CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

La presente edición, sigue la sistemática de ediciones anteriores. En epígrafes sucesivos se incluyen las normas que regulan directamente algún aspecto de la contratación realizada por el sector público. Extensa y singularmente detallada, en primer lugar figura la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, ambas de 26 de febrero de 2014. Es la principal novedad que se recoge en la presente edición. Como se ha indicado, llama la atención la amplitud de esta Ley. Es la más amplia que se ha promulgado en la materia de contratación pública. Sus 347 artículos destacan frente a los 334 del TRLCSP 3/2011, los 309 de la Ley 30/2007, los 266 del Texto Refundido 2/2000 y los 219 de la Ley 13/1995. Esa tendencia al aumento también se observa en lo que respecta a las disposiciones adicionales. Las de la Ley 9/2017 son 53; las del TRLSP 3/2011 fueron 31. En cuanto a las formas, el articulado se organiza en un Título Preliminar y cuatro Libros, que se dividen en Títulos, que, a su vez, se dividen en Capítulos y Secciones, que, con una acusada insistencia en clasificar y dividir, se subdividen en subsecciones. A continuación de la Ley 9/2017 se incluye el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público; el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; el Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales; el Real Decreto 541/2001, de 18 mayo, por el que se establecen determinadas especialidades para la contratación de servicios de telecomunicación; la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad. Dado el silencio que por el momento guarda el Congreso respecto a la aprobación del proyecto de Ley sobre los procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, por la que se transpondrá al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, ha sido necesario incluir aquí la Ley 31/2007, de 30 octubre, relativa al mismo asunto, así como la propia Directiva 2014/25. Como normas complementarias, en materia de pliegos de cláusulas administrativas, se incluyen el Decreto 3854/1970, de 31 diciembre, que aprueba el pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del Estado; la Orden de 8 marzo 1972, por la que se aprueba el pliego de cláusulas generales para la contratación de estudios y servicios técnicos competencia del Ministerio de Obras Públicas, y el Decreto 2572/1973, de 5 octubre, por el que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de equipos y sistemas para el tratamiento de la información y mantenimiento, arrendamiento y programas. En lo que respecta a revisión de precios, figura el Real Decreto 1359/2011, de 7 octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de ...