LA AUTONOMIA PROCESAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La presente obra ofrece una contribución a la polémica sobre la capacidad del Tribunal Constitucional para ?crear? Derecho. Se trata de una aportación novedosa tanto por su objeto como por su tratamiento. En cuanto a lo primero, porque el estudio se circunscribe, principalmente, a la ?creación? jurisdiccional de Derecho procesal en sentido estricto. En cuanto a lo segundo, porque se trata de mostrar que el TC no siempre lleva a cabo esa configuración utilizando los métodos generalmente admitidos para el perfeccionamiento jurisdiccional del Derecho. Como es de sobra conocido, el TC ha establecido, a través de algunos de sus Reglamentos, regulaciones meramente procedimentales conectadas directamente con la realización de sus tareas jurisdiccionales. Pero, además de ello, ha configurado por medio de su jurisprudencia su Derecho procesal en aspectos que se conectan, no tanto con esas tareas, sino con las pretensiones que pretenden hacerse valer frente a él: la legitimación, el objeto de los procesos, los efectos de las sentencias, etc. En definitiva, cuestiones que afectan al proceso en sentido estricto. De la observación de la jurisprudencia constitucional puede deducirse que algunas de esas configuraciones procesales no resultan fácilmente encuadrables en los métodos convencionales de creación jurisdiccional del Derecho. Esa configuración más libre es lo que en Alemania se ha llamado, con más o menos acierto, ?autonomía procesal?. Este último fenómeno puede inscribirse en una tendencia general que viene marcando el TC desde hace tiempo, de forma paralela a otros Tribunales Constitucionales. El Tribunal está diseñando el camino hacia la asunción de su función específica, adoptando su propia posición dentro del ordenamiento como un partícipe fundamental en el indirizzo politico de nuestro Estado. Partiendo de que tal concepción ha de resultar –necesariamente– polémica, se pretende suscitar un diálogo que permita avanzar en la búsqueda de un marco teórico-práctico más adecuado a la realidad de la justicia constitucional actual, que incluya