especialización y porqué no, detentar una técnica particular para el desarrollo de sus singulares y cotidianas actividades. La especializacion se ha convertido en un requerimiento fundamental, que pareciera muchas veces invitar a desanimar las referencias juridicas generales por una parte y, por la otra, a propiciar una profundizacion cargada de componentes tecnicos.Esta tendencia se aprecia mejor con un referente juridico privado que en terminos historicos, de manera casi obligada han tenido las instituciones del derecho administrativo. Lo "novedoso" de estas ha sido el regimen administrativo, frente a situaciones y relaciones reguladas de antaño por el derecho privado o mas genericamente por el derecho comun; por eso esa "novedad" se ha hecho relativa frente a una construccion paralela de instituciones publicas y privadas, donde las primeras son muchas veces adaptacion de las segundas, a requerimientos propios de una disciplina mas joven y consecuentemente mas inmadura como el derecho administrativo.La especializacion se ha convertido entonces en el motor del proceso de madurez del derecho administrativo; un proceso sin dudas inacabado, que pareciera demostrar unos sustentos teoricos y practicos contundentes, pero tambien que no va a terminar con la independencia absoluta del derecho administrativo frente al derecho comun, sino por el contrario, consciente de ese paralelismo, lo robustece en algunas oportunidades o lo debilita en otras, tomando para si, situaciones y relaciones nuevas o dejandolas y abandonandolas para su reinsercion en el derecho comun respectivamente.

Presento a los estudiantes estos modestos apuntes de derecho romano con el objeto de proporcionarles una guía para el estudio de esta materia en el primer curso y facilitarles un tanto la fatigosa tarea de repasar los conocimientos adquiridos para la preparacion de las evaluaciones periodicas.No sobra advertir que el ideal de presentar las instituciones juridicas como entes dinamicos supera los limites de este trabajo; sin embargo, no desaproveche oportunidad alguna, en los cinco capitulos, para resaltar que el derecho no puede apartarse del contexto historico.Distribuidos al final de cada seccion, el estudiante encontrara varios textos de notables romanistas; su lectura mejorara la ilustracion de los temas correspondientes y lo familiarizara con el analisis cientifico en el campo del derecho romano.Desearia realizar en este lugar algunas consideraciones metodologicas, pero corro el riesgo de que la presentacion sobrepase las proporciones del texto; por eso tales explicaciones las desarrollare en el curso de las lecciones correspondientes.

En este volumen rescatamos el curso de derecho político impartido por Eduardo Soler en la facultad de derecho de la Universidad de Valencia muy probablemente en los semestres de 1887/88, años después de su regreso a la enseñanza universitaria. Sus lecciones componen un valioso testimonio de los inicios de la difusion masiva de los principios del krausismo en las aulas de la Restauracion. Plasman el krausismo en accion, en su transmision directa a los jovenes estudiantes del momento. En ellas se suceden, por tanto, los axiomas capitales de aquella doctrina, desde su peculiar concepto del Estado y del derecho hasta su defensa del pluralismo social y de la autonomia de las personas individuales y colectivas.

Estas lecciones constituyen el legado jurídico de Eduardo Soler. Dictadas en el último curso que impartió, e inspiradas en autores como Tocqueville y Constant, son fiel testimonio del krausismo aplicado a la materia administrativa y un retrato no menos fidedigno de la fisonomia del Estado liberal en visperas de su descomposicion. En el primer sentido, puede apreciarse el empleo de la doctrina krausista de la persona social para la concepcion de las entidades municipales y provinciales, consideradas por Soler como organismos naturales. Eran estos principios los que animaban su defensa de la autonomia de los cuerpos intermedios, su critica a la centralizacion imperante, manifestada en la entrometida tutela que los gobernadores ejercian sobre los pueblos, y su nocion constitucional del derecho administrativo, que le llevaba a rechazar practicas como la censura previa o el papel del ejercito como organo director de la vida estatal. En el segundo sentido, estas lecciones evidencian el inesperado caracter intervencionista del Estado liberal y sirven para aprehender los rasgos genuinos de la sociedad burguesa. En ellas se aborda desde la composicion de las altas magistraturas del Estado hasta la regulacion que debian respetar los carruajes de caballos, desde las funciones de los ministerios hasta la reglamentacion de circos, teatros y juegos de azar. Era este terreno, el administrativo, donde se resolvian normativamente las relaciones entre el Estado y la economia, como mostraba la incipiente legislacion laboral, o el papel de los poderes publicos en la vigilancia de la moral, a traves de la policia de las costumbres. Era, pues, el plano en que se concretaba el contenido efectivo de los derechos, que Soler entendia como la garantia mas fundamental del orden juridico, de ahi que algunas de sus reflexiones centrales esten dedicadas a los derechos de asociacion, de reunion y de propiedad, a la libertad de prensa, de sindicacion y de huelga y tambien a los estados de excepcion, la policia y la represion penal. Las lecciones se encuentran precedidas por un estudio de Yolanda Blasco Gil, especialista en las doctrinas administrativas de la España de entresiglos y gran conocedora de la historia de la facultad de derecho de Valencia durante la Restauracion.

El Estado Social sigue en crisis. Ha empezado a estar en crisis desde quizá el momento mismo en que, paradójicamente, gozaba de legitimidad. El Estado de la justicia social ha nacido cuestionado (e impugnado) por aquellos sectores del derecho, de la economia y de la politica que flamean hipocritamente la bandera del Estado minimo. Vivimos en un escenario mundial de profundizacion de un capitalismo salvaje, insostenible y suicida, y de una imparable deslegitimacion de la clase politica y de la democracia, sumado a altas tasas de corrupcion politica y financiera, nacional e internacional, y enormes dosis de cinismo generalizado desde los grandes organismos financieros internacionales e incluso de algunos que pregonan la supuesta defensa de los derechos humanos. A la vez, surgen nuevos actores sociales en este teatro social mundial de autoritarismo politico, de conservadurismo moral, recortes y violaciones de derechos humanos sociales, economicos y culturales, pero tambien de derechos individuales, civiles y politicos. Nuevos movimientos sociales y politicos, la ciudadania en genesis democratica hambrienta de justicia social, de derechos sociales y tambien de libertades ciudadanas, deseosos de refundir nuevos modelos democraticos, coherentemente democraticos, procesal y materialmente igualitarios y libres. En este contexto, el objetivo de este libro es pensar en estos procesos sociales, politicos, economicos y democraticos desde el prisma de los derechos sociales. Este trabajo conjunto de profesores e investigadores de derechos sociales y de derechos humanos de la Universidad Nacional de Cordoba, Argentina, y de la Universidad Carlos III de Madrid, pretende posibilitar debates, practicas, estudios y politicas sobre los derechos sociales, desde el convencimiento de que la calidad de vida y el pleno disfrute de los derechos sociales (y tambien de los derechos liberales), no tiene por que ser una utopia. O que, quiza siendolo, son estas las utopias que deberian guiar la practica, el ejercicio y la exigibilidad de los Estados de Derecho modernos.Por ciudadanos y ciudadanas del mundo libres de temor y miseria.

Esta obra se funda en un acucioso y actualizado análisis de la más relevante legislación, doctrina y jurisprudencia nacional e internacional. Comprende tanto los aspectos generales del principio de la buena fe como el analisis particular de la buena fe contractual, ademas de sus manifestaciones teoricas y practicas en el derecho de obligaciones, sin duda uno de los ambitos donde este principio impacta de manera mas significativa.El autor revisa con claridad otras materias de interes, como la presuncion de la buena fe contractual y el contenido de su antitesis: la mala fe.

Texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

Texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Este trabajo pretende dar una visión global del proceso de la Codificación Mercantil en España durante el siglo XIX. Recoge los antecedentes de ese proceso desde fi nales de la Ilustración; la preparacion y elaboracion del Codigo de 1829, asi como las valoraciones e influencias que recibio, y las que a su vez fue capaz de ejercer; la normativa complementaria de este Codigo como la Ley de Enjuiciamiento y la de la Bolsa de Madrid.Tambien presta atencion a la formacion y actividad de cada una de las siete comisiones que a lo largo de aquella centuria se nombraron para la reforma o elaboracion de un nuevo Codigo, asi como sus relaciones con la Comision General de Codificacion. Si bien se detallan las obras y proyectos de esas comisiones, merecen especial atencion el proyecto de 1875, verdadero antecedente del Codigo de 1885, como este ultimo, teniendo en cuenta las opiniones y valoraciones que ha recibido por parte de los especialistas mas destacados. Por ultimo, se hace mencion a los autores y obras mas importantes del Derecho Mercantil en España hasta las primeras decadas del siglo XX. En definitiva, se trata de una sintesis de lo que hasta ahora se ha hecho por conocer esta parcela de la Codificacion, como queda patente en la bibliografia manejada.Dionisio A. Perona Tomas es Profesor Titular de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha. Miembro del Instituto de Historia de la Intolerancia, adscrito a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislacion. Su labor investigadora se centra en el estudio de la Administracion durante la Edad Moderna, la Inquisicion, el Derecho Indiano, y el Constitucionalismo y la Codificacion.

De acuerdo con el artículo 229 de la LGSM, las sociedades mercantiles se disuelven por diversas causas a saber: por expiración del término fijado en el contrato social, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar este consumado, por acuerdo de los socios, tomado de conformidad con el contrato social y con la Ley, porque el numero de accionistas llegue a ser inferior al minimo que establece la LGSM, porque las partes de interes se reunan en una sola persona o por la perdida de las dos terceras partes del capital social.Ante cualquiera de dichas situaciones, las sociedades se ven en la necesidad de entrar en disolucion con la finalidad de liquidar las operaciones realizadas y entregar a los socios o accionistas el patrimonio neto que, en su caso, resulte.Conscientes de la problematica y las dudas que enfrentan las personas morales en dichas situaciones, hemos elaborado la presente obra, misma que se divide en dos apartados:1. Tratamiento juridico-fiscal de la disolucion y liquidacion de las personas morales (sociedades mercantiles, sociedades y asociaciones civiles). 2. Tratamiento juridico-fiscal del concurso mercantil.Con objeto de facilitar la comprension de los temas que se tratan en cada uno de los apartados y capitulos que integran el presente libro, se incluyen ejemplos y casos practicos que complementan el marco teorico.La presente obra esta dirigida a los estudiantes de legislacion fiscal, a los profesores de impuestos, a los encargados de liquidar una persona moral y, en general, a cualquier persona interesada en el tema.

Los instrumentos de actuación consensuales, bajo los cuales se encuentran los contratos estatales, adquieren un significado creciente como una forma destacada de cooperación en la relación entre particulares y el Estado. Las tareas administrativas no son realizadas (o no de la forma aspirada) mediante el instrumento soberano unilateral de la ley y de los medios de administracion soberana accesorios de la ley. El contrato estatal es un instrumento de realizacion de los derechos fundamentales. Los contratos estatales fomentan, con fundamento en el consenso y la cooperacion, la aceptacion de las decisiones y la paz juridica. Los contratos posibilitan el uso del know-how privado por parte de la administracion publica, ante las escasas fuentes personales y financieras delEstado. Ademas, los contratos estatales contribuyen a un ejercicio de las tareas publicas de forma concreta y ajustada al caso especifico, asi como una reaccion flexible y economica del Estado a los conflictos e intereses de la sociedad, cada vez mas cambiantes. Por otro lado, dichos contratos contribuyen a la efectividad de las decisiones, al mejoramiento de la eficiencia del cumplimiento de tareas publicas y a evitar la perdida de legitimacion; asi como al aseguramiento de las condiciones financieras de las actuaciones estatales. Los contratos estatales tienen elementos de democracia directa porque el ciudadano es incluido en el proceso de toma de decisiones, en especial en la determinacion de las consecuencias juridicas; con ello, participa y se hace corresponsable

En un ambiente que otorgaba preeminencia a los derechos locales, y en consecuencia, en el que la aplicación general del derecho romano se oponía a la organización misma del Sacro Imperio Romano Germánico, fue merito de la llamada escuela de los Glosadores, que se estructuro en Bolonia a partir del siglo xi, afirmar, de un lado, la posibilidad de coexistencia de un derecho civil particular, el de las ciudades, y de otro, el civil general, el derecho romano. Al estudiar este ultimo y observar las pautas normativas que regulaban las relaciones entre particulares, los cultores de la glosa pudieron, por ejemplo: (i) afirmar la triparticion de los criterios de culpa contractual; (ii) elaborar un concepto de pacto asimilable al de convencion en Justiniano; (iii) aseverar que podian otorgarse a los pactos adjuntos acciones independientes a las del contrato; (iv) acuñar terminos y brocardos, y (v) diferenciar entre cosas fungibles y no fungibles.Los Comentaristas, que a partir del siglo xiii procuraron la aplicacion practica de la obra justinianea en general, y del Digesto en particular, manifestaron abierta simpatia por el estudio del derecho de los particulares, a tal punto que se reconocen como aportes suyos: (i) la adopcion de la formula ius utendi, fruendi y abutendi para explicar el contenido del derecho de propiedad; (ii) el establecimiento de pautas para la moderna teoria de la imprevision; (iii) los conceptos de culpa in abstracto e in concreto; (iv) la adopcion del termino "deposito irregular" para identificar el que se daba sobre bienes fungibles, en cuanto el depositario se hacia propietario de ellos, y en consecuencia solo debia restituir su equivalente y (v) la ampliacion de la denominada lesion enorme a todos los contratos conmutativos.

Sobre el estado de la discusión con respecto a los "ataques informáticos" o ciberataques. Un ataque informático constituye la forma más intensa de lo que puede ser considerado como unaguerra cibernética, esto es, el uso de medios tecnicos para pelear una guerra contra un enemigo en el ciberespacio. El motivo de interes en los ataques informaticos es que por lo general solo estas formas de delitos cometidos en el ciberespacio son lo suficientemente serias para ser calificadas como crimenes internacionales y, asi, quedar cubiertas por una jurisdiccion penal internacional.Como la de la Corte Penal Internacional. En lo que se refiere a la "responsabilidad penal internacional", el debate actual se concentra principalmente en la aplicacion del derecho de los conflictos armados, o derecho internacional humanitario, a los ataques informaticos (infra B). El debate es menos intenso en relacion con la posible responsabilidad penal por un crimende agresion (infra C). Por ultimo, practicamente no hay ningun debate con respecto a la comision de crimenes contra la humanidad mediante ataques informaticos, pero vale la pena realizar una breve mirada a esta posibilidad siguiendo la discusion de los crimenes de guerra (infra D). Por supuesto que hay muchas otras cuestiones relativas a la responsabilidad penal internacional en el ciberespacio, pero su tratamiento excede el proposito de este articulo.

El presente trabajo está concebido bajo la perspectiva de tratar de encontrar enfoques correctos y razonables en la puesta en práctica de las políticas de la conocida como "justicia transicional", en sociedades que intentan resolver graves situaciones de violaciones generalizadas y sistematicas de los derechos humanos. En especial, se aspira a que en el diseño y la implementacion de la justicia transicional se logre encontrar un equilibrio al conflicto que suele presentarse entre los valores justicia y paz, dado que la realidad social afectada por conflictos armados o Estados dictatoriales no puede ser abordada bajo los tradicionales esquemas validos para sociedades bien ordenadas y con normales niveles de justicia y paz.Como es sabido, una practica de Estados y gobiernos consiste en implementar amnistias e indultos o penas reducidas en el marco de politicas criminales blandas en terminos de castigos, o que incluso renuncian a los mismos, en pos de superar el conflicto armado y/o la dictadura para que la sociedad logre alcanzar niveles aceptables de paz social.Las amnistias -y no cualquiera- son implementadas en el ambito de la justicia transicional y sirven como puente para la superacion de la violencia generalizada y para lograr la convivencia pacifica.