ANA BELEN CASARES MARCOS

La caja de ahorros es una institución tan antigua como polémica. En sus más de 150 años de existenciaha quedado demostrado la peculiaridad de su naturaleza, lo que se ha manifestado en la existencia en su seno de dos vertientes -la funcionalidad y la crediticia- difíciles de conciliar. Ambas están estrechamente unidas, suscitando el debate sobre la posible calificación de la entidad como fundación-empresa. A ello se suma, además, la creciente intervención pública en su ámbito, una realidad que ha motivado, especialmente tras la aprobación de la Ley 44/2002, de 2 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, una discusión sin precedentes sobre su posible privatización. La presente obra busca dar respuesta a alguno de los problemas actuales planteados en este sentido por las tensiones entre la naturaleza fundacional de las cajas, el interno de dirigismo a que algunas de ellas están siendo sometidas y las propias exigencias derivadas de su vertiente financiera.

Desde que en 1986 irrumpió en nuestro ordenamiento jurídico la evaluación de impacto ambiental, su profusa aplicación la ha situado a la cabeza de los instrumentos de tutela del medio ambiente; la contrastada utilidad de la visión global y unitaria que venía ofreciendo en diversos países el manejo de este instrumento normativo, por fin, impulsó la aprobación en 1985 de la Directiva 337, de 27 de junio, de la que trae causa la normativa aprobada en los países miembros de la Unión Europea para su transposición. España no ha sido una excepción y, con las particularidades propias de un Estado políticamente descentralizado, se ha ido dotando de un complejo normativo en la materia formado por disposiciones de origen estatal y autonómico, cuya correcta aplicación exige realizar una previa labor de selección del texto legal aplicable. Justamente para facilitar esta labor se ofrece la presente obra, única en la bibliografía jurídica, cuyo contenido pone a disposición del lector la totalidad de la normativa de evaluación de impacto ambiental vigente en nuestro país, por lo que su consulta resulta imprescindible tanto para quienes, sean juristas o no juristas, ejercer en ámbitos profesionales relacionados con la gestión y aprovechamiento de los recursos naturales, como para los que, confiando en el Derecho, quieran hacer su sensibilidad ambiental.