El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial a las Administraciones Públicas (5.ª edición)

La Administración Pública en el ejercicio de sus atribuciones puede incidir negativamente en los bienes y derechos de los ciudadanos, debiendo indemnizarlos por los daños sufridos. La configuración del daño y su correlativa indemnización se lleva a cabo analizando el concepto de lesión, el funcionamiento de los servicios públicos, el nexo causal, la cuantificación de la indemnización y la prescripción del derecho a reclamar, entre otras cuestiones. Esta materia es de la que trata la obra desde una vertiente legal, doctrinal y fundamentalmente jurisprudencial; del mismo modo, se analiza el procedimiento a seguir frente a la Administración, con unos formularios que sirven de apoyo en la tramitación del correspondiente procedimiento.
En otro orden de cosas, cabe significar que la Administración puede actuar a través de la gestión de los servicios públicos de forma directa, o bien, auxiliarse mediante formas de gestión indirecta, como puede ser la concesión. Del mismo modo, y como regla general, las obras públicas son ejecutadas por contratistas no pertenecientes a la Administración titular de la obra. En todos estos casos, la responsabilidad se difumina entre la Administración y el concesionario o contratista. En esta monografía se examina en detalle el régimen a seguir, determinando cuándo responde la Administración y cuándo los contratistas o concesionarios.
La concurrencia de culpas en la producción de daños es otra de las cuestiones a la que se dedica especial atención en la obra. Estos pueden producirse como consecuencia de la conducta de la Administración y particulares, de varias Administraciones entre sí e, incluso, puede suceder que el daño lo produzca la propia victima o un tercero. Junto a estos y otros intervinientes, cabe referirse también al protagonismo asumido por las compañías aseguradoras de daños. En la presente monografía, se hace una exhaustiva referencia a todas estas cuestiones y la jurisdicción competente para resolver sobre la indemnización, atendiendo a cada una de las circunstancias que concurran en cada caso.