LENGUAJE JURIDICO-ADMINISTRATIVO: UNA LENGUA DE ESPECIALIDAD

Uno de los pilares de las sociedades decocráticas se fundamentan en las Administraciones Públicas. Por todas ellas (la del Estado, la autonómica y la municipal) ha de pasar ineludiblemente cualquier ciudadano en algún momento de su vida. La relación que se establece entre ambos requiere de unas grandes dosis de claridad pues el 90 % de ella se realiza por escrito. El ciudadano tiene el derecho democrático de entender cualquier mensaje que reciba de la Administración correspondiente y los funcionarios que la sustentan, el deber de expresarse con la máxima claridad. En palabras de una exjuez, para que se nos obedezca, es imprescindible que se nos entienda . Si la Administración Pública no cumple con este requisito básico, el ciudadano se convierte en un súbdito que tiene el peligro de no cumplir con las normas que le obligan por desconocimiento de estas ya que, al no entenderlas, hace caso omiso. Entonces, se enfrenta a una máxima jurídica implacable: El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento . De ahí que los autores de esta investigación sobre el lenguaje jurídico-administrativo hayan tratado de ofrecer a lectores de diversa índole, tanto especialistas, como ciudadanos en general, una serie de normas y recetas que los ayuden a acercarse a una lengua de especialidad que adolece muchas veces de un criptolunguaje de muy difícil comprensión. De hecho, el acervo popular comenta que se contrata a un abogado, no para que te defienda, sino para que te traduzca . Obra, pues, imprescindible para acercarse a este lenguaje tan innecesariamente complicado que debe velar con cautela por las luibertades, los deberes y los derechos de la ciudadanía.