Investigación y defensa en clave tecnológica

El sujeto encausado es protagonista involuntario de un proceso que ha de ser marco en el que ver garantizados sus derechos y es, sin embargo, el instrumento con mayor capacidad de erosionarlos; un proceso, centrado en las personas y, al tiempo, marcadamente tecnológico. En este escenario, la configuración de un estatuto jurídico irreductible a favor del encausado que garantice la efectividad de un fortalecido derecho de defensa, es el primero de los propósitos a los que sirve este análisis. Ser conscientes, además, de que el uso de la tecnología, desde la más accesible y de uso frecuente por la ciudadanía, hasta la más sofisticada y al alcance de menor número de personas, pero no exclusivamente de los responsables de la investigación penal, permite llevar esta a extremos, hasta fechas recientes, inimaginables, hacía obligado detenerse en esta otra realidad; en ocasiones, la obtención de la fuente de prueba entra en pugna con el respeto a los derechos fundamentales de la persona o se asiste a su efectiva lesión, sea por los órganos policiales, sea resultado de la actividad llevada a cabo por un particular. La generación, en esos casos, de lo que se conoce como prueba ilícita, determina el juego de la regla que impide su entrada en el proceso y su toma en consideración por el juzgador; una regla que, a la luz de la última doctrina jurisprudencial, viene asentada sobre postulados distintos de los que originariamente la sostuvieron. Examinar, con mirada crítica, el fundamento y alcance de esta suerte de relativización de esta regla de exclusión procesal y sus consecuencias, y ofrecer a los operadores jurídicos, valiosas herramientas y fórmulas para una eficaz tutela de los derechos afectados por las, no sin razón, denominadas medidas de “vigilancia tecnológica”, es el fin último al que se dirigen las consideraciones traídas a estas páginas.

El sujeto encausado es protagonista involuntario de un proceso que ha de ser marco en el que ver garantizados sus derechos y es, sin embargo, el instrumento con mayor capacidad de erosionarlos; un proceso, centrado en las personas y, al tiempo, marcadamente tecnológico. En este escenario, la configuración de un estatuto jurídico irreductible a favor del encausado que garantice la efectividad de un fortalecido derecho de defensa, es el primero de los propósitos a los que sirve este análisis. Ser conscientes, además, de que el uso de la tecnología, desde la más accesible y de uso frecuente por la ciudadanía, hasta la más sofisticada y al alcance de menor número de personas, pero no exclusivamente de los responsables de la investigación penal, permite llevar esta a extremos, hasta fechas recientes, inimaginables, hacía obligado detenerse en esta otra realidad; en ocasiones, la obtención de la fuente de prueba entra en pugna con el respeto a los derechos fundamentales de la persona o se asiste a su efectiva lesión, sea por los órganos policiales, sea resultado de la actividad llevada a cabo por un particular. La generación, en esos casos, de lo que se conoce como prueba ilícita, determina el juego de la regla que impide su entrada en el proceso y su toma en consideración por el juzgador; una regla que, a la luz de la última doctrina jurisprudencial, viene asentada sobre postulados distintos de los que originariamente la sostuvieron. Examinar, con mirada crítica, el fundamento y alcance de esta suerte de relativización de esta regla de exclusión procesal y sus consecuencias, y ofrecer a los operadores jurídicos, valiosas herramientas y fórmulas para una eficaz tutela de los derechos afectados por las, no sin razón, denominadas medidas de “vigilancia tecnológica”, es el fin último al que se dirigen las consideraciones traídas a estas páginas.