Carlos Gómez Jiménez

La entrada en vigor de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, ha significado la implantación de una serie de medidas dirigidas a la lucha contra el fraude tributario en una especial coyuntura económica como la actual dominada por los objetivos de consolidacion fiscal. Una de las medidas de mayor trascendencia introducidas por dicha ley es el establecimiento de la limitacion de pagos en efectivo a partir de los 2.500 euros. Esta medida se analiza en la presente obra.

Manual teórico-práctico que sistematiza y analiza para notarios y operadores jurídicos, las obligaciones de información de estos fedatarios frente a la Hacienda Pública española.