EL ESTATUTO JURIDICO DE LOS PADRASTROS

La consecuente reasignación de roles familiares que se deriva de la reconstitución familiar implica cada vez más frecuentemente la asunción de responsabilidades parentales por parte de las nuevas parejas de los progenitores. En esta monografía la autora argumenta la necesidad de acompañar esta realidad de un reconocimiento legal, más allá de lo que ya recogen algunas disposiciones dispersas del Código civil. La profesora Silvia Tamayo nos aproxima en este estudio a una nueva realidad social en auge. La consecuente reasignación de roles familiares que se deriva de la reconstitución familiar, implica cada vez más frecuentemente la asunción de responsabilidades parentales por parte de las nuevas parejas de los progenitores. Asistimos a una disociación entre la paternidad biológica y social; en la constitución de la familia, el elemento carnal, biológico va perdiendo importancia en provecho del elemento psicológico, afectivo. Se hace por ello preciso calibrar el posible reconocimiento de derechos a un padre no legal , así como examinar aquellos mecanismos a través de los cuales es factible otorgarles legitimidad. . Es destacable, sin embargo, tras una descripción y valoración de la situación actual, la desidia del legislador español en lo que se refiere a las particulares circunstancias generadas por este tipo de familias. Esta realidad no viene acompañada de un reconocimiento legal, salvo, en ciertas ocasiones, a través de algunas disposiciones dispersas del Código Civil, en todo caso, fragmentarias. Todo ello trae como consecuencia la utilización incorrecta de otros instrumentos que pone de manifiesto los problemas suscitados por la aplicación de una legislación que no tiene en cuenta ni sus características ni su dinámica. De ahí la necesaria intervención legislativa, a semejanza de lo que han venido haciendo los países de nuestro entorno jurídico, con el fin de dar cobertura jurídica al papel de los padrastros mediante la enunciación precisa de derechos y obligaciones que de respuesta a las exigencias de protección del menor.