MEDIDAS LABORALES, DE PROTECCION SOCIAL Y DE FOMENTO DEL EMPLEO PARA LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO

Cuando de seres humanos se habla, la diversidad no puede traducirse en desigualdad. Sin embargo -y aunque asumido desde antiguo el principio de igualdad formal por todos los sistemas políticos y jurídicos de las modernas democracias- las condiciones para la igualdad real y efectiva de las personas no se dan. No se dan para las minorías (y no tan minorías) étnicas; no se dan para las personas con discapacidad; no se dan para las personas dependientes… y no se dan para las mujeres. Así, y por lo que a las mujeres respecta, las condiciones de igualdad real y efectiva son, en mayor o menor medida, y a pesar del reconocimiento –formal- cada vez más incondicionado de su estatus de ciudadanía, una verdadera “asignatura pendiente” incluso en aquellos Estados considerados como “modelos” de democracia avanzada. Esa desigualdad real y efectiva, fruto de siglos de condicionantes culturales, religiosos, sociales y del imperativo prácticamente universal de los valores asociados con lo masculino y el patriarcado, adquiere, hoy en día, unos tintes de vergonzante injusticia que afecta a más del cincuenta por ciento de la población de nuestras modernas y avanzadas democracias. Las mujeres víctimas de violencia de género encuentran especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo por las carencias sociales, económicas, educativas y de cualificación laboral que, a menudo, padecen. De este modo, el desempeño de un trabajo, en tanto ejercicio de un derecho y cumplimiento de un deber –tal y como el art. 35 de la Constitución Española lo configura para los ciudadanos y ciudadanas- presenta para ellas graves obstáculos; a su vez, las dificultades de acceso al empleo impiden a estas mujeres participar en la vida económica y social del país, sustrayéndolas del ejercicio de otros derechos sociales. Todo ello las aboca, finalmente, a situaciones de marginación. Todas estas razones justifican, en efecto, una decidida intervención legislativa relativa a la faceta laboral/profesional de la mujer víctima de la violencia de género; insistimos, no sólo por la importancia del trabajo como modus vivendi, sino t