DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y EL PROCESO EUROPEO DE ESCA APLICACIÓN EN ESPAÑA TRAS CASI QUINCE AÑOS DE VIGENCIA

En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la llamada "Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", fijando diecisiete objetivos y, al hilo de estos, ciento sesenta y nueve metas. De los diferentes objetivos señalados en ella, todos ellos relevantes, cabe destacar el penúltimo de ellos, consistente en Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, una de cuyas metas -la tercera de las doce que refiere- es la de promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Tan ambicioso propósito pasa ineludiblemente por garantizar la necesaria asistencia jurídica a quienes carezcan de suficientes medios económicos para procurar la tutela de los tribunales; por favorecer que, cumplidos determinados requisitos, puedan ejercitarse acciones colectivas para defender los derechos e intereses de los consumidores; y por asumir que el Estado debe garantizar el acceso a la justicia, entendiendo que ello implica garantizar tanto el acceso a la jurisdicción como a otros medios de gestión de conflictos igualmente civilizados y aptos para ayudar a solventar las disputas de carácter jurídico que surjan en el seno de la sociedad. Si ello es así, si se considera que conseguir soluciones justas no es patrim