Ángeles de Palma del Teso

El trabajo original de este libro fue galardonado por el INAP en 2005 con el V Premio de Estudios e Investigación sobre las Administraciones Públicas, resultando una importante aportación a la doctrina jurídica del fundamental papel de las Administraciones Públicas en la protección y defensa del menor. Sitúa la historia de la protección a la infancia en España a principios del siglo XIX, cuando se produce el tránsito de la caridad a la Beneficencia de acuerdo con los conceptos del incipiente Estado liberal. Un antecedente comienza a perfilarse en la legislación de 1948 con los precedentes normativos de la tutela ex lege de la Administración pública. El paso definitivo se dio con la Constitución española de 1978,cuando en el artículo 39 atribuye con un carácter mixto la responsabilidad de la protección a la infancia en la familia y en los poderes públicos, derivándose la estructura del estudio hacia los principios rectores de protección pública de los menores,el derecho que tienen a ella, la acción administrativa protectora, las funciones tutelares de la administración, los efectos de la declaración de desamparo y el control de la actuación de la Administración en materia de protección de menores

En los últimos años, fundamentalmente a partir de la Constitución, el legislador, los tribunales y la doctrina han ido rodeando el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración de una serie de principios y garantias, algunos de los cuales han sido finalmente positivizados en el titulo IX de la Ley 30/1992. Sin embargo, el gran camino recorrido en el ambito de las infracciones y sanciones administrativas nos ha servido para ver lo mucho que aun queda por hacer. Un ejemplo claro lo constituye el principio de culpabilidad, poco conocido y, por ello, no siempre aplicado, a pesar de su gran trascendencia, pues determina la propia existencia de la infraccion administrativa. El proposito de la presente obra es, precisamente, destacar la importancia de este principio para un correcto ejercicio de la potestad sancionadora de la Administracion, y profundizar en su estudio. Para ello, se analizan y exponen de forma pormenorizada la doctrina del Tribunal Constitucional y la numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo referida al principio de culpabilidad y a sus efectos.Del analisis de la doctrina constitucional resulta que el contenido del principio, tal como ha sido constitucionalizado, abarca la exigencia de dolo o culpa y el principio de personalidad de las sanciones. A su vez el principio de culpabilidad es parte del derecho a ser presumido inocente que reconoce el articulo 24.2 de la Constitucion. La presuncion de inocencia alcanza a la prueba de la realizacion dolosa o culposa de los hechos imputados, de modo que la vulneracion de este principio abre las puertas del recurso de amparo. En este sentido se comentan en la obra numerosas sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo. En definiva, estamos ante un estudio de gran trascedencia para el Derecho Administrativo Sancionador, al poner de relieve que la infraccion administrativa requiere, en todo caso, la concurrencia del elemento subjetivo de la culpa o el dolo.